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El Constitucional portugués obliga a los donantes de óvulos y esperma a salir del anonimato

El Alto Tribunal exige la identificación cuando en 2009 había aceptado que ocultaran su identidad

Óvulos y espermatozoides van a dejar de ser anónimos en Portugal.
Óvulos y espermatozoides van a dejar de ser anónimos en Portugal.

“Una voltereta fenomenal”. No es un análisis muy jurídico el de la diputada socialista Isabel Moreira, pero ilustra el cambio del Tribunal Constitucional portugués sobre el anonimato o no de los donantes de óvulos y esperma. Si en 2009 el alto tribunal aceptó el anonimato, ahora exige su identificación, dando al traste no solo con la ley de vientres de alquiler, aprobada hace un año, sino también con la ley de reproducción asistida de hace doce. El óvulo anónimo tiene los días contados en Portugal. Católicos y comunistas lo celebran; el resto no.

El desencadenante de este regresión judicial tiene su origen en la reciente ley de gestación de sustitución. El derechista CDS y el Partido Comunista votaron en contra, al igual que la mayoría del PSD; PS y Bloco, a favor. Tras un veto presidencial y una segunda votación, entró en vigor hace un año. El CDS recurrió al Constitucional.

Aunque salva la ley, el Alto Tribunal tumba seis artículos fundamentales, todos ellos referidos al anonimato de los donantes y a la “violación del derecho a la identidad de la persona”.

El fallo del Constitucional afecta a una ley con solo dos parejas beneficiarias en un año, pero que es un terremoto con efectos retardados a 2006, cuando fue aprobada la primera ley de reproducción asistida y la donación de óvulos, esperma y embriones. Si hoy exige la identificación del donante, en su sentencia de 2009 -pues el texto también fue recurrido- decía todo lo contrario: “Los derechos fundamentales asociados al derecho a la intimidad de la vida privada y familiar justifican, desde el punto de vista jurídico constitucional, el régimen del anonimato del donante”.

El óvulo más barato

La donación de óvulos no es gratuita (la recepción, mucho menos). Las diferentes legislaciones nacionales preven el pago a los donantes por las molestias y gastos generados en el proceso. Según el organismo europeo ESHRE hay unas tarifas más o menos establecidas, de donde se desprende que en Portugal la donación de óvulos se paga a 627 euros, muy por debajo de los 850 del Reino Unido -donde la ley obliga a su identificación- y los 900 euros en España, país que cuenta con la mayor clínica mundial, el IVI valenciano, y el mayor número de clínicas-; es también el país con más donantes estudiantes (25%). Antes de tomar conclusiones precipitadas, la ESHRE asegura que solo el 10% donan por dinero. En Francia, el 100% es puro altruismo, en el otro extremo Rusia, donde el 52% va a por la pasta.

Aunque ninguno de los actuales 13 jueces del tribunal eran aquellos, son conscientes del giro copernicano de la jurisprudencia y tratan de justificarlo: “Por toda Europa se asiste a un progresivo reconocimiento del derecho a acceder a los datos sobre el propio origen, incluyendo la identidad de los donantes, como consecuencia necesaria de la protección constitucional conferida al derecho a la identidad e historicidad personal”.

El anonimato de los donantes no es una excentricidad, pero su identificación tampoco. Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Eslovenia y España legislan a favor del óvulo incógnitus; Austria, Finlandia, Holanda, Suecia y Reino Unido están del bando del cognitus, al que se ha pasado Portugal doce años después. Come aparte Bélgica con leyes en vigor a favor del sí y del no.

“Es cierto que en Europa ahora hay una tendencia hacia la identificación; el anonimato está en crisis”, cuenta Filomena Gonçalves, vicepresidenta de la Asociación Portuguesa de la Fertilidad. “El problema es la confusión creada por una sentencia con carácter retroactivo. ¿Tenemos que ir identificando a los donantes de los últimos doce años?”.

El fin del anonimato agravará el problema de falta de donantes. Ahora hay 37 donantes y 300 solicitantes

Esta exigencia va a provocar una inmediata disminución de donaciones, que los expertos, por experiencias en otros países, cuantifican en un 40%; pero también una carestía y un retraso de los procesos. “Actualmente la espera para recibir tratamiento en la sanidad pública es de unos tres años. Hay 37 donantes por cada 300 solicitantes”, cuenta Gonçalves.

Una figura histórica de la legislación sobre reproducción asistida, el juez Eurico Reis, ha dimitido de su puesto en el Consejo Nacional de la Procreación Médicamente Asistida (CNPMA) para manifestar su profundo rechazo a la sentencia del TC y por “la intensidad de la violencia contra seres humanos” contenida en su texto.

La derrota de Reis es la victoria del presidente del Consejo de Ética de las Ciencias de la Vida. Jorge Soares ve en los argumentos de los jueces un respaldo a los suyos. “Aborda muy bien lo que es el derecho a la identidad genética. Es fundamental que una persona sepa de dónde viene”.

El TC aclara que su fallo no paraliza los contratos ya autorizados con vientres de alquiler (apenas dos), pero nada dice sobre qué hacer con los bancos de óvulos y de esperma de los hospitales públicos y privados y sus beneficiarios. El CNPMA ha pedido una aclaración al tribunal, aunque de momento aconseja a los centros de fertilidad la suspensión de tratamientos con donantes anónimos.

Los expertos constitucionalistas también se preguntan por qué el TC se ha pronunciado sobre artículos de la ley que nadie había recurrido. “Hay unas élites”, dice Gonçalves, “en desacuerdo desde siempre con la reproducción asistida y, al final, se ha politizado la vida íntima y emocional de las personas”.