El presidente acaba de descubrir que en México matan periodistas

Treinta y cinco periodistas asesinados después, el presidente Enrique Peña Nieto sintió la necesidad de acudir a Twitter para mandar sus condolencias y expresar su indignación por el más reciente. El homicidio de Javier Valdez Cárdenas el pasado 15 de mayo en Culiacán cimbró a la prensa mexicana como ningún otro crimen anterior en la década en que se ha desatado la violencia contra periodistas. El alto perfil de Javier y el reconocimiento a nivel nacional e internacional por su trabajo sobre el crimen organizado hizo de este caso uno excepcional, dándole la atención que no tuvieron los otros cinco homicidios de periodistas de este año.

El crimen también provocó una reacción inusitada, contundente, enérgica de parte del Gobierno mexicano que, paradójicamente, solo resaltó el desdén, la ignorancia y la negligencia que han tenido durante años ante la violencia contra periodistas. Parece que Peña Nieto y su Gobierno apenas descubrieron que en México se matan periodistas con una facilidad pasmosa.

El presidente fue rápido para "girar instrucciones" a una fiscalía de atención a delitos contra libertad de expresión cuya inoperancia ha sido comprobada. Apenas en marzo, tras el homicidio de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua, la Procuraduría General de la República admitió que solo tres de las 798 denuncias recibidas desde 2010 han resultado en una condena. Es decir, el 99,7% de los delitos contra periodistas denunciados no se han castigado.

A principios de mayo, una carta de la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA) y el Foro Mundial de Editores (WEF), advirtió a Peña Nieto que las instituciones mexicanas ya no parecían capaces de detener los crímenes contra periodistas ni garantizar la libertad de prensa. Luego, en una reunión con representantes del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) a principios de mayo Peña Nieto admitió esta realidad al ofrecer sustituir al titular de la fiscalía. 10 días después de esa reunión fue asesinado Valdez. El problema, claramente, no era de personas, sino de instituciones, pero como cambiar instituciones es más difícil, pues mejor cambiar a la persona para que parezca que se hace algo.

Pero esto es algo que se arrastra desde hace años y que durante los cuatro años y medio del Gobierno de Peña Nieto ha sido advertido: en México no hay garantías para la libertad de prensa y a la autoridad no le interesa castigar a quienes la dañan. Un solo dato que por sí solo revela la incapacidad del Gobierno de Peña Nieto para hacer frente al problema: cada año de su mandato ha cerrado con más periodistas asesinados que el año anterior. cuatro en 2013, seis en 2014, siete en 2015, 12 en 2016 y seis en lo que va de 2017. El aumento solo se explica por la impunidad. Es obvio que cualquier persona que hoy piense matar, golpear, secuestrar o amenazas a un periodista puede hacerlo porque quien lo hizo antes se salió con la suya.

Es claro que Peña Nieto tiene mal el diagnóstico, pero esto es porque también lo tiene mal su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien un día después del asesinato de Valdez convocó con urgencia inusitada a una reunión con los gobernadores del país para abordar el problema. Esta misma convocatoria expone su falta de interés: Osorio cree que los gobiernos estatales son parte de la solución cuando en realidad son parte del problema.

Entre los convocados a la reunión del miércoles 17 en Los Pinos estuvo, por ejemplo, el gobernador de Guerrero, donde no han avanzado las investigaciones del asesinato de Cecilio Pineda y donde el sábado 13 de mayo fueron secuestrados siete periodistas por un comando armado que tenía un retén en una carretera. También estuvo el de Veracruz, donde tampoco han avanzado las pesquisas por el homicidio de Ricardo Monlui en Córdoba o el atentado contra Armando Arrieta en Poza Rica o los más de 10 homicidios de los últimos seis años. Y fue el de Tamaulipas, un Estado descrito como "zona de silencio" en un reporte reciente de la Organización de Estados Americanos, donde los reporteros están bajo amenaza constante del crimen. Y estuvo el de Oaxaca, donde en los últimos años más de 10 periodistas han sido asesinados sin que ningún crimen haya sido castigado.

