Un acuerdo que esquiva el peor escenario y mantiene las reglas del juego

Hace poco más de un mes México salvaba una bola de set con el compromiso suscrito con Estados Unidos para crear un nuevo marco comercial bilateral. Este domingo, con la incorporación al acuerdo de Canadá, ambos países salvan una bola de partido. Su dependencia de la primera potencia mundial es indiscutible, tanto en el plano puramente exportador -casi ocho de cada 10 dólares que les llegan por esta vía proceden de ventas a EE UU- como en el inversor -en el caso mexicano, más del 40% de los flujos entrantes son estadounidenses-. Cesiones mediante, tanto México como Canadá logran así un objetivo que parecía lejano, cuando no quimérico, hace no tantos meses: mantener, en lo sustancial, el paraguas legal que regula las relaciones económicas entre los tres países. Estas son las principales claves del nuevo acuerdo:

Industria automotriz: cede México. Era la joya a preservar para las autoridades mexicanas. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994 convirtió al país latinoamericano en una potente plataforma manufacturera y atrajo a las multinacionales del sector, que vieron en él la puerta de entrada perfecta para el mayor mercado mundial: EE UU. Los salarios bajos -hasta seis veces menos que al norte del río Bravo, según los cálculos del servicio de estudios de BBVA-, son y siguen siendo el combustible perfecto para este esquema, que ha disparado el déficit comercial estadounidense con México. Para tratar de acotarlo, la Administración Trump introduce en el nuevo pacto una regla de origen -el porcentaje mínimo de componentes que monta cada coche que tiene que venir de cualquiera de los tres países- más alta: pasa del 62,5% al 75%. Este cambio elevará los costes de producción de las ensambladoras y obligará a ajustes en la cadena productiva, ya que casi la mitad de los turismos que fabrica México no cumple con el nuevo umbral. “Puede presentar un reto para las empresas”, ha reconocido este lunes el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard. “Va a ser complejo aumentar el contenido regional porque Norteamérica va a tener que seguir comprando insumos asiáticos”, complementa José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Además, el 40% de los componentes que monta cada vehículo tendrán que proceder en regiones con un salario manufacturero de al menos 16 dólares por hora, una condición que no cumple México y sí EE UU y Canadá. Washington espera que este nuevo requisito lleve de vuelta a casa parte de la producción de componentes perdida en las dos últimas décadas. El ensamblaje mexicano de vehículos queda, en cambio, protegido ante un futuro arancel estadounidense del 25% sobre este sector, tal y como ha dejado caer Trump: mientras el resto del mundo lo sufriría, el país latinoamericano aún tendría un margen de crecimiento del 40% sobre su producción actual sin tener que pasar por caja. Los gravámenes, tan temidos hasta ahora en la Ciudad de México, podrían tornarse ahora en favorables para sus intereses: si Trump acaba dando el paso, sería mucho más atractivo que Asia o Europa del Este para los gigantes del sector.

Disparidad en otras industrias. El pacto a tres bandas -casi 2.000 páginas en su versión en inglés- no evita, sin embargo, que se mantengan los aranceles impuestos por EE UU al acero y el aluminio importado desde Canadá y México. El sector automotor es el más afectado por el sobrecoste de esta materia prima. Está por ver sí este punto se resuelve antes de la firma. Las nuevas provisiones para la protección de patentes también tendrán efectos en la industria mexicana de medicamentos genéricos, porque se prolonga la vida de estos derechos de propiedad intelectual. Canadá mostró reticencias. También se refuerza las normas en el sector textil y otras fibras para incentivar la producción en la región. El nuevo tratado busca en paralelo liberalizar el mercado de servicios financieros.

Vuelta de tuerca en el mercado laboral mexicano. El nuevo acuerdo obliga a México a garantizar la libertad de asociación y al “reconocimiento efectivo” de la negociación colectiva. También a la eliminación del trabajo infantil -una lacra que pervive, en pleno siglo XXI, en amplias zonas del país- y a garantizar unas condiciones de trabajo “aceptables”. Los sindicatos estadounidenses, los más beligerantes en este ámbito, han dado la bienvenida al lenguaje duro del nuevo acuerdo en esta materia y al reforzamiento del papel de los representantes de los trabajadores en México, algo que no estaba en el TLC de 1994. La duda es hasta qué punto estas nuevas provisiones afectarán a las fuertes -e injustas- disfunciones en el mercado laboral mexicano, en el que las tres cuartas partes de los convenios colectivos son de protección patronal -es decir, acuerdos simulados en los que los sindicatos no representan los intereses de la masa laboral de la empresa-, según los datos de la profesora del ITAM Joyce Sadka. El salario mínimo mexicano es de 88 pesos diarios (4,7 dólares, al cambio actual), una cifra que deja a los trabajadores que lo cobran por debajo del umbral de la pobreza.

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“Hasta ahora cada país podía actuar de manera libre en este ámbito. Ahora, México tendrá que repensar su modelo, transitando a esquemas de mayor productividad”, apunta De la Cruz. “Los cambios ayudarán a regular mejor el marco sindical que hay ahora en México”, augura Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer, la primera entidad financiera del país. El problema es que casi seis de cada 10 puestos de trabajo en México son informales y ahí el nuevo esquema no tiene nada que decir.

