Lo que mal empieza, mal termina
Era inconcebible que un Gobierno democrático no exigiera un reconocimiento de responsabilidad o, al menos, una invocación del indultado a que en el futuro podía un gobernante tolerar un escuadrón de la muerte
Preciso título de la nota editorial en La República de Lima de ayer jueves: “Un fallo jurídico que anula un indulto político”. Porque el indulto a Fujimori que dispuso el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la navidad del año pasado fue político. Y “político”, no porque fuera parte del ejercicio regular de una atribución presidencial —que, en efecto, existe— sino porque fue parte de un “toma y daca” con un sector fujimorista en el Congreso para aplacarles su dinámica opositora. Un paso mal gestado no podría tener un curso normal después.
Recordemos: Fujimori había sido condenado a 25 años de prisión con todas las garantías de debido proceso y de independencia judicial. Y lo había sido no por un delito menor sino por corrupción y, en especial, por graves violaciones de derechos humanos que la Corte Suprema calificó en su fallo como “crímenes de lesa humanidad”. Como no podría haber sido de otra forma, las víctimas de los hechos por los que Fujimori fue condenado recurrieron a la justicia frente al indulto.
Primero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció en mayo de este año que la justicia peruana tenía que revisarlo y hacerlo a la luz de los estándares internacionales sobre la forma de tratar crímenes de lesa humanidad que el tribunal interamericano puntualizó. Segundo, a la justicia peruana para que, en aplicación de los criterios establecidos por el tribunal interamericano, revisara el indulto otorgado a Fujimori.
El fallo del magistrado de la Corte Suprema Hugo Núnez Julca ya es público; Fujimori ha anunciado que apelará y tiene derecho a ello. Qué es lo que se hizo mal y qué otras opciones tenía PPK frente a su preocupación de que el condenado pudiera morir en la cárcel? La figura del “indulto humanitario” es bastante restrictiva y solo es viable luego de una rigurosa constatación y exámenes. Esto no se hizo o, en todo caso, se hizo mal.
¿Hubiera podido tener otras opciones PPK para no hacer del indulto una mera “pieza de cambio” política con un grupo de congresistas? Probablemente sí, pero para ello tendría que haber partido del hecho macizo y contundente de que Fujimori no era cualquier condenado pues los delitos cuya responsabilidad había quedado judicialmente establecida eran crímenes de lesa humanidad. Un Estado democrático, sujeto a obligaciones soberanamente contraídas, no puede tratar un trámite de indulto a un condenado por crímenes de esa entidad como si lo hicieran igual que lo haría como con un ladrón de gallinas. Eso no lo entendió PPK ni su entorno.
Hay dos asuntos que no se tuvieron en cuenta. Primero, el fundamental: las víctimas. Decenas de víctimas de los graves crímenes por los que Fujimori había sido condenado, tanto quienes fueron asesinados por el escuadrón gubernamental Colina como sus familiares, que son víctimas también. Frente a hechos de esa entidad, las víctimas tendrían que haber sido previamente escuchadas. Nunca se les llamó, pese a que sus organizaciones pidieron infinidad de veces a PPK —y sin éxito— una comunicación con el Gobierno.
Segundo, la sociedad toda. Responsabilidad penal por graves hechos —judicialmente demostrados— que partían de la tolerancia y aquiescencia al más alto nivel gubernamental para que operara un escuadrón de la muerte que no solo había perjudicado a las víctimas inmediatas (los asesinados y sus familias) sino a la sociedad toda. Era inconcebible que un Gobierno democrático no exigiera como precondición de cualquier medida de perdón presidencial, por ejemplo, un reconocimiento de responsabilidad o, al menos, una invocación del eventual indultado a que jamás en el futuro podía un gobernante tolerar o estimular un escuadrón de la muerte. Nada de esto se hizo pese a que varias personas le sugirieron a PPK que si quería indultar a Fujimori tenía que tenerlo en cuenta.
Lo ocurrido esta semana es, así, una suerte de crónica anunciada en un contexto en el que la gente y las víctimas de violaciones de derechos humanos no solo tienen derechos a ser respetados, sino que tienen conciencia de ellos.