La reunión ocurrió con toda la solemnidad y protocolo de un encuentro presidencial pero su contenido también delató la falta de interés de los presentes. Como el tema de la violencia contra periodista lo tocaron quienes no han podido frenarla, era lógico que dieran vueltas sobre sus propias fantasías. Como cuando Osorio Chong dijo que Gobierno federal y Estados trabajan "en corresponsabilidad" para atender violencia contra la prensa. Quizá ignore que la coordinación Federación-Estados es una de las bases del Mecanismo de Protección de Periodistas y también una de las fuentes del problema, al ser autoridades estatales las que frecuentemente causan o solapan la violencia.

El procurador Raúl Cervantes habló de una "deuda con la sociedad" ante las agresiones. Pero es una deuda que se arrastra de hace años. Si bien es cierto que la ola de violencia contra periodistas no empezó con el actual Gobierno, también es cierto que el actual Gobierno la dejó crecer. Recibió una situación grave del sexenio de Felipe Calderón y la empeoró con su apatía y las agresiones contra periodistas se duplicaron de 2012 a 2016, de acuerdo con datos de Artículo 19.

Pero el sentido de urgencia, de prisa por convocar a reuniones y girar instrucciones para resolver el problema de la violencia contra periodistas da una impresión contraria, la de la improvisación y el riesgo de que esta "llamarada de petate" se extinga pronto. En diciembre pasado escribí aquí que parecía que los políticos mexicanos acababan de descubrir la violencia de género tras la golpiza que recibió la senadora Ana Gabriela Guevara y que habían ignorado los miles de casos que ocurrieron antes. El furor duró unos días y se apagó y nada de lo prometido entonces se ha materializado.

Temo que lo mismo va a pasar en este caso cuando las autoridades creen que con reuniones y discursos se soluciona el problema. La reunión de Peña Nieto con los gobernadores terminó con promesas de más dinero y recursos humanos y materiales a las instancias encargadas de proteger a periodistas, como el Mecanismo y la Fiscalía Especial, pero más dinero a un problema nunca ha sido garantía de solución. No es un asunto de instituciones sino de voluntad. Si en cuatro años y medio nadie se ha ocupado del problema, ¿qué nos hace pensar que ahora sí? Dicho de otra forma, ¿por qué el presidente esperó tanto tiempo para pedir un minuto de silencio por periodistas asesinados?

La violencia contra periodistas sólo se va a acabar con resultados, cuando los agresores sean encontrados, procesados y castigados. A estas alturas, es posible que solo un apoyo internacional pueda aportar una solución. Una comisión de expertos internacionales que surja de las relatorías para libertad de expresión de Naciones Unidas y la OEA podría ser el único organismo con credibilidad para atacar el problema.

Porque el Gobierno ha desperdiciado esa credibilidad con mensajes vacíos que contradicen la realidad. Ahí está la cuenta de Twitter de Peña Nieto, donde el 3 de mayo de 2014, en el día mundial de la Libertad de Prensa, escribió que reitera el compromiso de su Gobierno "de asegurar el ejercicio pleno de este derecho constitucional". Un año después dijo que su Gobierno "vela por el pleno ejercicio" de este derecho. Y en 2016 que trabaja "para asegurar el derecho de libertad de prensa". 

Pero en todo este lapso más de 30 periodistas han sido asesinados. Al acudir a Twitter para lamentar el más reciente, el presidente Peña Nieto fácilmente pudo haber copiado cualquiera de estos mensajes cuando escribió que reitera "nuestro compromiso con la libertad de expresión y prensa". Cada vez es más difícil creer.

Javier Garza Ramos es periodista, conductor del noticiero Reporte100 en Imagen Laguna y consultor de la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA).