Cuando el ciudadano de a pie puede poner multas de tráfico
La ciudad de Washington estudia facultar a los residentes para que hagan de vigilantes, como en Nueva York, donde ya ganan dinero delatando infractores
El poder (de multar) para el pueblo. El Ayuntamiento de Washington DC discute un proyecto de ley que permite a un grupo de vecinos imponer multas al resto cuando violen las leyes del tráfico. Los nuevos vigilantes serán formados para hacer cumplir las normas de seguridad que atañen a los peatones, ciclistas y conductores de vehículos. Cuando sean testigos de una infracción, como un coche bloqueando una boca de incendio o aparcado en medio de un carril bici, deberán tomarles una foto a través de una aplicación y enviársela a las autoridades de seguridad. Bajo todos los estándares se considerará una multa emitida. La medida se sumaría a otras similares adoptadas en California o Nueva York, donde ciudadanos comunes y corrientes se han convertido en fiscalizadores de sus vecinos. En Manhattan, donde pagan por ello, algunos ya han hecho de la vigilancia su filón.
El concejal del Distrito 6 Charles Allen, propulsor de la iniciativa en Washington, defiende que necesita de la ayuda de los ciudadanos para reforzar la seguridad en las calles. Su estrategia para lograrlo es hermana de otras que se están aplicando en Estados con un fuerte sello progresista, pero donde se incentiva a los ciudadanos a castigar el mal comportamiento de sus pares.
En California, la aplicación Text to Ticket ofrece una recompensa de cinco dólares a los residentes que graben un vídeo donde aparezca la matrícula de un coche cuyo conductor está enviando mensajes de texto mientras conduce. Cerca de uno de cada cuatro accidentes automovilísticos en el país están relacionados con esta acción. Para que el remedio no sea peor que la enfermedad, los usuarios de la aplicación deben demostrar en la grabación que ellos no están al volante al momento de hacer la denuncia. Con esta información, la ciudad californiana respectiva puede citar al infractor.
En Nueva York el asunto de la vigilancia ciudadana es más serio porque puede transformarse en una mina de oro para alguien con tiempo libre. Desde 2017 los vecinos pueden enviarles fotos o pruebas al Departamento de Protección Ambiental de conductores de vehículos comerciales que dejan el motor de su coche en marcha más de tres minutos cuando hacen repartos. Si pasa el control de veracidad, el fiscalizador de a pie recibe el 25% de la multa que pague el infractor. Los importes van desde los 350 a los 2.000 dólares (entre 314 y 1.793 euros). Por ejemplo, si el denunciante reporta una infracción mínima, la ciudad le transfiere 88 dólares por sus servicios. El banquero y activista George Pakenham, una de las voces que luchó por que se aprobara esta iniciativa, ha recaudado 10.000 dólares, según contó a New York Post. Nada mal para alguien que se dedica a dar paseos con los ojos puestos en la calle y no en la acera.
El Programa Piloto de Seguridad Ciudadana pretende reforzar el proyecto estatal "Visión Cero", que tiene como objetivo que la capital estadounidense no registre ninguna muerte ni accidente grave de transeúntes en 2024. En lo que va de año, ocho peatones han muerto en el Distrito de Columbia, la capital del país. “Lo que estamos haciendo ahora no está funcionando. No debemos tener miedo de explorar nuevas ideas y aprender de otras ciudades para mantener a nuestros residentes seguros”, tuiteó este lunes el concejal Allen sobre la iniciativa que el Ayuntamiento votará en los próximos meses.
Si el proyecto de ley sale adelante en Washington, se abrirá la posibilidad para que 10 vecinos por barrio opten a los puestos. En caso de que más personas soliciten el puesto, la administración local usará un sistema de sorteo para escogerlos. Los elegidos tendrán potestad para multar a sus vecinos cuando vean un vehículo bloqueando un carril bici, un paso peatonal o un carril de autobuses. Los que mientan -si son descubiertos- tendrán que pagar hasta 100 dólares. La idea ha recibido fuertes críticas en las redes sociales por temor a que los vecinos-fiscalizadores usen su poder para saldar cuentas personales o sean tan rápidos y eficientes que arruinen la sana convivencia por falta de flexibilidad.
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