Víctimas colaterales de la guerra antidroga en Filipinas

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Como todos los días entre semana, el 5 de enero del año pasado, Mary Jane Gundayao y su marido, Edward Gundayao, salieron de su casa temprano para llevar a los niños al colegio. “Eran las cinco y veinte de la mañana. Como nosotros tenemos una pequeña furgoneta, hacíamos de minibús escolar y llevábamos también a los hijos de algunos vecinos”, recuerda la mujer, de 49 años. Su marido conducía y ella estaba situada junto a la puerta trasera para facilitar que los niños subiesen.

“En la esquina al final de nuestra calle vimos a cuatro hombres parados. Uno de ellos nos dijo ‘buenos días’ y no les prestamos más atención”, continúa. Pero en cuanto doblaron la esquina, dos motocicletas aceleraron y se pusieron a su altura, una a cada lado. “Entonces vi cómo el que iba de paquete por el lateral en el que estaba mi marido sacaba una pistola. Le grité que se agachase, pero ya habían comenzado a dispararle. Abrí la puerta trasera para saltar, porque había tres niños a bordo y creía que nos iban a matar a todos”.

Mary Jane se golpeó con la mandíbula en el suelo y perdió el conocimiento un momento. “Creí que también me habían disparado y tardé un poco en entender lo que había sucedido”. Edward recibió seis disparos, pero no murió en el acto. “Tuvo fuerzas para abrir la puerta y arrastrarse por el suelo. Me preguntó si estábamos bien y me abrazó. Perdía mucha sangre y supo que no sobreviviría”. Unos segundos más tarde, Mary Jane descubrió que su marido no era el único herido. Una bala había impactado en el abdomen de su hija, de nueve años.

“Me sentí completamente impotente. Pero entré en shock y, curiosamente, lo único que me preocupaba es que la gente los viese así, agonizando en el suelo”, cuenta sin poder contener las lágrimas. Desafortunadamente, en Caloocan Norte, una de las ciudades que componen metro Manila, el crimen no sorprendió a nadie. Es uno de los cientos que ha dejado la guerra contra la droga que el actual presidente, Rodrigo Duterte, declaró incluso antes de jurar su cargo, el 30 de junio de 2016. “Mejor que escapen quienes están relacionados con el narcotráfico porque los voy a matar. Con sus cuerpos daré de comer a los peces en Manila”, prometió Duterte durante la campaña electoral. “Hitler masacró a tres millones de judíos. Nosotros tenemos tres millones de drogadictos. Los mataré con gusto”, añadió ya como presidente.

Y está cumpliendo su amenaza. Desde que accedió al cargo, las operaciones policiales contra pequeños traficantes y drogadictos han dejado casi 4.000 muertos. Es la cifra oficial que da la Policía, aunque ONG pro derechos humanos elevan las víctimas mortales hasta las 13.000. Según la Alianza Filipina de Activistas por los Derechos Humanos (PAHRA), dos tercios de los asesinatos están cometidos por pistoleros como los que mataron a Edward Gundayao. Y, también como sucedió en ese caso, la mayoría de los fallecidos son hombres.

“Casi todos son padres de familia y quienes llevan el dinero a casa. Como sucede en grandes guerras convencionales, esto está provocando graves consecuencias sociales por dos razones: primero, porque deja en situación de vulnerabilidad a las mujeres y a los niños que dependían de esos hombres, y porque la pobreza a la que están abocados pueden llevar a que más gente se sume al tráfico de droga como única salida para ganarse la vida. Por cada persona que matan, crean varias víctimas colaterales”, explica Jacqueline de Guia, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos (CHR), una institución pública independiente financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) cuya labor es controlar que el Gobierno no se exceda en el uso de la fuerza.

