Egipto arresta a un economista tras publicar un libro crítico con Al Sisi

La esposa del autor, Najla Salama, confirmó al diario electrónico alternativo Katib que agentes de la seguridad nacional arrestaron a Faruq y lo condujeron a una comisaría de policía. Faruq, de 60 años, atesora una larga experiencia como experto en el ámbito económico y ha publicado numerosos artículos y libros, algunos de ellos galardonados. “Él es progresista y casi siempre ha sido crítico con el poder. Y por eso, ya fue brevemente encarcelado durante el régimen de Mubarak”, comenta un amigo suyo de la universidad que prefiere guardar el anonimato.

Hostil a la ideología islamista, Faruq aplaudió el golpe de Estado en julio de 2013 contra el presidente Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, y llegó incluso a apoyar la campaña del mariscal Al Sisi a la presidencia en 2014. Un año antes, la principal editorial del Estado había publicado su libro La economía de los Hermanos Musulmanes en Egipto y el mundo. El suyo no es el primer caso de un intelectual o activista perseguido por la justicia después de haber cambiado de opinión sobre el Gobierno de Al Sisi, que ha ido ampliando el grosor de sus líneas rojas con el paso de los años.

El miércoles, tres días después de presentarse en la imprenta y confiscar todas las copias disponibles del libro de Faruq, la policía interrogó durante varias horas al dueño de su editorial. La obra, a la que EL PAÍS ha tenido acceso en versión PDF, se plantea como una respuesta a unas declaraciones hechas por Al Sisi el año pasado en las que afirmaba que Egipto “es un país muy pobre”. En su ensayo, el economista sostiene que el subdesarrollo que experimenta el país es fruto de unas políticas fallidas, y censura el despilfarro y la corrupción que dominan diversos ministerios, especialmente los relacionados con la explotación de los recursos naturales.

Precisamente, el arresto del economista se produjo el mismo día que el Parlamento egipcio ratificó la ampliación durante tres meses adicionales del estado de emergencia decretado por el presidente Al Sisi. El régimen lo impuso por primera vez en abril del año pasado, tan solo unos días después de dos atentados suicidas simultáneos contras iglesias ortodoxas en el día de Pascua, que segaron la vida de 45 personas y fueron reivindicados por la filial local del autodenominado Estado Islámico.

Una jurisdicción excepcional

“La declaración del estado de emergencia es una muestra más del interés del Gobierno actual de silenciar cualquier voz disidente”, apunta por teléfono Hussein Baoumi, investigador de Amnistía Internacional. Los defensores de los derechos humanos consideran que la principal razón detrás de esta decisión es habilitar una jurisdicción de excepción. “El régimen recurrió a esta opción al considerar que la justicia ordinaria era demasiado lenta y, sobre todo en la corte de casación, no obtenía los veredictos que deseaba. Los Tribunales de Seguridad del Estado de Emergencia son muy útiles porque hay menos garantías para los procesados, sobre todo porque no es posible apelar sus sentencias”, explica Baoumi.

La actual Constitución, aprobada en 2014, limita el estado de emergencia a un periodo máximo de tres meses y solo permite su extensión una sola vez. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. El Gobierno deja expirar el plazo máximo, para enseguida reimponerlo de nuevo. Durante la dictadura anterior, liderada por Hosni Mubarak, Egipto vivió bajo el estado de emergencia de forma prácticamente ininterrumpida durante tres décadas, pues era el principal instrumento legal del régimen para cercenar las libertades de la ciudadanía. Aunque el actual también lo utiliza, prefiere asentar su tiranía sobre un repertorio más amplio de normas, entre ellas la ley antiterrorista de 2015.