¿De la calles de El Cairo a la olla en Corea?
La sospecha de que 2.400 gatos y 1.700 perros egipcios serán exportados para su consumo ha suscitado una encendida polémica en Egipto
Los derechos de los animales no suelen ser tema de debate en Egipto, habida cuenta de los problemas y desafíos que afronta el país. Sin embargo, a finales de mes pasado una polémica sobre la política del Gobierno hacia los perros y gatos abandonados se coló en periódicos y noticieros. Desde el Ministerio de Agricultura se admitió que se había concedido las licencias necesarias para la exportación de 2.400 gatos y 1.700 perros, todos ellos con los debidos certificados sanitarios, pero sin revelar su destino. Los activistas en favor de los derechos de los animales sospechan que los animales serán enviados a Corea u otros países donde estas especies forman parte de la dieta tradicional, y temen que sean víctima de malos tratos.
La controversia se inició a principios de octubre, cuando la diputada Margaret Azaar, miembro del comité de derechos humanos del Parlamento, propuso que Egipto vendiera los perros abandonados a aquellos países donde su carne es un bien apreciado para el consumo humano. “Después de haber sido convenientemente alimentado, un perro puede ser exportado por unas cinco libras (0,25 euros)”, deslizó Azaar, que considera que los canes “son tan valiosos allí como el cordero aquí”. Su iniciativa pretendía buscar una solución imaginativa al problema del exceso de manadas de perros callejeros que padecen muchas ciudades y pueblos egipcios. Un reciente estudio estimaba que la cifra de perros abandonados en el país árabe podría alcanzar los 22 millones, si bien parece algo exagerada.
Sus declaraciones, en las que defendía esta propuesta como una alternativa mejor a “dispararles o castrarlos”, levantó cierta polvareda en los medios de comunicación durante varios días. Cuando parecía que el asunto ya había desaparecido de la agenda pública, el pasado miércoles resurgió por la publicación de una exclusiva en el diario Masry al-Youm en la que se informaba de que el país exportaría más de 4.000 animales, entre perros y gatos, citando una fuente anónima del Ministerio de Agricultura.
El día siguiente, su portavoz, Hamed Abdeldayem, reconoció en una entrevista a una televisión egipcia la veracidad de la información, pero aseguró que su objetivo no era su consumo. Ahora bien, no quiso desvelar a qué país serían enviados. Abdeldayem sí reveló que el Ministerio había obtenido una fatwa o edicto religioso de la principal institución teológica del país, la Universidad de Al Azhar, que autoriza el sacrificio de los perros callejeros que intimiden a los ciudadanos con sus ladridos o mordeduras. Según el portavoz, esta es la primera vez que el país realiza una transacción de este tipo.
Y entonces sí se abrió la caja de Pandora mediática. Mientras la diputada Nadia Henry presentó una iniciativa legislativa de urgencia para prohibir la exportación de gatos y perros, los activistas por los derechos de los animales respondieron lanzando el siguiente hashtag en las redes sociales: #combate_exportación_gatos y_perros_egipcios. Entre sus argumentos, el artículo 45 de la Constitución egipcia, que ordena al Estado impedir “la crueldad contra los animales”.
Incluso el futbolista Mohamed Salah, el egipcio más internacional y un auténtico ídolo local, ha terciado en la polémica. El delantero del Liverpool compartió una foto suya con sus dos gatos siameses en su cuenta de Twitter. La instantánea venía acompañada del mensaje “perros y gatos no serán exportados a ninguna parte. Esto no pasará y no puede pasar”, además del hashtag en árabe #no_violación_derechos_animales.
El humorista egipcio Youssef Hussein, que presenta el programa semanal satírico Joe Show desde Londres, también ha querido dar su opinión al respecto. “La enorme cantidad de violaciones de derechos humanos en Egipto hacen que [cualquier discusión sobre los derechos de los animales] parezca un lujo, pero respetar la vida de los animales no es diferente de respetar los derechos humanos”, aseveró. Y es que, después del golpe de estado de 2013 ejecutado por el mariscal Al Sisi, los abusos por parte de las autoridades son muy graves y sistemáticos, como han documentado numerosas organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
