La ‘limpieza demográfica’ se cierne sobre Siria

Un controvertido decreto del régimen sirio, definido como plan de desarrollo urbanístico y conocido como Ley 10 de propiedad, ha hecho saltar las alarmas entre las organizaciones humanitarias. La ley representa, para Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), un intento de hacer “limpieza demográfica”, ya que abre la vía a designar áreas de reconstrucción y expropiar y confiscar propiedades “sin un debido proceso [legal] y sin compensación”, subraya HRW. 

Lo que preocupa es que Damasco utilice el impreciso decreto para reconfigurar el equilibrio demográfico resultante de siete años de guerra imposibilitando el retorno a sus hogares de aquellos ciudadanos que apoyaron o simpatizaron con los grupos armados insurrectos. Los complejos mecanismos de reivindicación de la propiedad que establece la ley suponen un doble desafío para los propietarios, en muchos casos ausentes. El proceso de reconstrucción podría por tanto desembocar en masivas expropiaciones precisamente en aquellas barriadas donde se concentró la rebelión contra las fuerzas de Bachar el Asad, como en la ciudad vieja de Alepo, en Homs o en la periferia de Damasco, donde barrios enteros han sido borrados del mapa por los bombardeos y los combates.

Más información

Así se construye el caso contra el régimen de El Asad

El avance del régimen sirio provoca una oleada de desplazados sin precedentes

El decreto en cuestión, que aún no ha entrado en vigor, fue aprobado el 2 de abril para complementar uno promulgado en 2012, un año después de empezar la guerra. Mientras el primero contemplaba arrasar dos zonas de Damasco y su periferia para urbanizarlas, la nueva normativa se amplía de forma imprecisa al resto del país, es decir, al menos al 60% del territorio nacional que ha quedado bajo control de El Asad tras siete años de contienda. El plazo y la documentación necesaria son los requisitos más criticados. La primera versión del documento estipulaba un inviable plazo de 30 días para que los ciudadanos aportaran la documentación necesaria junto con los registros de propiedad. Tras las quejas, Damasco lo ha ampliado a un año.

Según la ONU, la mitad de la población siria de preguerra (23 millones) ha sido forzada a abandonar sus hogares por la violencia; hay 5,6 millones de sirios refugiados en el exterior y 6,2 millones de desplazados internos. El 27% de los hogares ha sido destruido por los combates, según el Banco Mundial, que cifra en 180.000 millones de euros la factura económica del conflicto. Y junto a los hogares se ha esfumado buena parte de la documentación. En un estudio de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en sus siglas inglesas), el 70% de las 580 familias refugiadas entrevistadas decían no tener documentos o registros de propiedad.

“Visto el historial del Gobierno sirio, los casos de abusos, torturas y desapariciones forzadas, el regreso es inseguro no solo para quienes participaron activamente en la oposición sino para el personal médico, los activistas, etcétera”, explica por teléfono Lynn Maalouf, de Amnistía Internacional.

Alemania es el país europeo que más refugiados sirios ha acogido, unos 650.000. “Queda bastante claro que el objetivo de El Asad es reemplazar a la antigua población por una nueva”, explicaba un alto funcionario del Gobierno germano a Reuters. El Asad sostiene que la ley “ha sido malinterpretada” por las potencias occidentales para azuzar a la opinión pública en su contra. “Aquí no se va a desposeer a nadie de nada”, aseguró recientemente en una entrevista al diario griego Kathimerini.

Reclamaciones

“Estamos aún analizando la ley, que contiene numerosas disposiciones y no es definitiva”, valora desde Jordania Rula Amin, portavoz de Acnur (agencia de la ONU para los refugiados) para Oriente Próximo y el Norte de África. Independientemente del bando con el que simpaticen, miles de ciudadanos han perdido sus documentos durante la guerra.

Conforme a la costumbre, además, el 50% de los sirios inscribieron sus propiedades a nombre de parientes lejanos o terceras personas, según los datos del Banco Mundial. Cuando la guerra se ha cobrado ya más de 400.000 vidas, las viudas y huérfanos, o las mujeres de desaparecidos, han de embarcarse en largos procesos legales para reclamar el patrimonio a nombre de sus familiares.

Acumulando victorias en el terreno, Damasco se lanza a la fase de reconstrucción —sin que las autoridades locales hayan precisado las zonas ni los plazos— mientras el 40% del territorio nacional sigue en guerra o bajo el control de fuerzas insurrectas, yihadistas o de tropas extranjeras. Sobre la provincia de Idlib, fronteriza con Turquía y último bastión insurrecto, se cierne un nuevo frente.