El temor a conflictos futuros por Gibraltar guía la negativa de Sánchez al acuerdo del Brexit

Pocas voces en la Unión Europea conocen el peculiar encaje de Gibraltar en la familia comunitaria. Menos aún son las que entienden cuál es la supuesta afrenta que el acuerdo del Brexit plantea para España en su relación con la colonia británica. La complejidad del conflicto y la súbita aparición de este escollo como la última piedra en el camino del Brexit han encendido los ánimos en Bruselas. Porque el artículo del tratado que lleva a España a plantear un insólito veto en este asunto clave para la UE no fue redactado pensando en Gibraltar, pero sí puede tener consecuencias imprevistas para el nexo futuro con el Peñón. Pese a todo, en Bruselas cunde la sospecha de que al menos una parte de la tenacidad española en este asunto responde a motivos de política interna.

Lo que ha ocurrido en esta fallida maniobra diplomática es que un texto introducido a última hora para garantizar el apoyo de Theresa May al acuerdo de retirada de la UE ha enfurecido a España, uno de los países más europeístas del club comunitario. Una lectura rápida de ese artículo 184 descarta cualquier conflicto. Pero al pasar el texto por el tamiz de la abogacía del Estado, organismo que defiende los intereses del Estado, y por la asesoría jurídica internacional, dependiente del Ministerio de Exteriores, se detecta un obstáculo insalvable, según la interpretación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El artículo, que fija un vínculo entre el acuerdo de retirada británica y la relación futura que deberán pactar la UE y Reino Unido, plantea dos problemas para España. En primer lugar, la coletilla incluida en el texto de que ambas partes negociarán “respetado plenamente los respectivos órdenes jurídicos”. Esta expresión permite a Reino Unido incluir a su colonia en el paraguas del artículo, cuando las directrices de negociación de todo este proceso han consagrado el derecho de veto que puede tener España sobre cualquier acuerdo futuro entre Londres y Bruselas y su traslación a Gibraltar. España ve ahí un riesgo de automatismo que va contra el espíritu de lo que pactaron los Veintisiete al inicio de la negociación. Porque después de años de sufrir una competencia fiscal desleal del Peñón, considerado paraíso fiscal, el Ejecutivo quiere construir una relación más equilibrada con motivo de su salida del abrigo de la UE.

En segundo lugar, al Gobierno le preocupa que el artículo se inserte en un tratado cuyo ámbito territorial sí incluye expresamente a Gibraltar (artículo 3 del acuerdo de retirada). Al formar parte del mismo texto, la abogacía del Estado teme que Londres use en un futuro ese argumento como atajo para aplicar a su colonia unas ventajas que España tenía el derecho de vetar.

Las cuitas del Ejecutivo de Pedro Sánchez no acaban ahí. A la diplomacia española también le ha incomodado ver que en el borrador de declaración política no hay mención expresa a que nada de eso se aplicará a Gibraltar sin el consentimiento de España.

Garantías escritas

Las instituciones europeas sostienen que este encaje de última hora, destinado a acomodar las exigencias de May en un pacto por el que se juega el cuello político en su país, nada tiene que ver con Gibraltar. Así lo han expresado verbalmente tanto el servicio jurídico de la Comisión Europea como el del Consejo. España no duda de ese planteamiento, pero exige garantías escritas de que nunca pueda establecerse esa lectura del texto. Hasta el momento no se ha encontrado la fórmula mágica. Bruselas y el resto de Estados miembros se resisten a reabrir el texto porque entonces más de uno querría retocarlo. España exige al menos una adenda o cualquier fórmula jurídicamente vinculante que le permita defender este argumento, llegado el caso, ante un tribunal.

Las fuentes consultadas en Bruselas sostienen que esa coletilla relativa a los ordenamientos jurídicos de cada país responde a Irlanda del Norte. Quizás la principal batalla interna que tiene planteada May en su país es garantizar que ningún arreglo destinado a evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte planteará condiciones diferentes para ese territorio británico respecto al resto de Reino Unido. Es decir, que se mantendrá la integridad del país, sin dar a la región norirlandesa condiciones de mayor aproximación a la UE. Aun así, España teme que esa redacción permita en un futuro hablar también de Gibraltar.

Las suspicacias de España respecto al futuro del Peñón al retirarse de la UE no son nuevas. La diplomacia se ha quejado desde un primer momento de que el equipo del negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, no prestaba suficiente atención a este conflicto, mientras que el de Irlanda del Norte condicionaba toda la negociación del divorcio británico. El propio expresidente Mariano Rajoy llegó a plantearlo en un Consejo Europeo, aunque el énfasis español en este asunto ha sido muy inferior al que ha dedicado Irlanda a su problema con la salida de Irlanda del Norte.

En última instancia, España no perdería su derecho de veto sobre cualquier relación futura con Gibraltar ni siquiera si los textos del acuerdo de retirada y de la declaración política permaneciesen intactos. Porque el acuerdo de relación futura que pacten los Veintisiete con Londres de aquí a unos años requeriría unanimidad (seguramente sería un acuerdo mixto y, por tanto, con obligación de ratificación en todos los parlamentos nacionales). Pero España no quiere esperar hasta entonces para plantear las objeciones. Cree que el momento es ahora. Fuentes de la negociación recuerdan que ya tuvieron que aceptar el peculiar estatus de Gibraltar cuando España accedió a la UE. La singularidad de contar con una colonia de un país miembro ─Reino Unido─ situada junto al espacio de otro ─España─ y ajena a parte de la normativa europea le acarrea a España numerosos problemas fiscales, medioambientales y policiales. “En 1985 tragamos porque no teníamos otro remedio para entrar en la UE en 1986. Ahora no lo haremos”, sostienen esas fuentes.