“Aunque se revive el dolor, le están devolviendo la dignidad a mi hermano”

"Aunque se revive el dolor, y uno vuelve y recuerda, hay paz porque le están devolviendo la dignidad a mi hermano. Ellos antes lo habían enlodado y ahora le devuelven su buen nombre". El hermano era un civil que, en medio del conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC, fue asesinado por un miembro del Ejército y después presentado como guerrillero, según la información proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y esas palabras son el testimonio de una mujer, la primera familiar de una víctima de ejecución extrajudicial que participa en la declaración de un compareciente ante ese sistema de justicia, encargado de juzgar los crímenes más grave de la guerra.

El relato, ofrecido el pasado miércoles, encierra uno de los objetivos del tribunal. "Estar ahí me ayudó a sanar un poco porque, aunque él dijo no haber conocido todo, y quedan algunas inquietudes", manifestó en referencia a la versión del hombre señalado por el crimen, "poco a poco va saliendo la verdad, la que he buscado toda la vida". "Me alegra que la historia se esté contando de otra manera porque hubo muchas cosas que ellos habían tergiversado", continuó esta víctima de los llamados falsos positivos, cuya identidad está protegida por la JEP.

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Ese procedimiento ilegal, que de facto consistía en el asesinato sistemático de campesinos y civiles contabilizados en los partes de las fuerzas armadas como combatientes de las FARC, manchó durante casi dos décadas el trabajo del Ejército. Según un informe de la Fiscalía publicado en mayo, se registraron al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014. Sin embargo, más del 95% de los casos probados se remontan a una época concreta, de 2002 a 2008. La Jurisdicción Especial para la Paz, nacida de los acuerdos con la antigua guerrilla, ha dado prioridad en su primer año de funcionamiento a siete grandes casos. Entre esos juicios figuran la investigación de los secuestros perpetrados por la organización insurgente; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización de los dirigentes y militantes del partido Unión Patriótica; y el caso 003, conocido como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate".

Fue en el marco de ese proceso -en el que alrededor de 100 comparecientes de la fuerza pública ya han ofrecido su versión- que las víctimas comenzaron a participar en las audiencias del tribunal, cuya misión es, en palabras de su presidenta, Patricia Linares, aplicar justicia restaurativa. "Esto es un inicio y, si Dios quiere, seguiremos hasta lograr la verdad completa, para nosotros y para todas las demás víctimas que buscan tanto encontrar esa verdad", manifestó la hermana del asesinado. "Yo me voy con un poco de paz interior [...] Al menos hay un reconocimiento, entonces este proceso es una gran oportunidad”.

La JEP explica que la mujer presenció la declaración desde otra sala. Tras escuchar una primera versión sobre el asesinato de su hermano, transmitió sus preguntas a través de su abogado. Según esta jurisdicción, se trata de "un acto de valentía y coraje". "Ellas recorren nuevamente su historia de victimización y los recuerdos del dolor para destinarlos a la contrastación de la verdad que es narrada por los comparecientes", señala el tribunal. "Las versiones con presencia de las víctimas obligan a los comparecientes a adquirir altura moral para responder a sus necesidades y así clarificar los pendientes que ha dejado el conflicto armado".

En concreto, en esta vista el compareciente se enfrentó a la pregunta sobre cómo pensaba resarcir el daño causado, lo que, según la JEP, "abrió la posibilidad de explorar posibilidades conjuntamente". A partir de las próximas semanas, el sistema de justicia recibirá decenas nuevas versiones presenciales y escritas.