“Sabemos que hubo religiosos que destruyeron evidencias sobre abusos sexuales en Chile”
El principal encargado de perseguir estos delitos cometidos por sacerdotes en el país explica por primera vez su decisión de imputar al líder de la iglesia chilena. “Vamos a hacer un juicio histórico", asegura
El próximo 21 de agosto, el fiscal Emiliano Arias (Chillán, 1972) tendrá enfrente al líder de la Iglesia católica chilena, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, al que interrogará como imputado por encubrir abusos sexuales de religiosos a menores. Será un hecho inédito en Chile, un país que en la dictadura de Pinochet tenía una de las Iglesias con mayor reputación del hemisferio —porque ayudó a perseguidos y se enfrentó al régimen—, pero cuya popularidad cayó en picado en las últimas décadas con un resultado evidente: la ciudadanía va camino de la secularización, empujada por la conducta de la jerarquía eclesiástica en los consecutivos escándalos sexuales cometidos por religiosos, que afectan sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Un 38% de los chilenos dice no profesar ninguna religión, récord que dobla la media en la región.
Arias es el principal encargado de perseguir en Chile los delitos de este tipo cometidos por sacerdotes. Hasta ahora no se había referido a su decisión de imputar a Ezzati, que se conoció el pasado martes, ni sus motivos para investigar a la cuestionada jerarquía de la Iglesia católica chilena. La fiscalía de ese país mantiene 37 causas abiertas de abusos sexuales en la institución, pero la cifra aumenta con los días. Ya son 68 personas investigadas, entre ellas 58 religiosos. Y hay 104 víctimas contabilizadas, de las que al menos 52 eran menores de edad en el momento de los abusos.
El pasado viernes, Arias asumió todas las nuevas causas que “se inicien y vinculen” con su investigación, que ha contabilizado a víctimas desde los 11 años. En la práctica, la decisión del fiscal nacional le llevará a investigar abusos en todo el país: gracias a inéditos registros de oficinas de la Iglesia en las últimas semanas —desde el regreso de la democracia en 1990 no sucedía algo así en Chile— tiene en sus manos cerca de 90 investigaciones canónicas por abusos contra menores realizadas desde 2007 hasta la fecha, que la institución guardaba bajo siete llaves y sobre la que no había informado a la justicia ordinaria. “Es un hecho que los religiosos en este país no tienen la obligación de denunciar, ¿pero pueden ampararse en que no están obligados para no trabajar estrechamente con la autoridad civil denunciando los delitos contra los menores de edad? Es igual que si hubieran tenido debajo de una capilla muchos muertos y solo hubieran hecho investigaciones canónicas”, critica.
El fiscal apunta su flecha contra un objetivo ambicioso: “A la cultura del encubrimiento dentro de la Iglesia católica chilena que ha posibilitado la comisión de delitos al interior de la organización”. Este camino le lleva directamente a los obispos que, a su juicio, son garantes de la protección de los menores. “¿Quién es el responsable de una organización y de lo que ocurre en un territorio? El obispo. ¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Por el obispo. Conocen los hechos durante todo el proceso”. Arias sospecha que “el sistema no funcionaba, porque no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones, no se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, unido a un sistema ineficaz de justicia canónica”. Y agrega un hecho probado: “Sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”.
El responsable de la investigación judicial cree que "el Papa abrió el camino para investigar el encubrimiento de abusos" con su carta a los fieles chilenos del pasado 31 de mayo, donde intentó reconciliarse con los católicos tras su complicada visita a Chile en enero. La de comienzos de año fue una tormenta embarazosa desatada por el propio Francisco, quien en medio de la gira calificó de “calumnias” las acusaciones de encubrimiento contra un obispo y provocó una inédita secuencia de hechos para un pontífice. Asumió el error, pidió disculpas, encargó una investigación, invitó a las víctimas ofendidas a la residencia vaticana Santa Marta y decidió llevar adelante una histórica limpia entre los obispos chilenos, que presentaron su dimisión en bloque, aunque hasta ahora el Papa solo ha aceptado cinco renuncias.
En su mensaje a los católicos chilenos al que se refiere Arias, Francisco reconoció que en la Iglesia local existía una “cultura del abuso” y de un “sistema del encubrimiento que le permite perpetuarse”. Mientras la Conferencia Episcopal chilena intenta ahora convencer a la opinión pública de que el Papa “hablaba de encubrimiento en el sentido coloquial del término, no en el sentido legal”, el fiscal Arias no tiene dudas: “La carta es potente. Un jefe de Estado nos dice en nuestra cara que algunos de sus ciudadanos organizados en Chile tienen una cultura del encubrimiento y del abuso. ¿Veamos entonces qué hechos concretos están encubriendo y los nombres de los posibles encubridores?”.