“Nuestro trabajo se ha multiplicado de forma exponencial desde que Duterte llegó a la presidencia, porque estamos investigando en torno a mil casos de muertes violentas. Son pocos comparados con el total, pero tenemos falta de recursos y de personal”, explica De Guia. CHR también ofrece ayuda económica a los familiares de las víctimas —un ingreso único limitado a 10.000 pesos (165 euros)— y protección a quienes temen por su integridad física. “Desafortunadamente, hay tanto miedo a los escuadrones de la muerte, que muy pocos se atreven a presentar denuncias y a exigir una investigación policial”.

Desde que Rodrigo Duterte es presidente, las operaciones policiales contra pequeños traficantes y drogadictos han dejado casi 4.000 muertos. Las ONG pro derechos humanos elevan la cifra hasta las 13.000 víctimas mortales

Mary Jane Gundayao es una de las que ha preferido callar. “Afortunadamente, la bala que alcanzó a mi hija salió por la espalda. Le dañó el colon y una trompa de Falopio y los médicos me dijeron que había un 50% de posibilidades de que muriese. Gracias a Dios, se ha recuperado, aunque puede que haya quedado estéril. Como seguimos viviendo en la misma casa y apenas tenemos dinero, temo que si exijo una investigación tomen represalias y vayan contra nosotros”, explica. Porque ella está convencida de que quienes mataron a su marido no eran pistoleros corrientes. “Llevaban los pantalones del uniforme de policía”, señala.

El caso de Gundayao es especial porque Edward no era un drogadicto o un camello sin importancia, los dos objetivos principales de los escuadrones de la muerte. Era consejero del Gobierno del distrito, un cargo electo. “Es cierto que en la zona hay mucha droga, pero no creo que él estuviese involucrado en el narcotráfico. Al contrario, creo que lo mataron porque, a diferencia del genocidio que propone Duterte, él era partidario de los programas de rehabilitación y de creación de ingresos”, apostilla Mary Jane, que ha pasado de no tener que preocuparse por el dinero a dudar si podrá dar de comer a sus dos hijos.

Winifredo Nandres sí que consumía y trapicheaba con shabu, como se conoce en Filipinas a la metanfetamina. Pero su hermanastra, Teresita Garces, está convencida de que no por eso merecía ser asesinado. Desafortunadamente, eso es lo que sucedió el 21 de mayo de 2017. “Tres días antes, unos policías fueron a la chabola en la que vivía y le preguntaron por un tal Steve. Alguien al que él no conocía. Le golpearon y le dijeron que era hora de que se marchase. Yo estaba preocupada por él, así que le dije que debía irse. Pero él me contestó que no tenía adónde ir, y que, si tenían que matarle, que lo hiciesen rápido”, recuerda ella.

El 21 de mayo escuchó varios disparos y salió corriendo hacia donde vivía Nandres, al que todos conocían como Dado. “La Policía estaba golpeando a mi otro hermano, Alfredo, y a Dado ya lo habían matado. Dijeron que él había disparado primero, pero es mentira porque nunca tuvo una pistola”, asegura Garces. El caso no se investigó y sigue clasificado como DUI, las siglas en inglés de death under investigation (muerte en proceso de investigación). Nadie ha sido procesado por su muerte y Garces tampoco ha presentado ninguna denuncia.

Su principal preocupación es el hijo que ha dejado huérfano Dado. “Él era un hombre honesto hasta que su hija murió en un accidente de tráfico cuando solo tenía un año. Fue entonces cuando Dado entró en una grave depresión que se agudizó con la enfermedad y posterior fallecimiento de su mujer. Entonces comenzó a drogarse, perdió el trabajo y tuvo que empezar a trapichear”, explica Garces. “Ahora, su hijo de apenas 10 años vive con su abuela en la miseria, como nosotros. No sé cómo saldrá adelante. A Dado tendrían que haberle ofrecido una segunda oportunidad, no matarlo”.

Eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno según la portavoz de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), Kimberly Molitas. “1,3 millones de personas se han entregado voluntariamente desde el inicio de la guerra contra la droga para lograr la amnistía y ser rehabilitados”, afirma. No obstante, Ellecer Carlos, portavoz de la asociación de organizaciones de derechos humanos iDefend, asegura que solo están ocupadas 600 de las 10.000 plazas habilitadas para programas de rehabilitación. “El resto se utiliza como barracones para el Ejército. Al contrario de lo que dice el Gobierno, la lista con los nombres de quienes se han entregado se está utilizando para decidir a quién matar”.

