La crisis venezolana, un problema (también) colombiano

Colombia no es un país acostumbrado a la inmigración. Históricamente no se ha caracterizado por tener una política particularmente abierta ni receptiva. Además, en las últimos décadas su saldo migratorio ha sido normalmente negativo. En otras palabras: Colombia es más (o se ve a sí misma como) un país de emigrantes que como un destino. Todo esto está cambiando con la crisis de su vecino andino.

Decíamos el miércoles que, con la encuesta de Cifras y Conceptos para EL PAÍS en la mano, 6 de cada 10 votantes colombianos conoce ya a un venezolano que ha llegado al país movido por la crisis. Al menos la mitad de los encuestados sabe de algún colombiano que en su momento se fue a Venezuela buscando mejor suerte y ahora ha regresado. La frontera está sufriendo toda una crisis humanitaria. Es por tanto normal que una mayoría de colombianos consideren que la situación venezolana afecta a Colombia. De hecho, se trata de una mayoría aplastante: casi un 90%. Se trata, además, de una percepción generalizada. Aunque en Bogotá y en la zona Oriente del país se vea más, y aunque sea particularmente prominente entre los estratos medios, la realidad es que el conjunto de Colombia ve a Venezuela y su crisis como un problema que les afecta localmente.

En el mismo estudio de Cifras y Conceptos se preguntó a los encuestados en qué tenían que afectaba exactamente. Las referencias a los aspectos positivos relacionados con la inmigración eran, por desgracia, mucho menos frecuentes que las citas de efectos negativos: la competición laboral preocupaba a tres de cada cuatro dentro de ese 90%. Algunos menos, pero aún muchos, señalaban posibles efectos sobre la seguridad. Y casi la mitad citaba una mayor violencia como posible efecto.

Cabe poca duda de que la inestabilidad política en Venezuela trae consecuencias negativas sobre la región. Sin embargo, es necesario distinguir entre estos efectos geopolíticos y la escala humana y cotidiana. La evidencia empírica que nos traen las ciencias sociales muestra que, por regla general, no hay relación clara entre inmigración y delincuencia o inseguridad. Antes al contrario, es razonable pensar que una persona que se encuentra en un país que no es el suyo por las malas condiciones que le aguardan en su origen no va a ser muy proclive a darle a las autoridades razones para una deportación. Por lo que respecta a la cuestión laboral, la economía ha realizado un sinfín de estudios tratando de responder a la pregunta de si los inmigrantes “quitan” el trabajo a los locales. El debate sigue abierto, y las únicas pruebas disponibles que avalan parcialmente la tesis del miedo se refieren a trabajos en ámbitos concretos de baja cualificación, donde la mano de obra es fácilmente reemplazable. Quizás por eso son los colombianos de estrato bajo y en Bogotá (zona urbana por excelencia, con mayor número de puestos de trabajo de reemplazo fácil) quienes más preocupados se muestran ante esta eventualidad.

Los antioqueños, sin embargo, ponen más el acento que el resto en las variantes positivas. La presencia de mano de obra no necesariamente destinada a sustituir a los locales sino a complementarlos sí cuenta con un apoyo más o menos definido en la literatura económica. La sociología, por su parte, demuestra que el efecto positivo de diversidad cultural gracias a la inmigración que hasta un 10.4% de los colombianos de 24 a 35 años (y casi un 13% de aquellos con nivel socioeconómico alto) prefieren destacar sí tiene lugar, pero que beneficia sobre todo a estos colectivos (jóvenes, con recursos).

Es muy llamativo, sin embargo, que con estas cifras de preocupación tan elevadas, sólo un 17.5% de los votantes potenciales colombianos afirme que la crisis venezolana afectará a su decisión de voto. Son menos todavía (14.5%) quienes admiten que la presencia de venezolanos marcará su comportamiento ante las urnas. ¿Por qué las cifras son tan bajas, cuando la cuestión está presente en el debate público de manera constante? Caben dos opciones. La primera es que los medios y los líderes de opinión están hablando de algo que realmente no preocupa a (o no está cerca de) la ciudadanía. Pero esto no es lo que nos indica el resto de datos del estudio de Cifras & Conceptos, según el cual, recordemos, seis de cada diez colombianos tienen a algún conocido venido de Venezuela por la crisis, y hasta nueve de cada diez considera que la cuestión de los vecinos afecta al propio país. Así que nos queda la segunda opción: los valores son tan bajos porque se trata de un conflicto cuya articulación política es menos obvia de lo que pueda parecer. Ningún candidato ha tomado claramente la bandera de las preocupaciones en torno a la crisis venezolana y la ha traducido en algo con lo que pueda identificarse una mayoría de los votantes. Al contrario, se trata de un tema que está (por así decirlo) a medio cocinar, que puede abordarse desde ángulos muy distintos.

Quizás también por ello los niveles de afectación en el voto varían a lo largo y ancho del espectro.

Es en la región oriental y en menor medida la costa Caribe (precisamente donde más se percibe la presencia de venezolanos), pero sobre todo en las zonas rurales del país, donde las cifras son más elevadas. El patrón sociodemográfico no es tan claro, con la salvedad que que las personas de estrato alto y los más jóvenes (menos de 26 años) dicen tener menos en cuenta el tema a la hora de votar. Lo cual, por cierto, se corresponde con lo que veíamos con el mapeo de efectos positivos y negativos de la cuestión venezolana. 

En definitiva, estamos ante un problema nítidamente percibido socialmente, que se asocia con cuestiones de orden sobre todo negativo. Pero que a la vez tiene una traducción a la arena pública que es más difícil y menos evidente de lo que muchos puedan pensar, con diferenciales significativos por perfil social y geográfico. Si Venezuela ha llegado a la política colombiana para quedarse, parece que aún no ha encontrado asiento firme.