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ROBERTO VÉLEZ | Director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias

“El próximo presidente tiene la responsabilidad histórica de construir un nuevo pacto social”

El economista mexicano aboga por la universalización de la seguridad social en el país norteamericano y por una nueva reforma fiscal que incremente la recaudación pública

El director ejecutivo del CEEY, Roberto Vélez, antes de la entrevista.
El director ejecutivo del CEEY, Roberto Vélez, antes de la entrevista.

Roberto Vélez (Puebla, 1976) recibe a EL PAÍS días después de presentar uno de los informes más completos —y demoledores— sobre movilidad social y desigualdad de oportunidades en México: nacer pobre en el país norteamericano es sinónimo de morir pobre en el 70% de los casos. “Esto tiene que cambiar”, dice, mientras bebe a sorbos de una taza de café, a modo de desayuno tardío. Como director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), una suerte de de think tank que se ha convertido en referente en asuntos de economía social, traza una agenda ambiciosa para el Gobierno mexicano que salga de las urnas el próximo 1 de julio: una reforma fiscal que incremente la recaudación y reduzca la informalidad, un sistema de seguridad social universal, una educación que de verdad iguale las oportunidades de los alumnos, un mercado laboral flexible pero seguro y un sistema financiero que llegue a los sectores que no tienen acceso al crédito.

Pregunta. ¿Qué hace falta para lograr una igualdad de oportunidades real en México?

Respuesta. Hay, sobre todo, dos líneas de acción: la educación y la seguridad social. En el primero hay que eliminar el embudo existente en la educación media superior mejorando la calidad desde antes de los tres años, porque las condiciones de origen pesan mucho en términos nutricionales y de salud. Así tendríamos un país más preparado para competir internacionalmente. El otro tema es de protección social: el origen importa, pero las desigualdades se acumulan a lo largo de todo el ciclo de vida. Quien es excluido, entra al mercado laboral por la vía informal: sin seguridad social ni pensiones, y muy difícilmente cruzará la línea de la formalidad. El problema es que en México la seguridad social está atada al puesto de trabajo y no a la persona.

P. ¿Cómo rompería ese círculo vicioso?

R. Hay que universalizar la seguridad social para que todos los mexicanos tengan acceso a las mismas coberturas. Esto costaría el 5% del PIB. Pero, para que funcione, el nuevo sistema no debe estar atado a las contribuciones del trabajador, sino que debe ser financiado con impuestos generales.

P. ¿Qué tributos habría que subir?

R. Habría que generalizar el IVA [ahora hay exenciones y una tasa cero en un amplio abanico de productos, y la recaudación mexicana es una de las más bajas de Latinoamérica] con mecanismos de compensación, eso sí, para evitar la regresividad.

P. México sigue siendo el país de la OCDE que menos recauda.

R. Ha habido un esfuerzo importante este sexenio [con la reforma fiscal de 2013 y la recaudación ha pasado del 8% del PIB al 14%. Pero seguimos estando por debajo de los países desarrollados, y por ahí pasan las dificultades para financiar estos esfuerzos. Un signo de que tenemos un problema tributario que no hemos logrado resolver es que seguimos utilizando parte del ingreso petrolero -el 2,6% del PIB- para gasto corriente, cuando en realidad deberíamos destinarlo a inversión.

P. Pero ningún candidato se atreve a anunciar incrementos fiscales.

R. Entiendo por qué no lo dicen en campaña, pero no lo justifico. Hay que plantear un nuevo acuerdo nacional sobre qué vamos a hacer como país y pasa, sí o sí, por impuestos más altos. Pero a los ciudadanos hay que mandarles el mensaje de que no solo ellos van a pagar más impuestos, sino que el resto también, y de que todos van a recibir algo a cambio. En la sociedad mexicana está muy clavada la idea de que el Estado es un ente separado de cada persona. No hay corresponsabilidad y eso es parte importante del problema: mucha gente no asume que el rol del Estado es de ida y vuelta.

P. La política pública es una de las grandes ausentes de la campaña.

R. Tiene mucho que ver con los mecanismos de discusión en México: la política pública no se discute abiertamente porque se le sigue dando a la población un estatus de menor de edad.

P. ¿Qué es lo más positivo de este periodo preelectoral?

R. Que los tres candidatos en pugna ven a la desigualdad como el principal problema del país. Ya no pueden negar su existencia: el costo político de mantener todo como hasta ahora es muy alto.

P. Algunos economistas culpan al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) de haber contribuido a perpetuar el modelo de contención salarial y la desigualdad. ¿Está de acuerdo?

R. No sé hasta qué punto tiene que ver con el TLC o con nuestras dinámicas internas. Lo que sí ha limitado el crecimiento salarial ha sido la no apertura del capítulo de libre movilidad de trabajadores en la región. Nos quedamos a mitad del proceso: en Europa se abrió el mercado de bienes y servicios, pero también el laboral; en Norteamérica, no. El tratado comercial no es el problema per se, pero sin una política pública que acompañe a las fuerzas del mercado se acentúan las desigualdades. Y eso es lo que ha ocurrido.

P. ¿Es el momento del cambio?

R. Es el momento es el ideal para construir un país distinto, antes de que la sociedad siga envejeciendo. Viendo la pirámide poblacional te das cuenta de que estamos en el momento perfecto de madurez. La clave es compatibilizar los objetivos individuales y los colectivos.

P. Esa compatibilización de ambos anhelos pasa por la construcción de un gran acuerdo social.

R. Sí. El candidato que llegue a la presidencia tendrá la responsabilidad histórica de construir un nuevo pacto social en México. Será el mayor reto del sexenio: si lo logra, pasará a la historia; si no lo hace, será un presidente más. No es fácil, porque tendrá que tener la habilidad suficiente para convencer a los poderes económicos y políticos regionales, y de sumar a la población al proyecto. Pero el país lo requiere: las desigualdades, de todo tipo, se ha convertido en la mayor preocupación de los mexicanos. Y tiene que haber una respuesta política.

P. ¿Sería el primer contrato social real de la historia de México?

R. En el pasado hubo ciertos entendidos o sobreentendidos. A partir de la Revolución se estableció algo parecido a un contrato, pero en un mercado político no competitivo como aquel la población no participaba de las decisiones. Ahora es más complicado y más caro, pero tenemos potencial humano para construirlo. Lo que pediría, al menos, es que este nuevo contrato que firmemos tenga una participación representativa de la población. Que no pensemos que podemos seguir tomando decisiones por los demás, a espaldas de muchos. México, como otros países de América Latina, sigue en un sistema de búsqueda de rentas y no de generación de valor agregado. Ese es el peor equilibrio en el que podemos estar, porque el pastel cada vez es más pequeño. Estamos a tiempo de salirnos a través de este contrato social.

P. ¿Es el próximo sexenio la última oportunidad para resolver este problema?

R. Cada vez resultará más complicado. En México siempre hablamos de las oportunidades perdidas, porque ya llevamos varias. Siempre habrá otras ocasiones, pero cada coyuntura no aprovechada es una oportunidad perdida.