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Lo que va a pasar (JEP, Bogotá)

La imagen de los jefes de la antigua guerrilla poniendo la cara en las primeras planas no es otra conjetura colombiana, sino un giro y un remedio

Ha sido así siempre. Hemos debatido a muerte –y nos hemos señalado y entorpecido y aniquilado moralmente los unos a los otros– por cosas que van a pasar, pero que muy pocas veces pasan: zanjamos el país por el posconflicto, por el Gobierno entrante, por el metro de Bogotá que iba a ser subterráneo pero ahora va a ser elevado pero jamás va a ser. En la Colombia del siglo XIX se hablaba de nuestras “viceversas” porque ya era muy colombiano “ensillar antes de traer las bestias”, desgastarse en una pelea por algo que finalmente no sucedía, deshacer lo que se estaba haciendo cuando aún era un plan en el papel, que todo lo aguanta y lo celebra. Así ha sido con los acuerdos de paz con las FARC. Así ha sido con el regreso del uribismo al poder. Se ha estado hablando de la llegada de nuevas violencias. Se ha estado vaticinando el triunfo de la impunidad.

Y ni lo uno ni lo otro ha comenzado: ni el acuerdo de paz ha reinventado la violencia que ha sido el peor fruto de esta tierra, ni el Gobierno entrante ha traído el acabose nuestro que no toca fondo.

De hecho, sólo hasta esta semana que pasó, luego de meses de estigmatización “preventiva”, se hicieron visibles los dos pilares de los acuerdos: la Jurisdicción especial para la paz (JEP) y la Comisión de la verdad. Que desde las gafas oscuras del uribismo han sido vistas –y presentadas a sus seguidores– como engendros legales diseñados para las FARC y oficiados por izquierdistas irredentos. Pero que en la práctica no han caído en parcialidades ni en sesgos. Y esta semana han probado que esto hasta ahora existe y hasta ahora está empezando. La Comisión ha comenzado a abrir los archivos de los actores del conflicto. La JEP ha puesto a los líderes de la guerrilla desarmada a rendir cuentas sobre el secuestro, el crimen que lo pervirtió todo: qué clase de rebeldes viven de secuestrar al pueblo que van a liberar.

Y la imagen de los jefes de la antigua guerrilla poniendo la cara en las primeras planas, “haremos hasta lo imposible para que conozcan la verdad…”, no es otra conjetura colombiana, sino un giro y un remedio.

Falta poco para que comience el Gobierno nuevo, pero falta mucho para decretar el Apocalipsis: el tono democrático del presidente Duque, que ya es mucho, aún no ha sido derrotado por la vehemencia astuta de los politiqueros que se niegan a reconocer que los acuerdos de paz son el fin de la política con armas; por la histeria de esos falsos líderes, hinchas de la Guerra contra los drogas, que prefieren no ver la diferencia entre las guerrillas de antes y las bandas criminales de ahora; por la gritería de los alborotadores que ni siquiera reconocen que aquí hubo un conflicto armado; por el delirio de aquellos caraduras que están amenazando periodistas; por el cinismo de los empresarios que ya están pidiendo que les bajen los impuestos para que sus empleados puedan pagarlos por ellos, ay, Dios, que vuelvan a los colegios las clases de Historia.

Esta es nuestra realidad: una articulación de las verdades de la guerra –un relato en voz alta, dirigido a las víctimas, para todos los países del país– durante un nuevo Gobierno del uribismo. Así pasó. Así es. Así tiene que ser. Que se dé la Jurisdicción especial para la paz a ver si hubo justicia en este sitio. Que se dé la Comisión de la verdad a ver si hubo lugar para los hechos. Que se dé el Gobierno del presidente Duque a ver si esto no es más que una venganza o es un Estado. Y que los hechos empiecen a llevarle la contraria a esta megalomanía, exacerbada por las ficciones de las redes, tan propia de las sociedades ombliguistas e infantiles que desconfían tanto del futuro –y de sus agentes– que hacen lo que esté a su alcance para no tenerlo.