Diez Gobiernos latinoamericanos alertan de la movilización militar de Venezuela en la frontera

Diez Gobiernos de América Latina redoblaron este martes la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, mostraron su preocupación por el incremento del despliegue militar de Venezuela en la frontera con Colombia y anunciaron "medidas a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático". Estos países integrantes del Grupo de Lima, nacido hace un año en la capital de Perú con el propósito de contribuir a resolver la gravísima crisis institucional que sufren los venezolanos, emitieron una declaración conjunta que condena sin matices la deriva del régimen, que se aceleró en las últimas semanas tras la celebración de elecciones presidenciales el pasado 20 de mayo.

El comunicado denuncia "la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela, reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos". Este nuevo posicionamiento, suscrito por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Maduro y la región. A eso se añade una coyuntura económica insoportable, con una hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), disparará los precios un 1.800.000% en dos años.

Los países firmantes "expresan su profunda preocupación por informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia". Esta decisión, agregan, "se contradice con el espíritu de la proclama sobre América Latina como zona de paz aprobada en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños". Las relaciones diplomáticas entre el Ejecutivo chavista y su vecino, con el que comparte más de 2.200 kilómetros de linde, se encuentran en su peor momento. En medio de una emergencia migratoria sin precedentes, el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, se propone liderar la oposición a Maduro y apoya la denuncia presentada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

El sucesor de Hugo Chávez, en una estrategia habitual que busca desviar la atención culpando a un supuesto enemigo exterior, acusó la semana pasada a Estados Unidos de planificar un conflicto.  “El imperialismo norteamericano está preparando provocaciones en la frontera y más allá, para llevar a Colombia y a Venezuela a un estado de confrontación armada. Lo he dicho en varias oportunidades y lo reitero”, afirmó. El mandatario fue reelegido en mayo hasta 2025 en unos comicios que registraron una abstención récord por el boicot de las fuerzas mayoritarias de la oposición. El Grupo de Lima incide, además, en la falta de legitimidad de la votación "por no cumplir con los estándares internacionales, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático".

La declaración recoge, además, una "profunda consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciadas en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registradas en el reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos". La ONU denunció en junio la represión del chavismo por las “graves violaciones de los derechos humanos” perpetradas en Venezuela y pidió a la Corte Penal Internacional de La Haya “mayor implicación” para tratar de frenar estos crímenes. El informe califica la deriva del país de “espiral descendente que no parece tener fin”, documenta cientos de ejecuciones, la violencia de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, detenciones arbitrarias y torturas, y advierte de la impunidad de las autoridades.

Después de varios intentos frustrados, estos países del Grupo de Lima "hacen un llamado a la instalación de un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia". Además, instan al Gobierno venezolano "para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición". En los últimos meses, según cálculos oficiales de Colombia, ingresó en el país en busca de oportunidades más de un millón de venezolanos.