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Polonia quiere retirar la pena de cárcel para los que digan que el país fue cómplice del Holocausto

El Gobierno ultraconservador recula sobre la controvertida ley, muy criticada por EE UU e Israel

Marcell Nagy en un fotograma de 'Sin destino', película que evoca la historia personal de Imre Kertész, dirigida por el director húngaro Lajos Koltai. En vídeo, declaraciones del presidente de Polonia el pasado mes de abril.

Después de meses de críticas de Estados Unidos, de Israel y de decenas de expertos y organizaciones internacionales, el Gobierno de Polonia ha decidido recular en la controvertida ley que castigaba penalmente, incluso con la cárcel, a quien sugiriese que la nación polaca fue cómplice del régimen nazi en el Holocausto. El parlamento polaco ha votado este miércoles una enmienda a la ley que deja sin efecto las penas. En vez de retirar toda la norma, es la fórmula elegida por el Ejecutivo de Mateusz Morawiecki, del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), para tratar de rebajarla o anularla. Con esta decisión, el nacionalista Ley y Justicia busca recuperar su buena sintonía con Israel y con Estados Unidos en un momento en que su relación con la Unión Europea pasa por uno de sus peores capítulos debido a los ataques constantes del Gobierno del PiS al Estado de derecho.

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La marcha atrás se produce, además, un día después de que el Ejecutivo polaco tuviese que responder a las preguntas de sus socios en el Consejo Europeo, como consecuencia de la activación del artículo 7, con el que se puede llegar a retirar el derecho de voto al gigante del Este dentro de la UE si mantiene en su deriva autoritaria. Y, excepto por su inesperado cambio en la conocida como Ley del Holocausto, parece que se mantiene en sus trece. De hecho, está previsto que el próximo martes entre en vigor una nueva batería de medidas que, según la Comisión Europea, atentan contra la independencia judicial.

Con ese telón de fondo, la retirada de las penas en la controvertida ley del Holocausto rebaja algo la tensión en Polonia (37,9 millones de habitantes). La norma castigaba entre otras cosas el uso de la expresión "campos de concentración polacos" para referirse a los centros de exterminio de judíos que los nazis construyeron en la Polonia ocupada. "Renunciamos a las sanciones penales", ha afirmado Michal Dworczyk, el jefe de la oficina del primer ministro, Mateusz Morawiecki, en declaraciones a la cadena de radio pública, informa Reuters.

El objetivo de la norma era, según el Gobierno polaco, "preservar los intereses de Polonia", su "dignidad y la verdad histórica". Sin embargo, como parece haber reconocido este miércoles, el efecto ha sido más bien el contrario. Con la polémica ley, Polonia ha enfriado sus relaciones con un aliado histórico, como es Estados Unidos, y ha deteriorado las entabladas y trabajadas durante años con Israel. Una sintonía que el primer ministro Morawiecki ha declarado este miércoles que espera recuperar al dejar sin efecto penal la ley --aunque no esté anulada del todo--, que el presidente polaco ratificó en febrero y que se aplicaba a declaraciones sobre el Holocausto hechas dentro y fuera de Polonia.

La norma además, había recibido las críticas y llamadas de alerta de decenas de renombrados historiadores y académicos internacionales, que clamaban que pretendía hacer un revisionismo de la historia y atacar cualquier investigación sobre el pasado. También de un buen número de juristas que afirmaban que era anticonstitucional. De hecho, y pese a las dudas, Andrzej Duda, decidió rubricar la ley primero y después enviarla al Tribunal Constitucional, que estaba pendiente de pronunciarse. Así, tras la sesión parlamentaria, el portavoz del Gobierno ha reconocido que la ley "distraía" del objetivo perseguido y que se hallarían otras "herramientas" para "proteger el buen nombre de Polonia".

El pimer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dado la bienvenida a la decisión del Gobierno polaco de "rescindir por completo" las cláusulas más polémicas de la controvertida ley, en un paso que contribuirá a mejorar las relaciones entre ambos países tras la consternación que causó su aprobación en la comunidad internacional. "No se puede cambiar la historia, ni negar el Holocausto", había advertido Netanyahu, cuyo Gobierno había mantenido hasta ahora unas privilegiadas relaciones con Varsovia. El bloque de países del Este es considerado en Israel como el más favoble a sus intereses en el seno de la Unión Europea.

Yad Vashem, el museo y centro de investigación del Holocausto sito en Jerusalén, consideró también que la decisión del Gobierno polaco ha representado "una actuación positiva en la dirección adecuada". Tras la aprobación de la ley a comienzos de año, los resposables de Yad Vashem advirtieron de que "se obscurecía la verdad histórica en relación con la ayuda que la Alemania nazi recibió de la comunidad local polaca dutante el Holocausto". La máxima autoridad mundial de estudios sobre el exterminio judío defiende la libertad de investigación para impedir "tergiversaciones históricas".

Unos tres millones de judíos que vivían en Polonia en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados por los nazis, lo que supone cerca de la mitad de los judíos que perecieron en el Holocausto. Judíos del continente europeo fueron enviados para ser exterminados en Auschwitz, Treblinka, Belzec y Sobibor, los campos de concentración creados y gestionados por los nazis alemanes en la Polonia ocupada, que en aquella época era el país con una mayor comunidad judía.

Miles de polacos arriesgaron sus vidas para proteger a sus vecinos judíos durante la guerra. Sin embargo, las investigaciones publicadas desde la caída del comunismo en 1989 muestran que miles de polacos también mataron a judíos o denunciaron a los que se escondían del Tercer Reich, lo que pone en cuestión la narrativa oficial que señala que Polonia fue solo una víctima.

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