Uruguay avanza en una reforma del Ejército que no cierra la herida de los derechos humanos

Gobierno y oposición avanzan en su intento de cambio de la doctrina militar en Uruguay con un proyecto de ley que ha cobrado fuerza y prioridad después de la crisis que provocó la destitución del ministro de Defensa, dos comandantes en jefe y seis de los 15 generales del país sudamericano. Las revelaciones de las actas de varios juicios militares celebrados el año pasado mostraron que, en democracia, los altos mandos encubren y justifican los excesos cometidos durante la dictadura (1973-1985). El nuevo texto legal, sin embargo, no cierra la herida de los derechos humanos causada por malas prácticas entre los uniformados, que ha sacudido al país sudamericano en los últimos tiempos.

La nueva ley militar derogará la normativa actual, adoptada en plena dictadura, con cambios en el sistema de ascensos y una reducción del número de oficiales. Está previsto además que aumenten las exigencias para entrar en la carrera militar y se redefinan las tareas de las Fuerzas Armadas y su doctrina. Los Tribunales de Honor (la justicia castrense) podrían desaparecer o ser reformados, con hincapié en que someta a la justicia ordinaria cualquier acto criminal.

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Esos tribunales militares y sus actas, filtradas al periodista Leonardo Haberkorn, provocaron un antes y un después en el tortuoso camino del esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). El resumen de las audiencias, celebradas el año pasado, contenía por primera vez las confesiones de dos conocidos exrepresores, que narraban cómo arrojaron a un río a un militante tupamaro y algunos detalles sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman. La repercusión de estas informaciones fue enorme: hasta entonces, los militares habían guardado un férreo silencio sobre los cerca de 200 casos de desaparecidos durante el régimen. Un pacto tan espeso que en ocasiones llevó a la cárcel a inocentes, sin que nadie hablara.

A pesar de las crudas confesiones de los militares, el tribunal consideró que los investigados no habían atentado contra el honor de la institución, salvo por haber permitido que su silencio causara la condena de otro uniformado, que pasó tres años preso. Dos comandantes en jefe y el jurado justificaron lo sucedido y pusieron en evidencia como oficiales que durante la dictadura eran apenas niños reproducían el discurso de sus predecesores.

La tormenta de las últimas semanas, sin embargo, ha dejado un panorama sin cambios para los familiares de los desaparecidos. Como Macarena Gelman —que nació durante la detención de su madre en Uruguay—, la argentina María Claudia García, fue dada en adopción nada más nacer y no conoció su verdadera identidad hasta el año 2000. Los restos de su padre, Marcelo Airel Gelman (hijo del poeta), fueron encontrados en el país vecino. Pero Macarena sigue sin conocer el destino de su madre biológica: “Estamos igual, en el mismo punto que hace 20 años”, dice la mujer, quien señala sin embargo como un hecho sin precedentes la destitución de toda la cúpula militar.

En las actas filtradas, el exmilitar Jorge Silveira narra la búsqueda de los “huesitos” emprendida por María Claudia García en un operativo confuso en un recinto militar, el Batallón 14, en el que en democracia se hicieron excavaciones sin éxito. “La información que surge ahora sobre el paradero de mi mamá no puede ser ni confirmada ni descartada, los datos no son totalmente nuevos, quizá se agregan detalles, pero solo suman a la crueldad, sin esclarecer a dónde están sus restos. Quizá lo novedoso es que ha salido a la luz pública con mayor claridad que esa información la tienen sus asesinos y siempre la han tenido. Sin embargo, yo no voy a esperar que ellos hablen y seguiré reclamando una investigación efectiva, profesionalizada y completa”, explica Macarena Gelman. Como muestra el caso Gelman, en Uruguay hay aún una deuda en todos los tramos de la solución al problema de los derechos humanos: verdad, justicia, reparación, memoria e historia.

Tras ser condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad en la desaparición de la pareja Gelman y la sustracción de identidad de su hija. Un informe de cinco tomos ha establecido la memoria de lo ocurrido durante la represión, documentos que algún día serán historia.

La justicia ha ido, poco a poco, juzgando algunos crímenes, a pesar del errático camino que ha ido dejando sin efecto la ley de caducidad aprobada en los primeros años de la democracia. La verdad sigue siendo la gran ausente del proceso uruguayo, sin que se sepa si los últimos acontecimientos han empezado a resquebrajar el pacto de silencio de los militares.