Estados Unidos concederá 20 millones de dólares a México para acelerar la deportación de inmigrantes

El Gobierno de Donald Trump tiene previsto conceder 20 millones de dólares en ayuda a México para acelerar la deportación de inmigrantes irregulares en ese país y evitar que lleguen a Estados Unidos. La decisión supone un golpe de realidad y un viraje drástico de Trump. Como candidato electoral, el republicano prometió hasta la extenuación que México pagaría por la construcción de un muro fronterizo, algo que el país vecino ha rechazado tajantemente. Y como presidente le ha acusado reiteradamente de pasividad en el control de su frontera con Guatemala.

Ahora, sin embargo, es EE UU el que paga a México. La Administración de Trump ha decidido utilizar parte de los fondos de ayuda exterior del Departamento de Estado para transferirlos al Departamento de Seguridad Interior con tal de endurecer, a través del país fronterizo, su política migratoria. Los 20 millones de dólares se utilizarán para deportar hasta 17.000 inmigrantes indocumentados en México, según una notificación del Gobierno estadounidense al Congreso. El Gobierno mexicano, por su parte, ha respondido anunciando que la medida aún no es definitiva. El comunicado de la secretaría de Gobernación subraya que se encuentran "evaluando la propuesta" .  

El Departamento de Seguridad Interior estima que los nuevos fondos pueden propiciar un aumento del 10% en la expulsión de inmigrantes latinoamericanos por parte de las autoridades mexicanas. “Esta asistencia de una sola vez ayudará al Gobierno mexicano a abordar y potencialmente a disuadir los flujos de migrantes irregulares, lo que ayudará a evitar que inmigrantes ilegales entren a Estados Unidos a través de la frontera sur”, esgrime Seguridad Interior en un comunicado. Las autoridades mexicanas serán las responsables de detener y deportar a inmigrantes de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales, pero será EE UU el que financiará por completo los aviones y autobuses con los que se trasladará a los indocumentados a sus países de origen o ciudadanía.

La inmensa mayoría de inmigrantes irregulares que llegan a EE UU son centroamericanos que viajan a través de México en un desesperado y peligroso periplo. Las estimaciones apuntan a que cada año transitan por México hacia EE UU unas 400.000 personas. Al facilitar las deportaciones en ese país, el objetivo del Gobierno de Trump es que sean menos los indocumentados que llegan hasta la primera potencia mundial. La ayuda también establece que deben expulsarse todos los inmigrantes que sean sospechosos de terrorismo aunque son escasos los de ese perfil.

“Esta propuesta es parte de un esfuerzo multifacético para abordar la crisis en nuestra frontera sureña. Estamos trabajando estrechamente con nuestros homólogos mexicanos para afrontar directamente las crecientes aprehensiones en la frontera”, señaló Katie Waldman, portavoz de Seguridad Interior. El Departamento advierte de que este mes han aumentado un 38% de las detenciones de familias tras entrar irregularmente a EE UU. Y sostiene que las limitaciones legales han impedido a las autoridades deportar hasta 94.000 inmigrantes arrestados el año pasado y que siguen en EE UU. Trump se queja de que las leyes y sentencias le impiden expulsar con rapidez a inmigrantes y ahora quiere reforzar el papel de México como gendarme en el sur.

Es un paso similar al que ya tomaron en el pasado los Gobiernos de George W. Bush y de Barack Obama. EE UU y México acordaron en 2008 la llamada Iniciativa Mérida por la que Washington concede ayudas millonarias en la lucha contra el narcotráfico y en el control fronterizo en el país vecino. Y en 2014 la Administración de Obama reforzó esos esfuerzos con un nuevo plan que ha llevado a México a vigilar con mucha más contundencia su frontera sur con Guatemala. El efecto fue mayúsculo: en 2015 y 2016 México deportó a más inmigrantes que EE UU.

Trump ha hecho de la demonización de la inmigración un pilar de su presidencia. Ha facilitado las expulsiones y ha restringido programas migratorios, pero muchas de sus medidas más polémicas han quedado estancadas por el rechazo del Congreso, los tribunales o la opinión pública. Su plan de construcción de un muro con México apenas ha recibido financiación de los legisladores y la Justicia le forzó a rebajar su veto inicial a inmigrantes de países de mayoría musulmana. En abril Trump impulsó una polémica directiva de separación de familias de inmigrantes indocumentados en la frontera, pero la presión política y social forzó en junio al presidente a derogarla.