El Grupo de Lima rechaza cualquier intervención militar en Venezuela

Once de los 14 Gobiernos que conforman el Grupo de Lima expresaron este sábado su “preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela”, según un comunicado conjunto suscrito por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Colombia, pese a ser uno de los miembros, no adhirió al pronunciamiento. El Grupo de Lima, creado en 2017 para colaborar a resolver la crisis venezolana, también está integrado por Canadá y Guyana.

El comunicado responde al planteamiento expresado el viernes por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante una conferencia de prensa en Cúcuta (Colombia). “Creo que no debemos descartar ninguna opción”, comentó tras ser consultado sobre una potencial “intervención militar” para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. El Ejecutivo venezolano solo tardó unas horas en responder a Almagro, al que denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias internacionales por, supuestamente, promover una acción armada en el país sudamericano. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró en Twitter que se quieren revivir los “peores expedientes” de las injerencias militares “imperialistas” en América Latina: “(La) estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la OEA”.

Como argumento para justificar su posicionamiento, Almagro aludió a las "violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad" cometidos por el gobierno venezolano. La opción de una intervención militar ha sido recientemente considerada —a finales de julio— por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una posible salida a la crisis política. El comunicado de los 11 Gobiernos latinoamericanos reafirma “su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país, a través de una salida pacífica y negociada”. También se opone a acciones o expresiones relativas “al ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.

Esta es la primera vez que el Grupo de Lima y Almagro discrepan públicamente sobre Venezuela: por lo general, el secretario general de la OEA ha apoyado los gestos y las demandas de esa instancia hemisférica. En enero, sin ir más lejos, Almagro se hizo eco del llamamiento a rechazar las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

El marzo del año pasado, Tareck El Aissami, entonces vicepresidente venezolano, también amenazó con demandar a Almagro por “infamia” y “agresión”. El secretario de la OEA había recordado en ese momento los presuntos nexos del alto funcionario con el narcotráfico. Fue una acción infructuosa. Almagro es incómodo para el oficialismo. Su poder se limita al ámbito diplomático y denuncias públicas. “Urge que el régimen libere al diputado Juan Requesens, no más presos políticos en Venezuela, no más dictadura en Venezuela, no más represión en Venezuela”, pidió este sábado en Twitter.

El rechazo de la OEA al sucesor de Hugo Chávez creció después de las protestas antigubernamentales entre abril y julio de 2017. La represión resultó en más de 120 muertes, cientos de heridos y de detenidos. En aquella época, Almagro redobló la presión internacional para condenar al Gobierno de Venezuela. Pero hace años que el régimen denuncia planes conspirativos para deponer al líder chavista y generar una crisis en Venezuela. De los males acusan a Estados Unidos, Colombia y otros países, la oposición y los medios de comunicación. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, incluso ha ordenado instalar cámaras en el fronterizo puente internacional Simón Bolívar para “desmontar las mentiras” que se divulgan sobre el éxodo masivo en Venezuela. En un intento de reflejar una imagen distinta de la crisis, Maduro también ha emprendido un plan para “repatriar” a cientos de venezolanos.

Doce gobiernos formaron el Grupo de Lima en agosto de 2017 con el fin de aislar a Maduro, al final de una cita en la que suscribieron la Declaración de Lima para “condenar la ruptura del orden democrático en Venezuela”, respaldar la Asamblea Nacional democráticamente electa, y también condenar la violación sistemática de los derechos humanos, la violencia y represión en dicho país.

El grupo ha hecho numerosos llamados para restablecer el orden democrático, promover la liberación de presos políticos, concretar elecciones libres, y ha pedido a Maduro autorizar el ingreso de ayuda humanitaria.

Entre los miembros del Grupo de Lima, Colombia, Chile y Perú son los que han recibido el mayor número de migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria. Sin embargo, en las dos últimas semanas, Maduro envió a Lima un avión de matrícula venezolana para llevar de retorno a Caracas a 89 compatriotas suyos que no querían permanecer en Perú. Hasta fines de agosto, más de 414.000 venezolanos habían ingresado a este país, según cifras de la Superintendencia de Migraciones.

El Grupo de Lima surgió "como una instancia multilateral ante la ineficiencia de otro ente multilateral, la OEA, en el caso de Venezuela", apunta el internacionalista Óscar Vidarte. "Sin embargo", agrega, "una cosa es la OEA y los dilemas de poder al interior de la organización que impiden tomar decisiones acerca del caso venezolano, y otro es el papel del secretario general, quien ha tomado una posición crítica y directa contra el régimen de Maduro. El problema es que termina deslegitimando el papel de conciliador y mediador que le corresponde", cierra.