El huracán María no ha terminado

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A seis meses plazo del azote del huracán María, Puerto Rico todavía se tambalea de los efectos de un fenómeno atmosférico que puso al descubierto las tramoyas que el colonialismo estadounidense y sus adláteres desplegaron para su explotación militar y económica. El huracán habrá sido un fenómeno natural, pero la crisis es de factura enteramente humana, y comporta importantes lecciones para aquellos que todavía valoren la vida sustentada por un horizonte de equidad y justicia.

Puerto Rico, aquejado por la bancarrota de sus finanzas públicas, atenazado por ardides de fondos buitres y agredido por un gobierno republicano que suspendió la democracia con una Junta de control fiscal, es hoy un laboratorio del neoliberalismo más puro que persigue, mediante la austeridad y la privatización, escribir un nuevo capítulo en el manual sobre el capitalismo del desastre. El costo humano que tal situación infringe trasciende fronteras y requiere la denuncia y la acción de quien se diga creyente en los más elementales derechos humanos. Ignorarlo se hace a riesgo propio, porque las lecciones abundan para los que trajinen con el sistema financiero internacional.

Las imágenes del desastre sobre el paisaje puertorriqueño han dado la vuelta al mundo, aunque compitan por atención con la de otros desastres similares que confirman el cambio climático y que asuelan a otros rincones del mundo. La novedad del primero es que ocurre a una isla que es propiedad de Estados Unidos (territorio no incorporado, en la jerga jurídica) pero poblada por personas que poseen en teoría la ciudadanía estadounidense. Digo en teoría porque de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo federal, a los puertorriqueños que residan en la isla se les puede discriminar selectivamente según convenga ya que la isla "pertenece a pero no forma parte de Estados Unidos". Esta doctrina esencialmente racista emana del postulado de que Puerto Rico, aunque invadido en 1898, nunca será incorporado a la federación de estados, y por ende cumple un fin contingente, de acuerdo con los tiempos. Vivir en la isla es aceptar el discrimen y la opresión a quien exija el fin del colonialismo y denuncie este yugo particular.

Al día de hoy un 10% de los usuarios del sistema eléctrico carecen de energía, debido a la negligencia de las autoridades. Sin el restablecimiento pleno del sistema será imposible hacer balance del daño económico. Se sospecha que más de 1.000 personas perdieron la vida directa o indirectamente, pero el Gobierno insiste en un cálculo menor para no agraviar a la Casa Blanca, ni afear su campaña publicitaria de que la isla "se levanta". La red vial carece de semáforos en sus puntos más importantes, y persiste la carestía en las comunidades más apartadas. Súmese a esto el éxodo que desde 2010 se observa y que sigue contrayendo la población para comprender que la isla se vacía lentamente, dejando atrás a los más vulnerables. La evidencia de lo anterior es corroborable, y debería bastar para reconsiderar la idea de que la isla puede repagar lo que debe a sus deudores. Muy por el contrario, se oprime el acelerador para desplegar toda suerte de expolios y desposesiones.

Al tiempo que buena parte de la isla permanecía a oscuras, se anunció la privatización de la compañía eléctrica, como si se pudiese ignorar que estaba en ruinas. Según el público descubría las bondades de la energía solar para resolver sus necesidades básicas y contemplaba la independencia energética, el Gobierno anunciaba penalidades para los abandonaran la red eléctrica. Nadie escaparía de los buitres del sistema financiero global que exigen el pago de una cuota sustantiva en sangre. Prisioneros, y sin mayor opción política que no sea la sublevación, los puertorriqueños acuden atónitos a su propia destrucción.

Mientras escribo estas líneas, la Universidad de Puerto Rico, que es la única institución de educación superior pública, no conoce qué derrotero le impondrá la Junta para reducirla a su "justa medida" antes del próximo año fiscal que comienza en julio. Sólo sabe que la reducción será de más del 50% de su presupuesto en cinco años. La minucia de esta barbarie se discute a puerta cerrada. Ninguna sociedad que se precie de la educación que ofrece a sus ciudadanos soportaría tal incertidumbre. Pero quedan pocas dudas: esta reducción es presupuestaria pero también es política. Sin oportunidades, sin infraestructura y sin población la isla se tornará en un paraíso fiscal para quienes compren los restos a precios de quemarropa. Ya se habla de crear una "criptopia" en la isla donde las monedas emergentes erijan nuevas exclusividades para los que puedan aprovecharlas, que llegarán del extranjero —qué duda cabe—. Los demás quedarán condenados a la servidumbre. Y mientras, se advierte un grito, pero nadie escucha.

Pedro Reina Pérez es escritor y periodista puertorriqueño. Twitter: @pedroreinaperez.