Jun Nalaugan, investigador de CHR, es de la misma opinión. “Muchas de las muertes provocadas por la Policía en Manila se justifican con tiroteos que nunca sucedieron. Los agentes afirman actuar en defensa propia, pero tenemos documentados numerosos casos en los que tanto las autopsias como los testigos certifican que los sospechosos fueron ejecutados cuando no se resistían e incluso cuando estaban con las manos en alto”. Para Nalaugan, la campaña antidroga no logrará su objetivo y lo único que hará es provocar dolor y una generación de niños sin padre. “Si se quiere acabar con la droga, primero hay que acabar con la pobreza que aboca a ella. Las matanzas solo van a provocar más violencia y que la sociedad se haga inmune a ella”, concluye.

Cuatro hombres enmascarados apretaron el gatillo, pero yo sé que su verdadero asesino es Duterte, que actúa como un dios que puede decidir quién vive o muere. Si lo tuviese delante, lo mataría Nanette Castillo, madre de un joven asesinado

“La guerra contra la droga es, en realidad, una guerra contra los pobres en la que también se incluye la privatización de servicios esenciales como la sanidad, la educación, o la vivienda protegida. Es más fácil eliminarlos que crear oportunidades para ellos”, sentencia Norma Dollaga, directora de la ONG Rise Up. “Hay quienes incluso toman shabu para poder hacer trabajos que nadie de clase media quiere, como el de reciclador en el vertedero. Muchos necesitan la droga para poder soportar las condiciones de ese lugar y trabajar más rápido”, analiza. “Puede que muchos de los asesinados sean drogadictos, pero la carnicería de Duterte no busca una solución a la raíz del problema”.

Es más, está provocando una espiral de violencia fuera de control. Nanette Castillo es buen ejemplo de ella. Desde que el pasado 2 de octubre mataron a su hijo, esta mujer de 50 años solo piensa en buscar venganza. “Le dispararon dos veces en la cabeza, otras dos en el pecho, y una última en el cuello. Cuatro hombres enmascarados apretaron el gatillo cuando iban en motocicleta, pero yo sé que su verdadero asesino es Duterte, que actúa como un dios que puede decidir quién vive y quién muere. Si lo tuviese delante, lo mataría”, dice con un profundo odio reflejado en la mirada.

Su hijo, Aldrin Castillo, era soldador y el sustento de una familia de seis miembros. “Hace mucho tiempo experimentó con las drogas, pero había dejado de consumirlas y era un buen hombre. No estaba en ninguna lista de narcos y la propia Policía afirmó que no había razón para que lo mataran. Estaba tomando algo con unos amigos en la noche y puede que el objetivo de los asesinos fuese otro de ellos. No lo sé, pero no puedo aceptar la impunidad que los protege. Ahora, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Qué van a hacer su mujer y sus tres hijos ahora que apenas hay trabajo?”, pregunta levantando la voz.

Las 10 mujeres entrevistadas para este reportaje comparten su última pregunta. Ellas son las que, a pesar de continuar vivas, sufren un intenso dolor por partida doble: por la pérdida de sus seres queridos y por la dificultad que se les plantea a la hora de sacar la familia adelante. “Yo he tenido que dejar el programa de protección de testigos en el que estaba porque no recibía suficiente dinero como para alimentar a mis dos hijos”, cuenta Harrah Kazou, cuyo marido, un pequeño traficante, fue tiroteado cuando se encontraba bajo custodia policial. Esta joven de 27 años sí denunció el caso, y varias amenazas hicieron que CHR decidiese protegerla. Ahora, prefiere correr el riesgo a que la maten y trabaja en el turno de noche de un bar. “Precisamente para que mis hijos tengan las oportunidades que les librarán de trapichear con droga”, afirma.

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