Otro sexenio perdido en la batalla contra la pobreza
El balance de Enrique Peña Nieto es mixto: la carencia extrema se ha reducido, pero el bajo crecimiento y los fallos en la política social han hecho que aumenten las personas con carencias
La escena se repite: una mujer ya mayor y su familia se trasladan a la capital huyendo de la pobreza. María, de 65 años, dejó Santiago de Mexquititlán (Querétaro, centro de México), un pueblo habitado por indígenas otomíes, con la esperanza de empezar una nueva vida. “Cuando no había cosecha, apenas teníamos para comer”, relata. Pero Ciudad de México ha acabado no siendo mucho mejor; vende dulces y cigarrillos en el Paseo de la Reforma, la arteria que recorre la capital de este a oeste, y gana unos 50 pesos al día (2,5 dólares). Es lo que cuesta un trozo de pastel en un café de la zona. La de María es una de las caras del sexenio que toca a su fin: aunque la carencia extrema ha retrocedido, el bajo crecimiento económico y una política social insuficiente están detrás del estancamiento de la pobreza general, una herida que sigue tan abierta como cuando Enrique Peña Nieto accedió a la presidencia en 2012.
Primero, las buenas noticias: la pobreza extrema —una medida multidimensional que resume aquella situación en la que el individuo no puede acceder a los alimentos y bienes más básicos— ha pasado de afectar a diez de cada 100 mexicanos a algo menos de ocho—, según los datos del Coneval, el organismo independiente encargado de pasar revista a la política social. Las razones de esta disminución hay que encontrarlas en la mayor cobertura de los sistemas de salud y de seguridad social. Segundo, las malas nuevas: la pobreza moderada —la población cuyos ingresos son inferiores a la línea de bienestar— ha subido tanto en números absolutos —algo lógico, teniendo en cuenta el incremento poblacional— como en porcentaje, que se coloca en un 43% — mucho más preocupante, aunque una parte de los nuevos integrantes son personas que venían de una situación de carestía extrema—.
La lacra de la pobreza no afecta, ni mucho menos, a todos por igual. Una mujer indígena y rural como María tiene, por ejemplo, más papeletas para serlo que el mexicano medio: el 85% de ellas son pobres, frente al 37% de hombres no indígenas de zonas urbanas que lo son. La latitud en la que uno nace también cuenta, y mucho: mientras los índices de pobreza se han reducido en la mayoría de Estados del norte, el sureste del país ha tomado la dirección contraria. Aunque no es ni mucho menos el que peores guarismos registra —los estados de Chiapas y Oaxaca tienen 77% y 70% de pobreza, respectivamente—, Veracruz es el vivo ejemplo de que el desarrollo no siempre es hacia delante: en este Estado, una de las regiones más azotadas por la ola de violencia que vive el país, el porcentaje de pobres ha pasado del 52% en 2012 al 62% en 2016; un salto de diez puntos en solo cuatro años.
“Es un panorama mixto; no es todo negro ni todo blanco”, apunta Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Un gris que no está a la altura de algunas de las ya tradicionales promesas hechas al principio del sexenio. En los últimos meses, Peña Nieto ha insistido —otra tradición de final de sexenio— en su condición de presidente “cumplidor”. El 97% de los compromisos que adquirió antes de iniciar su mandato se han alcanzado, según dijo el miércoles. Sin embargo, y sin entrar al detalle de esa cifra, queda claro que dos de las promesas más relevantes en materia de pobreza, la erradicación del hambre y la creación de un sistema de protección social universal, han quedado pendientes.
La primera, la eliminación de la carestía alimentaria, marcó los primeros años del sexenio con el lanzamiento de la llamada Cruzada contra el Hambre, un programa estrella de cuestionada efectividad que pretendía acabar con la malnutrición a través de comedores comunitarios y huertos, entre otras iniciativas. El número de personas con este tipo de carencias han bajado de 27 a 24 millones: un descenso modesto, comparado con la erradicación a la que se aspiraba. A este ritmo se tardarían 118 años para conseguir el objetivo, según la ONG Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esa inefectividad ha sido puesta de manifiesto recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que el mes pasado aseguró que “no se cuenta con elementos [suficientes] para acreditar que dicha estrategia haya constituido una solución estructural y permanente” y recomendó cancelarla.
