Los derechos humanos y la reforma del Ejército tensan la relación con los militares en Uruguay

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El esclarecimiento de un caso de desaparición forzada durante la dictadura uruguaya (1973-1985) y un plan de reforma del Ejército que afecta a los estamentos militares están arrojando nuevos elementos sobre una inesperada crisis desatada por la destitución del comandante el jefe de la institución, Guido Manini Ríos, por parte del presidente Tabaré Vázquez. En pleno año electoral, el episodio sirve también para revelar algunos detalles complejos de la relación civil y militar en democracia y, particularmente, durante los gobiernos del izquierdista Frente Amplio (FA).

Poco después del cese del número uno del Ejército uruguayo por criticar a la justicia, la prensa local reveló que Vázquez había mandado una carta pidiendo perdón a las familias de dos desaparecidos argentinos que fueron llevados desde Uruguay a Paraguay, donde finalmente fueron hallados sus restos. La petición oficial de perdón a las familias de la pareja formada por Rafaela Filipazzi y Agustín Potenza (militantes socialistas) fue el fruto de una iniciativa del presidente que, mediante un grupo de trabajo, busca esclarecer crímenes, recuperar archivos y digitalizarlos.

Felipe Michelini, integrante del llamado Grupo para la Verdad y Justica explica que “se logró entrar a los archivos del Centro de Fusileros Navales (uruguayos) y, contrastando documentación, se pudo reconstruir el recorrido de la pareja desaparecida desde que son detenidos en Uruguay hasta que son trasladados a Paraguay, donde los matan. Así pudimos demostrar la existencia del Plan Cóndor”, que sirvió para coordinar a los ejércitos de los distintos países latinoamericanos con dictadura en los años 70 y 80.

Vázquez creó el grupo de trabajo en 2015, una organización dotada de unas 40 personas, entre historiadores, forenses y archivistas, que ha tenido tímidos y lentos resultados. “Nos faltan recursos humanos, encontrar información sobre los 196 desaparecidos uruguayos es a veces como buscar una aguja en un pajar. Pero nuestro principal problema es el paso del tiempo, durante 20 años en democracia no se hizo nada y muchos datos se han perdido”, explica Michelini. Mientras que Michelini (hijo del legislador Zelmar, asesinado en Argentina en 1976) asegura que está teniendo acceso a todos los archivos existentes, Ignacio Errandonea, miembro de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos, denuncia que los militares siguen bloqueando la labor de investigación y que muchos archivos han sido escondidos o destruidos.

Una ambiciosa reforma del Ejército

El Frente Amplio (FA) se encamina ahora a intensificar el trabajo de búsqueda de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y, de paso, a reformar el Ejército para cambiar su doctrina con una profunda restructuración. La propuesta forma parte del debate programático interno con el que la compleja coalición de izquierdas quiere presentarse este año a las elecciones presidenciales de octubre. En dos plebiscitos, la izquierda y el FA fracasaron en su intento de eliminar las leyes que protegían a los militares de la dictadura, lo que no impidió que varios casos llegaran a la justicia (y terminaran con fuertes condenas), pero dejó pendiente el esclarecimiento de 196 o 200 casos de desaparecidos (la cantidad varía según las fuentes).

A este tema pendiente se ha sumado la importante carga financiera que supone el Ejército, como quedó patente en 2018 durante la reforma de las pensiones militares, y la actitud desafiante de la oficialidad. El mensaje de vídeo de despedida de Manini Ríos, publicado esta misma semana en redes sociales, mostró un desafío frontal al poder civil y la justicia, en medio de una retórica propia de los años 70, con una estética del caudillismo del siglo XIX. El militar, apoyado por otros miembros de la institución, podría presentarse a las elecciones presidenciales este año al frente de una formación ya registrada ante la Corte Electoral.

Así, el programa del Frente Amplio (favorito de cara a las próximas elecciones) incluiría disminuir el número de oficiales, cambiar su sistema de formación, limitar la participación del Ejército en tareas civiles y feminizar las Fuerzas Armadas. Según pudo saber el diario urugayo El País, también se plantea un diseño del Ejército que tenga en cuenta la falta de amenazas militares para Uruguay en este periodo de la historia.

Dentro del FA no hay un consenso total sobre cómo abordar el papel de las Fuerzas Armadas en democracia. El Movimiento de Participación Popular (MPP), que lidera el expresidente José Mujica, busca suavizar todas estas medidas. En estos días de tensiones con el estamento militar, el politólogo Julián Gonzáez Guyer, especialista en la materia, recordó en el programa de radio En Perspectiva que el dos veces ministro de Defensa e integrante del MPP, el fallecido Eleuterio Fernández Huidobro, frenó todas las reformas del Ejército, permitiendo que los oficiales sigan siendo formados por los propios oficiales, reproduciendo “un viejo discurso”.

Otro destacado académico, el politólogo Oscar Bottinelli, ha asegurado que las presiones del MPP y en particular de la vicepresidenta Lucía Topolánsky, habían evitado que Manini Ríos fuese destituido mucho antes. Bottinelli, director de la encuestadora Factum, ve difícil que la candidatura de Manini Ríos prospere y señala que los miembros del Ejército, especialmente en la tropa, tiene cifras altas de voto al MPP de Mujica.