“El dinero europeo no puede destinarse a países que no respetan el Estado de derecho”

La Unión Europea, imperio de las reglas por excelencia, dispone de procedimientos para castigar cualquier desliz fiscal de los Estados miembros. Pero si un Gobierno desmantela la independencia del sistema judicial, Bruselas tiene enormes dificultades para actuar, como ha revelado el caso del autoritarismo de Polonia. Las autoridades europeas han visto en los próximos presupuestos comunitarios la plataforma oportuna para atajar incumplimientos democráticos. Con un poderoso elemento disuasorio: el Estado que ponga en peligro la salud de su justicia, podrá ver congelados —e incluso suspendidos— sus fondos europeos. “Queremos que los contribuyentes estén seguros de que en todos los Estados miembros existe una justicia independiente”, explica la comisaria europea del ramo, la checa Vera Jourová.

Jourová recibió este miércoles a un grupo de medios europeos, entre ellos EL PAÍS, para abundar en el elemento más controvertido de las futuras cuentas de la UE: el vínculo entre la percepción de fondos comunitarios y el cumplimiento de las reglas democráticas. La propuesta, exclusivamente limitada al ámbito judicial, plantea que un Estado pueda ver mermada parte de la financiación europea que recibe cada año (políticas de cohesión, agrícolas, becas Erasmus o partidas de investigación, entre otros) si existen “deficiencias sistémicas” en la aplicación de la justicia.

“Sí, el nuevo mecanismo es teóricamente aplicable a Polonia”

“El sistema funciona así: la Comisión inicia el proceso, recopila las evaluaciones en las que se basa y le envía su posición al Estado miembro concernido. Este responde con sus alegaciones y, si no convence a la Comisión, esta hace una propuesta para sancionar, basada en la gravedad de los hechos. Esa propuesta va a la mesa del Consejo [representa a los Estados miembros]. Y se aprueba a no ser que los países voten en contra por mayoría cualificada. Yo no quería, ni quería la mayoría en la Comisión, que la decisión final fuese nuestra. Queríamos que los Estados tuvieran una voz decisiva”, detalla la responsable de Justicia en el Ejecutivo comunitario.

Para evitar que el perjuicio recaiga en los ciudadanos que dejan de percibir la partida de Erasmus o la subvención agrícola, Bruselas obligará a los Estados castigados a compensar con sus presupuestos nacionales la cantidad que la Comisión les sustraiga.

“Sin independencia judicial hay un problema para los fondos de la UE”

La iniciativa obedece a la falta de instrumentos eficaces para frenar el deterioro democrático que vive Polonia. “Sí, el mecanismo es teóricamente aplicable a Polonia”, concede Jourová. En general, la comisaria alude a “Gobiernos que no son suficientemente responsables y que no tienen en cuenta el peligro que ocasionan al reformar la justicia”. Preguntada sobre el rechazo que esta novedad suscite en territorios que se sepan en el punto de mira, alega: “El dinero europeo no puede destinarse a países que no respetan el Estado de derecho”.

Pese a la rotundidad del mensaje, el plan resulta mucho menos ambicioso de lo que se planteó inicialmente: cómo penalizar a países que reciben fondos europeos pero vulneran las reglas en capítulos tan sensibles como el sistema judicial, la migración o la libertad de expresión. De estos tres elementos, la propuesta solo aborda el primero. “La falta de independencia judicial supone un problema para los fondos de la UE”, defiende Jourová. Atrás quedan las alertas lanzadas por países como Alemania e Italia de que negarse a acoger a refugiados debía acarrear contrapartidas financieras.

Menos ambición

La comisaria admite esa rebaja en los objetivos: “Tuvimos mucho debate sobre el alcance de la medida. Y decidimos centrarnos en el ámbito judicial porque queríamos que fuera factible y políticamente aceptable”. Algunos Estados miembros —y no solo el bloque del Este— sugerían que, sin un objetivo muy concreto, este instrumento se prestaba a la discrecionalidad de las autoridades comunitarias.

Aun con la formulación más tibia, el modelo incomodará a Estados como Polonia y Hungría. No es un asunto menor porque, aunque se tramitará de manera separada, la idea de Bruselas es que esta amenaza sobre los fondos se aplique ya en el marco presupuestario que entrará en vigor en 2021. ¿Cómo espera la Comisión convencerlos? “Hablaré con el ministro polaco de Exteriores y con otros también. Les explicaré lo que es y lo que no es. Intentaré que lo miren como una garantía que tenemos que darles a los contribuyentes europeos”, confía la comisaria.