Programas focalizados frente a políticas universales
Aun si hubiese sido efectivo, programas como la Cruzada pueden incidir sobre la carencia extrema, pero no son tan relevantes para reducir la moderada. “La política social para combatir la pobreza se ha basado en programas focalizados en lugar de recurrir a políticas universales”, subraya Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). A ausencia de universalidad se añade una fragmentación de los programas a escala federal, estatal y local: se cuentan por miles, pero su efectividad es escasa. “Hay alrededor de 6.000 iniciativas de desarrollo social; muchas sin reglas de operación y con pocos recursos, por lo que el impacto es pequeño”, explica Ricardo Fuentes-Nieva, director de Oxfam México.
La creación de un sistema de protección universal quedó en el cajón de las promesas pendientes. Y las cohortes demográficas de mayor edad se llevan la peor parte: la pensión de vejez sigue sin cubrir a un porcentaje importante de la población mayor de 65 años y cerca del 26% queda a la intemperie, según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares.
Pero la protección social y los programas focalizados son solo una parte del problema. Durante el sexenio la tasa de informalidad —todavía altísima, incluso en comparación con otros países de la región— ha bajado, pero la precariedad sigue marcando el mundo laboral y el 16% de los trabajadores, la mayoría en el sector informal, cobra menos de un salario mínimo, según datos de la oficina estadística mexicana (INEGI). Además, los salarios reales han caído en el último lustro, según las cifras presentadas esta misma semana por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “El ingreso real se ha estancado y el poder adquisitivo es el factor dominante para reducir la pobreza”, asegura Hernández Licona.
Detrás de esta situación yace una tasa de crecimiento económico demasiado discreta como para atajar la pobreza. México, destaca el profesor de la UNAM Juan Carlos Moreno Brid, especialista en desarrollo económico, lleva tres décadas inmerso en una trampa de lento crecimiento. Peña Nieto, como ahora Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder con la promesa de alcanzar un 5 o un 6% en línea con otros países emergentes, pero el promedio de los últimos cinco años ha sido aproximadamente de un 2,5%; superior al del resto de grandes potencias latinoamericanas y al registrado en los dos anteriores sexenios —el anterior, el de Felipe Calderón, muy mermado por la crisis financiera global de 2008 y 2009—, pero a todas luces insuficiente.
¿Es Peña Nieto el único responsable de este legado? No. “El porcentaje de pobreza se ha mantenido constante desde hace muchos años”, dice el economista Enrique Cárdenas. “Es un problema estructural”. Tras caer de manera abrupta en el tramo final de la década de los noventa, los niveles de pobreza general se han mantenido en una planicie desde el año 2000, con pequeños altibajos marginales. Este sexenio, por tanto, es “corresponsable” junto con los dos anteriores, según Vélez, del CEEY.
Con este panorama de fondo, el presidente electo, López Obrador, ha tomado la lucha contra la pobreza como una de sus prioridades. Ha prometido una pensión universal a partir de los 68 años que duplicará el monto actual y ha ofrecido un plan de empleo para jóvenes que ni estudian ni trabajan. Sin embargo, el compromiso de López Obrador de no lanzar una reforma fiscal en la primera mitad del mandato le deja atado de manos: los ingresos son los que son. “El Gobierno puede perder la oportunidad de hacer acuerdos de Estado para universalizar la protección social”, cierra Vélez. Pero habrá que esperar unos años para ver si el Gobierno entrante rompe con tres sexenios seguidos de promesas incumplidas en la batalla de las batallas en el plano socioeconómico: la de la pobreza y la desigualdad.
Salarios a la baja en la última década
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