Detenida en Filipinas una de las periodistas más críticas con Duterte

La situación de la periodista filipina María Ressa se complica. Enfrentada a un proceso judicial por evasión de impuestos, la fundadora del medio independiente digital Rappler —muy crítico con el Gobierno de Rodrigo Duterte—, fue detenida este miércoles por “difamación cibernética” en relación con un artículo publicado en 2012. Una “persecución”, denuncian los defensores de derechos humanos, que subraya el deterioro de la libertad de prensa en Filipinas.

“Ha sido detenida y se le han leído sus derechos”, confirmaba la cofundadora de Rappler, Beth Frondoso, después de que agentes de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas vestidos de paisano se llevaran a Ressa. “Cruzamos los dedos —añadía— por que podamos presentar una fianza esta noche”. Sin embargo, el mismo medio informó después de que el juez encargado del caso rechazó aceptar la fianza. La periodista, una de las personas del año de la revista Time, fue detenida en su despacho de la redacción de Rappler en Manila.

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Ressa es sospechosa de “difamación cibernética” por un artículo publicado por Rappler en mayo de 2012 —cuatro meses antes de que se aprobara la ley supuestamente violada por Ressa y un trabajador del medio, subraya Rappler— sobre el empresario filipino Wilfredo Keng, vinculándole con el tráfico de drogas y la trata de personas. Keng no presentó una denuncia hasta cinco años después, en octubre de 2017, ya bajo el mandato de Rodrigo Duterte (que llegó al poder en 2016).

Pese a que inicialmente la división de delitos cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación filipina desestimó el caso porque, entre otros motivos, había pasado el año estipulado para interponer la denuncia, el Departamento de Justicia reabrió el caso en marzo de 2018 alegando que el reportaje continúa publicado en la red, informa Efe.

Los problemas con la Justicia no son novedad para Ressa. La periodista eludió ser detenida hace poco más de dos meses tras pagar una fianza de 1.140 dólares (1.000 euros) por cinco demandas de evasión de impuestos que calificó de “ridículas”. Dichos cargos, que acarrean una pena máxima de diez años de cárcel, están relacionados con una emisión de deuda en 2015 por parte de Rappler que aportó al medio beneficios de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros).

Según el Gobierno, Rappler no pagó los impuestos correspondientes a esta operación financiera, pero Ressa y sus abogados denuncian que los cargos son “motivados políticamente” y que carecen de fundamento jurídico, pues se basan en calificar a Rappler, que es un medio de comunicación, como agente de valores.

Ressa ya advirtió entonces que se enfrentaría al proceso judicial para probar su inocencia, y que no lograrían silenciarla. Lo hizo a su regreso a Manila en diciembre, después de viajar a Europa y EE UU para recoger el galardón Gwen Ifil a la libertad de prensa del Comité para la Protección de los Periodistas y el Premio Knight de Periodismo Internacional.

Pero mientras recibe premios en el extranjero, Ressa lucha por evitar la cárcel en Filipinas. A la espera de que se celebre el juicio por evasión de impuestos, a la periodista se le abre otro frente que pone en riesgo su libertad y la supervivencia de Rappler. El medio ha sido especialmente crítico con la campaña antidrogas de Duterte, que ha causado miles de muertos entre supuestos consumidores y traficantes desde 2016.

Ahora el presidente parece librar otra batalla, esta vez contra los medios. Rappler no es el único que despierta la ira de Duterte, quien acusa a la CIA de financiarlo; el mandatario también ha amenazado con bloquear la renovación de la licencia al gigante audiovisual ABS-CBN, crítico con sus políticas, y los exdueños del independiente Philippine Dairy Inquirer fueron, como Ressa, acusados de evasión de impuestos. El diario acabó vendido a un multimillonario cercano a Duterte.