Bruselas quiere pisar el acelerador, pero duda del ritmo de Londres

El Brexit ha dado la vuelta a los prejuicios tradicionales. Y la UE, siempre acusada por Londres de lenta y burocrática, está dispuesta a pisar el acelerador en las negociaciones sobre la salida del Reino Unido, pero teme que el Gobierno de Theresa May no pueda seguir el ritmo. El Ejecutivo británico lleva 18 meses a remolque del equipo negociador de la UE, liderado por el francés, Michel Barnier. Y en la recta final hacia la consumación del Brexit, el próximo 29 de marzo, acusa una creciente debilidad interna y mayores dificultades para no quedarse rezagado.

Barnier informará este martes de la situación a los 27 socios en Bruselas. Y la conclusión inevitable es que el esperado acuerdo, previsto para mediados de octubre, deberá retrasarse con toda probabilidad a noviembre o, incluso, primeros de diciembre. El nuevo calendario se elevará a los presidentes de Gobierno de la UE, que el jueves celebrarán una cumbre sobre el Brexit en Salzburgo (Austria) tras una reunión informal del Consejo Europeo en esa ciudad.

La prórroga abre un periodo crucial de ocho semanas en que Bruselas espera que May pueda fijar de una vez por todas su posición en los dos principales contenciosos que impiden rematar el acuerdo. La Comisión teme que un nuevo derrape en el calendario haga imposible la ratificación parlamentaria del acuerdo. Y una vez más el principal problema se encuentra en Londres, no en Bruselas. El Parlamento británico necesita más tiempo y está constreñido por plazos más estrictos que la Cámara europea, dispuesta a reaccionar con mayor agilidad.

Los principales obstáculos se encuentran en el régimen fronterizo y aduanero aplicable entre Irlanda (socio de la UE) e Irlanda del Norte (provincia británica que saldrá del club). Londres se ha comprometido a mantener la libre circulación en toda la isla irlandesa sin establecer controles que podrían reabrir el conflicto entre las dos partes de la isla. El Gobierno de May, sin embargo, no ha logrado todavía dar con una fórmula aceptable para la UE, aunque todo apunta a que Londres empieza a resignarse a que su provincia irlandesa seguirá vinculada en gran medida al mercado interior europeo.

El otro punto por resolver es el sometimiento de Reino Unido a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo durante el periodo de transición de salida, que se prolongará, como mínimo, desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Bruselas exige que la Corte europea de Luxemburgo tenga la última palabra sobre la interpretación de la legislación comunitaria durante ese periodo, una humillante condición que Londres tendrá que aceptar con toda probabilidad.

La UE espera que Londres aclare su posición en las próximas semanas y sopesa la posibilidad de convocar una cumbre extraordinaria a mediados de noviembre para dar el impulso definitivo a la negociación. May también se muestra dispuesta a firmar un Brexit hipersuave que preserve intactas en su mayor parte las relaciones actuales entre las dos orillas del canal de La Mancha. Pero dentro y fuera de su Gobierno y fuera y, sobre todo, dentro de su partido conservador, maniobran los partidarios de un Brexit tajante para desterrar la tentación latente de vuelta atrás.

La UE afronta el difícil equilibrio de mantener el pulso de las negociaciones sin acorralar de manera irreversible a un Gobierno británico que ya ha cedido mucho terreno. Bruselas impuso sus condiciones en la necesidad de respetar los derechos de los ciudadanos residentes en Reino Unido (y viceversa) y en la factura pendiente de saldar (unos 50.000 millones de euros).