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Los indígenas brasileños encajan las primeras medidas en su contra

El presidente electo desvincula la Fundación Nacional del Indio del Ministerio de Justicia, donde ha defendido los derechos de estas comunidades los últimos 30 años

bolsonaro
Marcos Xukuru y Kaigang Kreta, dos líderes indígenas, en una manifestación contra el gobierno de Jair Bolsonaro, el 6 de diciembre en Brasilia AP

El peor sonido del mundo para los indígenas karipuna de Rondonia, al noroeste de Brasil, son los motores. No tienen ni que ir a su origen en mitad de la selva para saber lo que representan. Camiones, tractores, sierras eléctricas; señales de que, una vez más, lo único que supuestamente tienen en el mundo, unas tierras a 200 kilómetros de una capital en mitad de la nada en un país en vías de desarrollo, está siendo invadido y explotado, probablemente por latifundistas armados. Poco pueden hacer en estos casos. Denuncian y el proceso resultante parecer caer en saco roto. “Les denunciamos porque los casos van aumentando”, explica André Karipuna, uno de los líder de la comunidad. “Están formando pastos y retirando madera de nuestra tierra”. Lo mismo pasa en buena parte de las 305 comunidades indígenas que quedan en Brasil y muchas lo tienen peor: los conflictos en tiros y ríos de sangre.

Pero últimamente se escucha un runrún que amenaza con ser todavía peor. Este no viene de ningún motor sino del Gobierno en ciernes, que asumirá el poder el 1 de enero presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro. El dirigente repitió en campaña que es contrario a proteger tierras indígenas —antes de la campaña llegó a decir es como tener monos en un zoológico— y que la cantidad de territorios demarcados están “sobredimensionados” (las 436 tierras suman 117 millones de hectáreas; el 14% del territorio nacional brasileño). Recientemente, varios miembros de su gabinete han manifestado ideas parecidas, desatando el pavor y el temor por que algo terrible está por llegar. Su cénit ha llegado este miércoles.

Onyx Lorenzoni, uno de los principales allegados del ultraderechista, ha anunciado que la Fundación Nacional del Indio (Funai) —el órgano que defiende los derechos indígenas de las embestidas de, sobre todo, el mucho más poderoso lobby de la agricultura— dejará de formar parte del Ministerio de Justicia, donde ha estado los últimos 27 años. Ahora dependerá del Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos. Eso a pesar de que un grupo de indígenas había ido hasta Brasilia para exigir que la maltrecha Funai se quedase en Justicia, donde mejor puede plantar cara a los latifundistas.

La decisión conlleva sus riesgos. En Brasil hay 471 territorios que ya están demarcados y que son propiedad de los indígenas que estaban allí antes de que llegasen los portugueses en 1500; pero todavía hay 246 casos en proceso de valoración, y 484 que esperan ser analizados. Ahora, las comunidades están en alerta, como cuando oyen el ruido de un motor, sabiendo que se avecinan cambios. “Este nuevo gobierno tiende a unir a los pueblos indígenas en una relación que interesa a esa industria. Es un modelo excluyente, ambientalmente insostenible y, si se aplica a las tierras indígenas, provocará la destrucción del entorno”, alerta Cléber Buzzato, dirigente del Consejo Indígena Misionario (CIMI). La ministra, Damares Alves, ha dicho hoy que cuestiona ciertas demarcaciones.

Y esta medida final no es tan mala como la que el equipo de Bolsonaro había anunciado previamente. El lunes, Lorenzoni dijo que estaban valorando dejar a la Funai, el órgano que defiende a los indígenas del lobby de agricultores, en manos del ministerio de Agricultura, lo que causó un revuelo entre los principales activistas brasileños. Para unos, Bolsonaro estaba siguiendo la clásica estrategia de crear una gran polémica antes de anunciar una medida relativamente menos polémica. Pero para otros, ese cambio sería como dejar el gallinero en manos de un lobo. Y el mero hecho de que se estuviese valorando un cambio tan radical en las relaciones entre el gobierno y las comunidades indígenas parecía resumir de hasta dónde llegaba el desprecio de Bolsonaro. “Significaría la desprotección de los indígenas”, explicó entonces a EL PAÍS Sonia Guajajara, una de las activistas más conocidas en Brasil.

Una constante en la historia brasileña es que cualquier cambio en las disputas territoriales conlleva sangre. Y hace años que las debilitadas comunidades tradicionales sangran más que nunca: en 2017 hubo 70 homicidios por conflictos de territorio, nueve más que en 2016 y más del doble que en 2013. Esto incluye otro tipo de grupos que no son indígenas, pero los indígenas son los que suelen llevarse la peor parte. Hace dos años, por ejemplo, indios de la comunidad Dourados-Amambai Perguá, en Caarapó (Mato Grosso del Sur), ocuparon un territorio que estaba en proceso de ser demarcado. Fueron recibidos a tiros y ellos intentaron defenderse con flechas. Uno murió y cinco resultaron heridos, entre ellos un niño de 12 años. Estas escenas de western (o faroeste, como se le llamaría aquí) siguen siendo la realidad diaria de los indígenas brasileños. La que muchos temen que empeore radicalmente a partir del 1 de enero.

Eso sabiendo que lleva años sin mejorar. En Brasil, la constitución de 1988 estableció que el Gobierno debía demarcar los terrenos indígenas en cinco años. No ocurrió. El proceso es largo y está lleno de tensiones entre las propias comunidades y los sucesivos gobiernos en Brasilia, que no suelen tener fuerza para plantarle cara al lobby agropecuario. El gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) fue el que menos demarcó en la historia reciente, y la situación se agravó cuando su vicepresidente, Michel Temer, se hizo con el poder tras el impeachment. Temer directamente no demarcó tierra alguna. Y en las que ya estaban demarcadas, no completó la retirada de latifundistas que las habían ocupado.

También la Funai está más débil que nunca. El lobby agropecuario en el Congreso ha logrado derribar a dos presidentes en menos de un año. “Y nuestra preocupación es que todo puede empeorar”, suspira André Karipuna. El contacto de su comunidad con el hombre blanco, en 1970, supuso incontables muertes, entre enfermedades y conflictos. “Hemos llegado a ser tan solo ocho y hoy somos 58 en la aldea. Sufrimos amenazas de muerte, pero también hemos sufrido las matanzas de otros pueblos”. Ellos consiguieron la demarcación hace casi 20 años. Sus 152.000 son suyas. Hasta que llegan los motores.

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