Bruselas acelera los planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo

Ante las resistencias internas con las que se está topando la primera ministra británica, Theresa May, en su propio país para cerrar un acuerdo para el Brexit, Bruselas ha decidido no bajar la guardia y acelerar este martes sus planes de contingencia. El pacto está más cerca, pero la Comisión Europea quiere estar preparada en caso de que las negociaciones descarrilen. Por ello, ha lanzado un segundo paquete de medidas para afrontar un Brexit con o sin acuerdo. El ejecutivo comunitario también ha propuesto modificar el reglamento de visados para que los ciudadanos británicos estén exentos de solicitar ese permiso para estancias cortas de hasta 90 días en la UE, siempre y cuando Reino Unido decida hacer lo mismo con los habitantes de los Veintisiete que se desplacen a su país.

La Comisión Europea es consciente de que, con pacto o sin él, el Brexit causará ciertas "disrupciones" en los Veintisiete. Un ejemplo de ello es el ámbito financiero o de los negocios, en especial en los países con más relación con el Reino Unido, como Irlanda, y en productos financieros concretos como los contratos de derivados. Y sabe, además, que en un escenario de "no acuerdo", esas rupturas pueden ser "incluso más significativas". Después de publicar un documento con medidas específicas en julio, Bruselas había ido trabajando en varios ámbitos para poder afrontar el peor de los escenarios. Sin embargo, prefirió guardarse esos informes hasta ahora para no desalentar la posibilidad de un acuerdo con Londres.

El reloj, sin embargo, hace tiempo que corre en contra. Fuentes comunitarias consideran que los términos del divorcio deberían pactarse a lo sumo en diciembre para que los Parlamentos europeo y británico tengan tiempo de ratificarlo. Y pese a que las negociaciones entre la Comisión y Reino Unido se han acelerado desde el pasado viernes, May debe superar antes la oposición que tiene en el seno de su Gobierno, su partido y sus aliados de la DUP (Partido Unionista Democrático, en sus siglas en inglés) de Irlanda del Norte.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, se ha referido en una comparecencia en el Parlamento Europeo de Estrasburgo al estado actual de las discusiones. “Hay negociaciones muy intensas en marcha. Está claro que, aunque estamos haciendo progresos, no está cerrado”, ha dicho en actitud prudente.

Aumento de funcionarios

Tras una reunión del colegio de comisarios en la que el negociador comunitario Michel Barnier ha dado cuenta del estado de las conversaciones, Timmermans ha insistido en que, pese a los rumores cada vez más insistentes de un acuerdo inminente, la Unión Europea no puede permitirse ignorar la posibilidad de que terminen descarrilando: “Hemos discutido varios asuntos relacionados con un escenario de no acuerdo. Es algo que hay que hacer. Estamos trabajando muy duro para llegar a un acuerdo, y está claro que es de lejos nuestra opción favorita, pero necesitamos estar preparados para todas las eventualidades”.

Con el mensaje de que "los ciudadanos no deben pagar el precio del Brexit", la Comisión ha resaltado la solución que adoptará para los visados de ciudados británicos en caso de una salida de Reino Unido sin acuerdo. Sin embargo, las comunicaciones comprenden desde aspectos como el control de fronteras en el Mar del Norte hasta qué ocurriá con las mascotas de los turistas británicos en los escenarios contemplados. De momento, la Comisión ha puesto a trabajar ya a los países para identificar posibles cambios necesarios en sus legislaciones por el Brexit, pero en algunos casos también con contrataciones de personal para hacer frente a la necesidad de más oficiales de fronteras, veterinarios  y la identificación de infraestructuras clave (como puertos y aeropuertos) que deban ser reforzados.

La Comisión prevé que las grandes empresas ya tienen perfilado de algún modo sus planes de contigencia. Sin embargo, sí les preocupan las medianas y pequeñas compañías europeas. Bruselas considera que la normativa sobre ayudas estatales permite que los países miembros presten asistencia a las pymes a través de fondos para consultoría o formación con los que incluso podrían hacer frente a nuevos requerimientos aduaneros y que los estados podrán prestar o avalar a esas empresas en caso de que sufran problemas de financiación. En especial, la Comisión se presta a ayudar a Irlanda, más expuesta que el resto a Reino Unido, a buscar fórmulas para mitigar cualquier daño provocado por el Brexit.