Bruselas propone medidas tibias para combatir la desinformación
La UE descarta la regulación y aboga por un código de conducta para las plataformas
Bruselas cree que la manipulación en Internet desafía al sistema democrático, pero se resiste a actuar. La Comisión Europea presenta este jueves un conjunto de medidas poco precisas que descartan, de momento, una regulación comunitaria para combatir este fenómeno. La propuesta aboga por crear un código de conducta que implique a las grandes plataformas en el control de la información engañosa y defiende reforzar la unidad antipropaganda que ya opera en la UE.
El preocupante diagnóstico que realiza el Ejecutivo comunitario de la llamada desinformación contrasta con la tibieza de las medidas propuestas. “La gravedad de la amenaza es cada vez más clara, como demuestran las recientes revelaciones sobre datos personales extraídos de redes sociales y utilizados en un contexto electoral”, alerta el documento, en referencia al escándalo de Facebook, según un borrador al que ha accedido EL PAÍS. Un reciente Eurobarómetro constataba que el 83% de los ciudadanos europeos perciben las noticias falsas como un problema para la democracia.
Para tratar de ponerle coto, Bruselas defiende, de entrada, la cooperación con la industria. Con la ayuda de un foro representativo de todos los actores implicados, la Comisión elaborará en julio un código de conducta que obligue a los gigantes de Internet a tratar de identificar a los proveedores de noticias engañosas, informar sobre quién financia determinados mensajes, tratar de cercar la actividad de propagación automática de contenidos y redoblar los esfuerzos para cerrar las cuentas falsas. Consciente de los riesgos de censura que comporta esta recomendación, el documento pide “salvaguardas que impidan un uso inadecuado para censurar discursos críticos o satíricos”.
Esa línea difusa que separa el veto de contenidos incómodos de la eliminación de información falsa frena al Ejecutivo comunitario para ir más lejos. En el seno de esta institución ha habido voces que abogaban por endurecer las reglas, especialmente tras destaparse el uso ilícito que realizó la empresa Cambridge Analytica de datos cedidos por Facebook. Tras ese debate, la comunicación que presenta la comisaria de Economía Digital, Mariya Gabriel, recalca que a final de año se evaluará el impacto de las medidas para decidir si hace falta regulación.
En este contexto, Bruselas planea dar carácter estructural al modesto esfuerzo realizado hasta para desmontar bulos antieuropeos que circulan por Internet. El texto habla de una unidad de comunicación estratégica con un plan de acción y unos recursos más sólidos que los actuales. La célula que funciona desde 2015 en el seno del servicio diplomático —esencialmente contra la desinformación rusa— apenas llega al millón de euros de presupuesto y se mantiene con 13 personas.
Enfoque laxo
Las medidas de la Comisión reflejan en buena medida los consejos del grupo de expertos que investigaron entre enero y marzo para asesorar a las autoridades europeas. También ellos recomendaban no legislar en caliente. “Es importante que la Comisión ancle sus medidas en la libertad de expresión y que no apoye ningún enfoque más duro, y desde mi punto de vista potencialmente peligroso, para regular contenidos”, alega Rasmus Kleis Nielsen, experto en comunicación y uno de los 40 integrantes de ese grupo.
Junto a las recomendaciones más ligadas a la actividad en redes, la Comisión pide apoyar a los medios de calidad para reforzar su influencia respecto a los que diseminan información tóxica. El documento sugiere concederles ayudas a la mejora tecnológica.
Injerencias en elecciones de 18 países europeos
La mayor inquietud respecto a las noticias falsas deriva de su impacto en las elecciones. Al menos 18 países europeos han detectado ese tipo de injerencias, según datos de un estudio recogido en la propuesta de la Comisión Europea.
Con la vista puesta en los comicios europeos que se celebrarán en mayo de 2019, el Ejecutivo comunitario insta a prestar “una atención especial a la seguridad de los procesos electorales”. Pero la iniciativa comunitaria se limita a elaborar una guía voluntaria sobre ciberseguridad y a identificar las mejores prácticas que han aplicado los Estados en la cita con las urnas.
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