El criminal de guerra que pide asilo en el país al que arrebató 10 vidas

Veinticuatro años pueden ser un suspiro para la memoria de un país. Lo ha comprobado el criminal de guerra ruandés Bernard Ntuyahaga. Una vez cumplida la condena de 20 años por su participación en el asesinato en 1994 de 10 soldados belgas que formaban parte de una misión de paz de la ONU en el país africano, el  que fuera comandante del Ejército ruandés ha sido trasladado desde la cárcel a un centro cerrado. Allí, mientras aguarda noticias sobre su futuro, ha tramitado una petición de asilo a las autoridades belgas para evitar ser devuelto a Ruanda. En su lugar, pretende obtener permiso para marcharse a Dinamarca, donde viven su mujer y su hijo.

Pese a que su intención es aprovechar la concesión de asilo para abandonar Bélgica, la demanda de protección internacional de Ntuyahaga ha generado indignación en el seno del ejército, la clase política y los familiares de las víctimas. El violento final de los militares dejó en la sociedad belga una huella de conmoción todavía presente. "Si Ntuyahaga obtiene protección en Bélgica, me voy del país", ha afirmado dolida la viuda de uno de los asesinados a la prensa flamenca.

La polémica sobre su asilo ha devuelto a un primer plano el relato de los hechos de aquel 7 de abril de 1994. En medio del caos que siguió a la muerte del presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, de etnia hutu, en un atentado contra su avión, Ntuyahaga, entonces alto cargo del ejército ruandés, ordenó detener a los diez cascos azules belgas que protegían el palacio presidencial de Kigali, la capital del país. Allí custodiaban a la primera ministra Agathe Uwilingiyimana, de etnia tutsi, también asesinada aquel día en una sangrienta oleada de crímenes contra los tutsis, falsamente acusados de armar un complot para derribar el aparato en que viajaba el presidente. Una investigación posterior determinó que en realidad fue atacado por radicales hutus que querían forzar la guerra.

Solo unas horas después de que el misil abatiera la aeronave, los soldados belgas fueron desarmados y trasladados a un campamento militar, donde algunos fueron asesinados por disparos y el resto golpeados con piedras o acuchillados hasta la muerte. En 2007, Ntuyahaga fue declarado culpable de esos crímenes, que provocaron la retirada de las tropas de la ONU justo cuando se recrudecía el genocidio que en apenas tres meses costó la vida a 800.000 tutsis y miles de hutus moderados.

Ntuyahaga, que ha vuelto a hacer saltar los puntos de sutura de una herida aparentemente cicatrizada en Bélgica, esquivó una pena muy superior. Los jueces le condenaron en 2007 a 20 años, pero la fiscalía belga pedía la cadena perpetua. Durante la lectura del veredicto, pese a haber evitado el máximo castigo, su rostro permaneció impasible. Ahora, 11 años después de que fuera procesado, la presión de los que ven como un premio a un criminal de guerra una eventual concesión de asilo ha alcanzado al Gobierno. "Voy a ser claro: este individuo no está en libertad y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que no sea puesto en libertad en territorio belga y sea devuelto al lugar de donde viene", afirmó anoche el titular de Inmigración belga, Theo Francken, en la televisión pública flamenca VRT.

El margen del Ejecutivo para actuar es a priori limitado. Las decisiones sobre asilo las toma el Comisariado general de Refugiados y Apátridas (CGRA), que analiza individualmente caso por caso. En este dosier, empapado de las pasiones que desata el recuerdo de los crímenes, los responsables de la oficina de asilo deberán estudiar hasta qué punto es real la amenaza de que Ntuyahaga reciba un trato inhumano en su país, donde corre el riesgo de ser detenido y encarcelado de nuevo. Y abordar con Dinamarca la otra alternativa: si es factible su aterrizaje en el país nórdico para reunirse allí con sus familiares ahora que ya ha pagado sus cuentas con la justicia.