La Iglesia de Australia se niega a denunciar los abusos sexuales revelados en confesión

La Iglesia católica de Australia ha anunciado este viernes que mantendrá el secreto de confesión en los casos de pederastia. La Conferencia Episcopal australiana dijo que los sacerdotes del país no pueden ser forzados a revelar abusos sexuales perpetrados por religiosos que han conocido durante la confesión de la víctima o el agresor, al considerar que violar esta norma "va contra la fe y la libertad religiosa". La negativa desoye las instrucciones de la comisión gubernamental que investiga desde 2012 casos de abusos sexuales a menores en instituciones religiosas australianas y que propuso el pasado diciembre imponer sanciones penales contra aquellos que no denuncien estos hechos.

La polémica llega unos días después de que el Papa solicitara en una carta pública a los responsables eclesiásticos que denuncien los posibles casos de pederastia tras conocerse la revelación de abusos a más de 1.000 niños en Pensilvania (EE UU).

El órgano de los obispos australianos considera que el secreto de confesión es precisamente una salvaguarda para los niños y las personas vulnerables. "La Conferencia de Obispos Católicos de Australia (ACBC, en sus siglas inglesas) continúa apoyando el sigilo sacramental (...) Los niños estarán menos seguros en lugar de más si se requieren informes obligatorios de confesiones", subrayan en un comunicado. El presidente de ACBC, Mark Coleridge, afirmó que el secreto de confesión es un "elemento no negociable de nuestra vida religiosa y encarna una comprensión del creyente y de Dios".

La Comisión de Investigación Real— el tipo de órgano de investigación más importante que puede encargar el Gobierno en Australia— llevó una pesquisa durante cinco años que culminó en diciembre con un documento que responsabilizaba a la Iglesia Católica y a los organismos públicos de los numerosos casos de pederastia, a los que calificó de "tragedia nacional". "Australia faltó gravemente a sus deberes" con los niños durante décadas, aseguraba un expediente que reveló que un 7% de los sacerdotes católicos que trabajaron entre 1950 y 2010 en el país fueron acusados de abusos sexuales. Además, según este documento, 4.500 personas se quejaron a la Iglesia por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución.

En su respuesta al informe de la comisión, de 21 volúmenes y más de 400 recomendaciones, los obispos australianos sí reconocieron que no actuaron debidamente para frenar los abusos de decenas de miles de niños en instituciones católicas de todo el país entre 1950 y 2010. "Muchos obispos no escucharon, no creyeron o no actuaron. Los obispos y dirigentes de órdenes religiosas se comprometen hoy: nunca más", aseguró ayer el arzobispo Mark Coleridge.

Los representantes de la Iglesia Católica aseguraron haber apoyado “un 98 % de las recomendaciones de la comisión”, pero se mostraron tajantes en relación al secreto de confesión: “La única recomendación que no podemos aceptar es sobre retirar el secreto confesión". Respecto al consejo de la comisión vinculado a la flexibilización del celibato, la Iglesia australiana ha notificado al Vaticano y ha pedido consejo de los expertos en esta materia.

Los obispos australianos se comprometieron a escribir a la Santa Sede en Roma instándole a hacer públicos los criterios de selección para emplear obispos y afirmaron que la Ley Canónica debe ser modificada para que se contemple el abuso sexual a menores como crímenes canónicos contra un menor y no como fallas morales.

A mediados de agosto, un tribunal australiano le concedió al exarzobispo australiano Philip Wilson, condenado a un año de detención por haber encubierto abusos pedófilos, el permiso para que cumpliera su pena a domicilio. En mayo, Philip Wilson, en ese entonces arzobispo de Adelaida (sur), de 67 años, fue declarado culpable de haber escondido abusos cometidos en los años 1970 por Jim Fletcher, un cura pedófilo, en la región de Hunter (Nueva Gales del Sur), al abstenerse de denunciarle. Wilson fue uno de los eclesiásticos de mayor rango en la jerarquía católica mundial en ser condenado por este tipo de hecho. El papa aceptó a fines de julio su dimisión.