El retraso judicial, otra condena en Venezuela

Cuando el hijo de Ana Perdomo ingresó a la comisaría de Policarabobo solo debía pasar ahí 48 horas. Han pasado dos años y cuatro meses y más de 14 aplazamientos de la audiencia para iniciar su proceso. En la espera lo alcanzaron las llamas del incendio que se desató el miércoles 28 de marzo, tras un motín que se produjo en los calabozos de la detención preventiva de la policía regional, con capacidad para 35 personas, pero en los que había 200 presos.

“Ese día me llamó mi hijo, me dijo que me fuera rápido para allá, que les estaban disparando y no supimos más”, relata Perdomo. Cuando la mujer llegó al sitio, a una hora y media de camino de donde vive, todo era humo. El joven de 22 años, con quemaduras de segundo grado en la espalda y los brazos, quedó entre los sobrevivientes del incendio en el que fallecieron 68 personas, entre ellos dos mujeres que estaban de visita, hecho por el que las autoridades responsabilizaron a cinco policías que ya fueron detenidos.

En estos dos años, Perdomo ha ido casi diariamente a llevarle comida y ropa a su hijo, sorteando la falta de dinero y de transporte que afecta la región. Las condiciones de salud en las que está son una preocupación más. “Ellos están hacinados, además deben estar descalzos en la celda y ahí agarran cualquier tipo de enfermedad”.

Además de la atención a su hijo, no deja las gestiones para que después de lo ocurrido se acelere el proceso en el que debería salir en libertad. “Mi hijo es inocente, como muchos de los que murieron en esa comisaría. A él lo agarraron unos policías en Güigüe, lo bajaron de un autobús y le sembraron un arma blanca, para luego pedirnos dinero para soltarlo. Si realmente hubiese cometido un delito ya pagó el tiempo que correspondía y más. Tienen que sacarlo de ahí”.

En el proceso acumula los boletos de las idas y venidas a los tribunales. “Todo el tiempo tenemos que esperar si no es por el juez que está cansado, es por el fiscal que se fue de vacaciones o el alguacil que no vino. Ellos hacen todo para dilatar el proceso”.

Después del incendio comenzaron a hacer algunos traslados de detenidos de la comisaría de Policarabobo a otros sitios de reclusión. Los familiares esperan que lo ocurrido acelere los expedientes de los que aún esperan una decisión o un traslado. “Mi hijo está traumatizado”, dice Perdomo.

También hay quienes esperan que se aclare lo sucedido. Yaneth Padrón perdió a Luis Alfredo Piñango, su único hijo, en el incendio que supuestamente desataron los presos en los calabozos de Policarabobo al quemar las colchonetas para protestar por las agresiones con armas que presuntamente iniciaron los policías la mañana de ese miércoles. En el documento de la autopsia que le entregaron junto con el cadáver dice que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por los gases, pero la mujer asegura que su hijo tenía tres impactos de bala: en el estómago, en la pierna y la cabeza. Solo tenía una ligera quemadura. “Los policías los mataron”, dice.

El joven de 23 años de edad cumplió cuatro años, un mes y un día preso por el delito de robo agravado. Estaba sentenciado a seis años de prisión, pero su familia estaba apelando a un beneficio que le permitía el cumplimiento de la mitad la pena. Durante ese tiempo, como todas las madres y esposas de los presos en Venezuela, Padrón llevó a diario la comida para su hijo. En el lugar donde estaban los presos colgaban sábanas para intentar descansar. Debajo de las hamacas había colchonetas. No todos podían descansar al mismo tiempo. Eran muchos. Demasiados para unas pocas celdas. “Teníamos que pagarles a los policías si queríamos dejarle algo fuera del día de visita y también nos pidieron tres millones para concretar el traslado a una cárcel”.

Junto con un grupo de familiares de las víctimas del incendio se está organizando para exigir la justicia que no llegó a tiempo para muchos de los presos muertos. Se han reunido con diputados de la Asamblea Nacional, miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones y con abogados defensores de derechos humanos para armar el expediente y denunciar el hecho en instancias internacionales. Padrón dice que exigirán la exhumación de los cuerpos para esclarecer lo ocurrido. “Apenas se está armando el rompecabezas. Pero queremos justicia”, dice la mujer de 42 años de edad, que trabaja en el servicio de limpieza de un gimnasio en Valencia.

En camiones y esposados a un silla

El retraso judicial mantiene repletas las comisarías de detención preventiva. Este es el punto de partida de un sistema penitenciario y de justicia en colapso, señala Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una ventana a la libertad. “De los 100.000 presos que hay en Venezuela, el 70% son procesados que aún no tienen una condena después de dos o tres años detenidos y al menos 45.000 de ellos están en calabozos y áreas que no están adecuadas para tener a un detenido. Tenemos unos niveles de hacinamiento extremos”.

La crisis en estos recintos de detención transitoria la vienen advirtiendo desde hace siete años, cuando el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se adjudicó la potestad de “asignar cupos” en cárceles para los convictos. La medida pasa por encima de las decisiones de los jueces que aunque ordenan un sitio de reclusión para el procesado, su traslado queda a discreción del ministerio que maneja las cárceles, también están hacinadas, más aún después del cierre de 6 recintos en los últimos siete años y la construcción de solo dos. Ese es uno de los cuellos de botella en la administración de la justicia en Venezuela.

Los calabozos de policías locales y regionales no tienen infraestructura para mantener presos por largas estancias. Ni siquiera tienen presupuesto para la alimentación. Además, esta situación obliga a sacar agentes policiales de las calles para ejercer funciones de custodia de detenidos. “Al menos el 30% de los policías que tenemos no están cuidando a la gente en las calles, sino a los presos”.

Durante 2017, la ONG monitoreó 198 centros de detención preventiva en el país –los más grandes y que albergan a por lo menos un tercio de los detenidos sin sentencia- y encontró que aunque en suma tenían capacidad para albergar a 5.910 presos en ellos había una población de 14.525 reclusos. En 191 de los retenes evaluados no hay servicio de comedor, por lo que sus familiares deben alimentarlos a diario y en muchos casos están en zonas distintas a sus lugares de residencia. En 122 tienen fallas recurrentes de suministro de agua potable. El informe también recoge que en 2017 ocurrieron 39 muertes de reclusos por problemas de salud y desnutrición y 26 fueron asesinados bajo la custodia del Estado.

“En 123 (el 62,12%) de los centros de detención preventiva monitoreados no hay servicios higiénicos para los reclusos. La falta de aseo diario, así como la acumulación de basura y material fecal en los calabozos donde duermen y pasan la mayor parte del tiempo los detenidos crea condiciones propicias para el desarrollo y transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas”, refiere el informe. 

La ONG ha reportado la existencia de al menos 500 espacios con detenidos que en realidad no son cárceles. Hay presos amarrados a sillas en oficinas policiales, como ocurre en la sede nacional de la División de Homicidios de la policía científica venezolana, ubicada en el centro de Caracas. Esta semana denunciaron el uso de camiones para el traslado de detenidos como sitio de reclusión permanente en una sede de la policía nacional en el oeste de la capital.