La bala de la impunidad

La bala que mató a Fernando Purón Johnston, candidato del PRI a diputado federal en Piedras Negras, Coahuila el viernes 8 de junio, fue la misma que seis días antes, el día dos, había matado a Pamela Terán Pineda, candidata a concejal el Juchitán, Oaxaca, y a Juana Maldonado Infante, candidata a diputada local en Jopala, Puebla. Fue la misma que al día siguiente, el sábado 9, hirió a Rosely Magaña, candidata a regidora en Isla Mujeres, Quintana Roo, matándola 72 horas después. Y fue la misma que el jueves mató a Alejandro Chávez, candidato a alcalde de Taretan, Michoacán.

Para acabar pronto, fue la misma que ha matado a 44 precandidatos y candidatos a cargos de elección y a otros 70 funcionarios y figuras políticas en este proceso electoral. No se necesita prueba balística para sostener la afirmación, solamente seguir la trayectoria de la bala de la impunidad.

La persona que ordenó el asesinato de Purón probablemente sabía que no le iba a pasar nada, porque al asesino de Terán no le pasó nada, y éste a su vez que quizá supo que al asesino de Salado no le pasó nada y así se construye una larga madeja de impunidad hacia atrás.

Me da la impresión de que esta película ya la vimos. La secuencia de candidatos asesinados en el actual proceso electoral en México se parece mucho a la lista de decenas de periodistas asesinados en México en la última década. Una sucesión de crímenes que alarman en un principio, pero que se van normalizando.

Candidatos y periodistas son dos grupos de alto riesgo en México. Por supuesto que no son los únicos, solamente dos subgrupos de la violencia desenfrenada que el año pasado cobró un promedio diario de 20 víctimas y que no tiene para cuándo parar. Y si bien el móvil de cada asesinato es particular, en el caso de periodistas y candidatos un hilo común que los une es que en ambos casos las víctimas pudieron haber tocado intereses poderosos que prefieren la vía violenta para acabar con las amenazas porque en un país con un Estado de derecho quebrado es más fácil y rápido.

A lo largo de esta sucesión de crímenes hay quienes advierten la gestación de una epidemia, pero sus voces son ahogadas porque no pasa nada, hasta que llega un caso de alto perfil que provoca mayor impacto, que eleva el volumen de los lamentos, aunque la vehemencia creciente de las condenas no termina por solucionar nada. Porque La “condena enérgica” que escuchamos de las autoridades es apenas un placebo que muestra su ineficacia.

Peor aún, cuando esos casos de alto perfil son registrados en las más altas esferas de autoridad, luego de haber ignorado decenas de casos, lo más probable es que las cosas empeoren.

Fernando Purón fue el candidato de más alto perfil asesinado en el actual proceso electoral, al ser el primero que contendía por un cargo de elección federal, mientras los anteriores habían sido aspirantes a cargos locales en municipios pequeños. Su muerte fue la primera que ameritó la presencia de un miembro del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto en el funeral. El secretario del Trabajo, Roberto Campa, viajó a Piedras Negras con la representación presidencial, pero también con los mismos lugares comunes de prometer justicia.

Algo similar ocurrió con el caso de Javier Valdez, el periodista de más alto perfil asesinado en México en los últimos años. Hace un año, cuando fue acribillado en Culiacán, Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el homicidio de un periodista, luego de haber ignorado 35 crímenes anteriores cometidos durante su sexenio. El presidente reunió al gabinete de seguridad y a los gobernadores, giró instrucciones para que se fortaleciera la protección de periodistas y prometió que el homicidio no quedaría impune.

Un año después dos de los tres hombres que atacaron a Valdez el 15 de mayo de 2017 han sido detenidos, pero acusados solamente de la autoría material del crimen, pues hasta ahora los autores intelectuales gozan de la misma impunidad que han gozado los autores de las decenas de asesinatos anteriores.

Así, es fácil concluir que, si el asesinato de un periodista reconocido nacional e internacionalmente provocó la reacción del mismo presidente de la República, pero todavía está impune, cualquiera que esté pensando matar a un periodista menos conocido que Javier Valdez puede pensar razonablemente que se saldrá con la suya. De hecho, ya hubo algunos que lo pensaron: en 2017 seis periodistas más fueron asesinados después de Javier Valdez y en 2018 al menos cuatro.

Por eso la presencia de Campa en el funeral de Purón implica un reto en sí mismo: si el asesinato de un candidato que ameritó este nivel de atención queda impune, la suerte de otros ya está echada.

La impunidad en el homicidio de Purón también lleva otro riesgo, pues amenaza con echar por la borda la pacificación que ha tenido en los últimos años el Estado de Coahuila y en particular la zona norte del estado, que se ancla en Piedras Negras, donde Purón fue alcalde de 2014 a 2017, lapso en el cual operativos estatales y federales lograron desmantelar el poderío de Los Zetas, que reinaron en esa zona durante la década previa. A diferencia de administraciones municipales anteriores, la de Purón no sucumbió al control de Los Zetas. Ese había sido uno de los ejes de su discurso y es ahora una de las líneas de investigación de su muerte.

Fue durante los años en que Purón fue alcalde cuando Piedras Negras logró sobreponerse al trauma de las masacres y desapariciones que han sido documentadas con espeluznante detalle por El Colegio de México, el gobierno de Coahuila y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ha sido tan notable esa recuperación que en las últimas encuestas de seguridad urbana del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Piedras Negras aparecía entre las ciudades con mejor percepción de seguridad, un dato del que presumía el candidato asesinado en sus últimos meses como alcalde.

Hace apenas una semana, Pablo Ferri publicó en este diario la crónica de un viaje por Coahuila que terminaba precisamente en Piedras Negras. Dando cuenta del horror de los últimos años, el relato mostraba también una semblanza de tranquila normalidad dentro de las campañas políticas. Dos días después de publicado el texto, la historia cambió completamente a una que ya conocemos de sobra.

Javier Garza Ramos es periodista en Torreón, Coahuila.