El parlamento opositor busca juzgar a Maduro por sus vínculos con Odebrecht

Los diputados opositores de la Asamblea Nacional de Venezuela han autorizado este martes un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, por su posible participación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. “No pretendemos levantar falsas esperanzas. Votar hoy no significa que Maduro se irá mañana, pero este es un paso de lucha para consolidar el destino del país”, aclaró el parlamentario José Luis Pirela.

El proceso, aprobado con 105 votos a favor y dos en contra en el Palacio Federal Legislativo de Caracas, representa por ahora un acto simbólico porque el sistema judicial venezolano está controlado por el oficialismo. Es una actuación que han propiciado Luisa Ortega Díaz, fiscal destituida por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, junto a un grupo de magistrados, elegidos por el opositor Parlamento, y que se han tenido que exiliar en Bogotá producto de la persecución del Gobierno.

Ortega Díaz ha aprovechado el respaldo de los diputados para exigir al alto mando militar rebelarse contra el mandatario. “Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión (del Parlamento) y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela. Los oficiales de todos los rangos deben actuar, les garantizo que de materializar la restitución del orden constitucional y el establecimiento de las libertades democráticas contarán con mi reconocimiento, protección y apoyo… Si no son ustedes, serán los organismos internacionales los encargados de ejecutar esta decisión. No pierdan la oportunidad de recobrar su dignidad”, insta en una grabación divulgada en Internet.

El debate ha avivado la guerra entre los poderes del Estado. Tarek William Saab, el fiscal general designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, ha rechazado el antejuicio de mérito por considerarlo un acto “bufo”, “nulo” e “inmoral”. Su mensaje resulta un ultimátum para los parlamentarios opositores y los magistrados en el exilio. “Por lo tanto el ‘show’ hecho durante unos meses en territorio extranjero (EEUU-Colombia) ‘sesionando’ delictivamente fuera de la jurisdicción patria para pretender ilegalmente acciones contra la Democracia venezolana y el Presidente Nicolás Maduro: hoy llegó a su fin”, escribió el fiscal chavista en Twitter un día antes de la sesión en el Parlamento.

El oficialismo ha puesto en marcha sus tradicionales mecanismos de intimidación ante el debate. Antes del comienzo de la sesión de la Cámara, las inmediaciones del Palacio Legislativo, localizado en el centro de Caracas, han estado rodeadas por militares y también se ha obstaculizado el acceso a la prensa.

A diferencia de otros países latinoamericanos donde han caído políticos involucrados en la investigación Lava Jato, el sistema judicial ha torpedeado  las denuncias contra políticos por el caso. Maduro, la figura venezolana con mayor peso en este escándalo, fue acusado por la pareja de publicistas brasileños Joao Santana y Mónica Moura de coordinar el financiamiento de 35 millones de dólares para desarrollar propaganda durante la última campaña presidencial de Hugo Chávez, en 2012, a cambio de conceder contratos especiales que favorecieron a Odebrecht.

Fue una operación quirúrgica. Dos constructoras brasileñas, Odebrecht y Andrade Gutierrez, habían abonado unos 12 millones de la totalidad del dinero a una cuenta en Suiza a través de una empresa de fachada, Shellbill Finance S.A., según el testimonio de los publicistas que aceptaron delatar a sus antiguos aliados a cambio de beneficios procesales. “El canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña se recibieran como recursos no declarados”, ha confesado Moura ante la justicia de Brasil en 2017.

El delfín de Chávez había creído entonces que de esta manera no dejaría evidencias para ser apuntado. Ortega Díaz ha presentado como pruebas del desfalco. “Se encontró información de al menos 13 proyectos del Estado contratados por Odebrecht y que están en la misma situación: la línea 5 del metro de Caracas, el sistema masivo de transporte de Caracas”, ha indicado la fiscal destituida hace unos días.

Junto a Maduro resaltan otros personajes por su presunta relación en estos sobornos. Entre ellos destacan Diosdado Cabello, el número dos del chavismo; el ministro de Educación, Elias Jaua; los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales; los exalcaldes Antonio Ledezma, Carlos Ocariz y Francisco Garcés; el exdiplomático y ahora productor de cine, Maximilien Sánchez Arveláiz, el exgobernador Francisco Rangel Gómez y un expresidente del Metro de Los Teques, Farith Fraija. Hasta ahora la operación Lava Jato ha calado en Venezuela.