Afganistán abre con retraso sus colegios electorales en una jornada con varios ataques y al menos 10 muertos

Afganistán acude a las urnas este sábado bajo la renovada amenaza de los talibanes. El temor de violencia en los colegios electorales se ha cumplido, con un atentado suicida con bomba en Kabul que ha causado al menos 10 muertos y numerosos heridos, según un agente de seguridad citado por la agencia Reuters. Otros ataques se han registrado a lo largo del país, sin que haya aún una cifra oficial de víctimas, en una jornada que arrancó con retraso. Hasta hoy, los insurgentes ya habían conseguido que las elecciones legislativas se retrasen una semana en la provincia de Kandahar, donde el jueves mataron al poderoso jefe de la policía, y sine die en la de Ghazni, bajo su casi total control desde agosto. A punto de cumplirse 17 años desde que la intervención estadounidense acabara con su régimen, los extremistas islámicos tratan de minar la frágil democracia afgana y erigirse en única alternativa para acabar con la guerra.

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El asesinato del general Abdul Raziq, a todas luces mucho más que el jefe de la policía de Kandahar, ha supuesto un duro golpe a la estrategia de seguridad del Gobierno para todo el sur de Afganistán, la región pastún. En un país con tendencia a apoyarse en hombres fuertes, el carismático militar carecía de un segundo de abordo que haya podido tomarle el relevo al menos de forma provisional. Tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, la Comisión Electoral optó por posponer los comicios en esa provincia.

Después del atentado, en el que también murió el jefe de los servicios de información de Kandahar y resultó gravemente herido el gobernador, “la población no está mentalmente preparada para votar”, justificaba el portavoz de la Comisión Electoral, Hafizullah Hashimi. La decisión no debió de ser fácil para el presidente Ashraf Ghani, que pocas horas antes había hecho un llamamiento televisado a los afganos para que acudan a votar.

Por un lado, el retraso pone en peligro todo el proceso electoral, por primera vez totalmente gestionado por los afganos, con una mínima ayuda técnica internacional. En juego está, la credibilidad del Gobierno, que dentro de medio año afronta los más decisivos comicios presidenciales. Por otro, la medida da una importante baza propagandística a los talibanes.

Esa milicia ha ido reconquistando terreno desde que la OTAN pusiera fin a su misión militar a finales de 2014. También han triplicado sus fuerzas desde entonces, hasta 60.000 efectivos, según la última estimación de los militares estadounidenses. Hoy, esos radicales islamistas controlan la mayor extensión de Afganistán desde que los bombardeos de EE. UU. les echaron del poder en 2001. De acuerdo con el Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán del Congreso, las fuerzas de seguridad afganas apenas controlan el 57 % del territorio, que agrupa un 49 % de la población aproximadamente. Pero una investigación de la televisión pública británica BBC aseguraba el pasado febrero que el grupo actúa abiertamente en el 70 % del país, donde viven la mitad de sus 35 millones de habitantes.

De hecho, aparte de Kandahar y Ghazni, la Comisión Electoral ha admitido que la falta de seguridad impedirá abrir un tercio de los colegios electorales, aunque nadie tiene información de cuántos potenciales votantes se verán afectados. Sobre el resto pesa la amenaza talibán de atacar a las fuerzas de seguridad que protejan los centros de voto y contra los maestros convocados para atenderlos.

“Hay que distinguir entre el control del territorio y el control de las mentes. La mayoría de los afganos no simpatiza con los talibanes”, asegura a EL PAÍS el general Mohamed Mirza Jarmal, candidato del partido Jamiat-e Islami en las elecciones del sábado. Jarmal, un tayico que luchó contra el régimen talibán, se muestra convencido de que la sociedad afgana de hoy no aceptaría la prohibición de la música o de la exclusión de las mujeres.

Eso que sin duda es cierto entre las capas urbanas educadas, cambia sin embargo en las zonas rurales, donde las necesidades son mucho más perentorias y a menudo la paga que ofrecen los talibanes (u otros grupos insurgentes como el Estado Islámico) es la única forma de obtener ingresos para sustentar a las extensas familias afganas. Ignora también la brecha étnica.

Aunque los pastunes se quejan (con motivo) de que se les asocie con los talibanes, es un hecho que la milicia surgió de esa comunidad (un 40 % de la población) y es en ella donde encuentra el grueso de sus simpatizantes. De ahí la importancia estratégica del ataque perpetrado en Kandahar contra el general Raziq, un pastún que les combatía a brazo partido y que, según los analistas afganos, también molestaba a Pakistán, acusado de apadrinar a los insurgentes.

En cualquier caso, los talibanes han demostrado su capacidad de poner contra las cuerdas al débil Gobierno de Kabul y a sus patrocinadores occidentales. El comunicado en el que se atribuyeron el atentado contra Raziq también mencionaba al más alto mando de la OTAN en Afganistán, el general estadounidense Scott Miller. Aunque este ha declarado a ToloNews que no cree que él fuera el objetivo, a nadie se le escapa que se trata de un poderoso mensaje pocos días después de que sus representantes se reunieran en Qatar con el enviado especial de EE. UU. para la Reconciliación en Afganistán, Zalmay Khalilzad.

Durante una conferencia en Singapur, el secretario de Defensa norteamericano, Jim Mattis, ha opinado que es pronto para saber qué efectos va a tener sobre esas conversaciones, aunque lo ocurrido complica una situación de por sí difícil. Algunos analistas siempre se han mostrado escépticos al respecto.

“No hay nada nuevo”, interpreta Thomas Ruttig, director del centro de estudios Afghanistan Analysts Network y gran conocedor del país. “Los talibanes siempre se han declarado dispuestos a hablar con EE. UU., pero rechazan hacerlo con el Gobierno afgano, cuya legitimidad no reconocen y al que combaten”, señala.

La milicia insiste en que el mayor obstáculo para la paz es la presencia de las tropas internacionales. En la actualidad hay 16.000 soldados extranjeros en Afganistán, 14.000 estadounidenses, que Washington no ha dado señales de querer retirar. A pesar de los contactos, los insurgentes han aumentado sus ataques a medida que se acercaba el día de las elecciones. Una decena de candidatos han resultado muertos y otros dos han sido secuestrados.