Sin cláusula de terminación automática. EE UU encaró la negociación hace 13 meses con un objetivo de máximos: ponerle fecha de caducidad al acuerdo. Era la muestra más evidente de hasta qué punto el TLC irritaba a Trump. Con este automatismo se buscaba renegociar sus términos cada cinco años para mantener vivo el acuerdo bajo amenaza de ruptura automática si no se alcanzaba un acuerdo. Este punto generaba una gran incertidumbre en el sector empresarial: ¿quién iba a invertir en Canadá y, sobre todo, en México con vistas a exportar sin saber de antemano el horizonte temporal del pacto? Las patronales, las cámaras de comercio, las autoridades canadienses y, sobre todo, las mexicanas se plantaron desde el principio: si hay fecha de caducidad, dijeron, no habría pacto. La solución es la siguiente: el texto tendrá una vigencia de 16 años y al sexto de su entrada en vigor se someterá a un proceso de revisión para identificar las partes que se pueden mejorar o adaptar. Pero sin amenaza de ruptura.

Solución de controversias: una aspiración de Trump que se cae sobre la marcha. Era uno de los grandes obstáculos para el acuerdo. Washington quería desmantelar el esquema de solución de controversias por completo porque consideraba que el panel de árbitros que fijaba el TLC de 1994 violaba su soberanía. Para Canadá era una línea roja, como ya lo fue hace un cuarto de siglo. Al final, quedará prácticamente como estaba. Cede Trump, gana Trudeau. “Es una gran victoria”, remarcan los analistas desde Bank of America.

Concesiones de Canadá en lácteos. El comercio de leche y otros productos lácteos fue el principal caballo de batalla en la recta final de la negociación, a pesar de que desde el punto de vista del volumen es insignificante. Políticamente, en cambio, es un tema muy sensible a ambos lados de la frontera. Canadá tendrá que dar un mayor acceso a los productos estadounidenses a su mercado, hasta ahora muy restringido. Desde Bank of America reconocen que es una clara concesión canadiense para “mantener vivo” el tratado trilateral, aunque anticipa que Ottawa compensará a sus productores por la rebaja de las protecciones.

Muchos capítulos heredados del TPP, el acuerdo que tanto denostó Trump. El sector lácteo es un buen ejemplo, pero hay más: muchos capítulos se inspiran, paradójicamente, en el acuerdo comercial transpacífico (TPP), del que el magnate republicano se salió en su primera gran decisión como presidente. Dan Ujczo, abogado experto en cuestiones comerciales, subraya que las dos terceras partes de las nuevas disposiciones recogidas en el nuevo acuerdo norteamericano tienen algún trazo del TPP, lo que muestra las contradicciones de la estrategia de Trump.

Cambio de nombre, asunto cosmético. Aunque no tiene ninguna relevancia técnica ni sobre el comercio entre los tres países, dejar atrás el nombre NAFTA (TLC, en español) era una de las mayores exigencias de Trump, que lleva meses cargando contra las supuestas “injusticias” de este tratado para EE UU. Pasará a llamarse Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, pero la única mutación que traerá es esa: otro envoltorio para vendérselo a su electorado.

La firma, en dos meses. La idea es que el acuerdo quede sellado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 de finales de noviembre en Buenos Aires (Argentina), a la que asistirán Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau. Necesitará, además, el visto bueno de las Cámaras legislativas de los tres países. En México no se habrá problemas: la nueva mayoría de Morena apoyará el nuevo acuerdo. Tampoco en Canadá. Más dudas hay en EE UU, donde las elecciones legislativas de noviembre amenazan con ser un tsunami para los republicanos. Hasta entonces seguirá vigente el TLC actual.

Adaptado al siglo XXI. El acuerdo de 1994 estaba obsoleto en este punto: en aquel momento, Internet era solo una tecnología embrionaria. Se introducen cambios en disposiciones dedicadas a la propiedad intelectual para hacer frente a amenazas como la piratería. En este sentido se crea un nuevo sistema para detectar y eliminar infracciones. Los cambios afectarán también al comercio electrónico, al establecer que las compras inferiores a los 150 dólares estarán libres de aranceles. Canadá lograr preservar el statu quo en el apartado relativo a los bienes culturales. El acuerdo incluye una provisión que hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas, pero no colma las expectativas de Trudeau y su Gobierno.

Reservas con China. En caso de que alguno de los tres países firmantes quisieran cerrar un trato comercial con el gigante asiático -una economía considerada "de no mercado"-, tendría que avisar con al menos tres meses de antelación de la intención de iniciar las conversaciones. Y el resto de socios del nuevo TLC podría retirarse del acuerdo norteamericano si considera que pone en peligro lo pactado. El mecanismo parece ideado por Washington para evitar cualquier intento de acercamiento de México a Pekín.

Contra la manipulación de divisas. El pacto incluye una provisión orientada a disuadir a que los países manipulen sus monedas para favorecer su posición de juego en el mercado global. En la práctica no afecta a los tres miembros de la zona de libre cambio porque sus divisas fluctúan libremente. Mira más hacia los terceros países como China y abre la puerta a su introducción en futuros acuerdos comerciales, como ya ocurre en el recién firmado con Corea del Sur.