La investigación de Arias en los registros de las oficinas de la Iglesia halló las evidencias que posibilitaron el arresto por abusos sexuales y estupro del influyente sacerdote Óscar Muñoz, que abusó de al menos cinco niños, algunos sobrinos suyos y otros monaguillos “sin experiencia sexual”, según detalló el fiscal. Estaban en plena etapa de formación y los delitos —cometidos entre 2002 y marzo de 2018— se cometían en las parroquias. Esto se transformó en la pieza fundamental para llegar a los posibles encubridores de la jerarquía. Muñoz, como canciller de la Iglesia hasta enero pasado, tenía a su cargo el archivo secreto de todas las investigaciones canónicas. Era un hombre de confianza de Ezzati, el arzobispo de Santiago al que el Papa no le ha aceptado la renuncia, aunque en enero cumplió la edad de retiro. Sigue oficiando de líder en una situación que parece insostenible: escándalos sexuales explotan en todo el país, las misas que celebra son interrumpidas con abucheos, a lo que se suma ahora su propia situación judicial.
“Vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinados obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencias se hubiesen evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos”, señala Arias, que anima a las víctimas a denunciar. “Si no lo hacen no existe encubrimiento que valga. La Iglesia son los fieles”.
Un país sacudido por los escándalos
Tras su viaje a Chile en enero, el Papa ordenó la visita al país sudamericano de dos religiosos para investigar los casos de abusos sexuales: el obispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu. Tras maratonianas jornadas escuchando testimonios, elaboraron un documento de 2.300 páginas —conocido como informe Scicluna—, que terminó por convencer al Papa de la gravedad de la situación chilena y de la necesidad de que sus enviados viajaran a Chile por segunda vez. “Ellos ven una situación bastante anormal en nuestro país, respecto de la cantidad de hechos que se están denunciando de esta naturaleza en relación a otros lugares del mundo”, explicó el fiscal Raúl Guzmán, tras un encuentro de los investigadores con ambos sacerdotes. La fiscalía chilena, tomando la palabra a los enviados del Papa, que ofrecieron colaboración, está pidiendo oficialmente al Vaticano que le entregue el informe Scicluna.
Chile es un país sacudido por los abusos. El ministerio público informó hace algunos días de la existencia de un inédito registro que da cuenta de que 158 personas ligadas a la institución han sido investigadas desde 2000 y que se contabilizan al menos 266 víctimas, 178 de las cuales eran niñas, niños o adolescentes en el momento de los hechos. Se estima que, como en los delitos sexuales, esta cifra es apenas la punta del iceberg, porque el 90% permanece oculto.
Al líder de la Iglesia católica chilena, Ricardo Ezzati, no se le investiga como encubridor de abusos sexuales contra menores por un solo caso ni por un periodo de tiempo específico. La fiscalía analiza el comportamiento histórico del religioso salesiano cada vez que tuvo conocimiento de este tipo de delitos en sus misiones en distintas ciudades del país y revisará algunas causas a las que se le ha vinculado en los últimos años. Entre otros asuntos, porque ¿cómo podrán demostrar los investigadores la intención de encubrir? Porque lo deducen de los propios hechos: son conductas reiteradas en el tiempo —acciones u omisiones—, cuyo propósito es generar un manto de protección para los responsables.
La fiscalía estudiará lo que ocurrió con el sacerdote Cristián Precht, abusador de menores, al que Ezatti habría rebajado a cinco años la prohibición de ejercer el sacerdocio, aunque la recomendación inicial era castigarlo a perpetuidad. Los investigadores revisarán adicionalmente la actuación del líder de la Iglesia en el caso Karadima, el más simbólico del país. Es público que entre 2013 y 2014, por ejemplo, Ezzati y su antecesor en el Arzobispado de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, intercambiaron correos electrónicos en que trataban de mentiroso a Juan Carlos Cruz, una de las víctimas. Errázuriz —que forma parte del consejo de cardenales del Papa, C9— sería otro de los religiosos que estarían en la mira del fiscal Emiliano Arias. Un tercero sería Alejandro Goic, hasta hace poco obispo de Rancagua.
Un caso especialmente delicado para Ezzati es el de Óscar Muñoz, arrestado por abuso sexual reiterado contra menores y estupro. Cercano colaborador del obispo, hasta enero pasado era el canciller de la Iglesia y, por lo tanto, parte de la jerarquía. En el ejercicio de ese cargo tenía el deber de interrogar a los niños abusados y resguardar los archivos secretos del Arzobispado de Santiago, donde se hallan todas las investigaciones canónicas. Solos dos personas tenían llaves de ese lugar: Ezzati y Muñoz, que en enero de este año se autodenunció por abuso de menores, algunos de los cuales eran sus sobrinos. El líder de la Iglesia chilena, sin embargo, no denunció estos delitos a la justicia civil y fue la fiscalía la que abrió la investigación de oficio en mayo. Gracias a los allanamientos a las oficinas de la Iglesia, el fiscal Arias descubrió que había nuevos casos que tampoco habían sido denunciados por Ezzatti y que algunos de los delitos se cometieron incluso hasta marzo.
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