Puerto Rico solicita acogerse a la ley de quiebra hundido por la deuda

La deuda ha acabado de ahogar a Puerto Rico. Ricardo Rosselló, gobernador de la isla, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, anunció este miércoles que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal, un órgano federal que está por encima del gobierno puertorriqueño en materia financiera, que el país se acoja a una ley de quiebra para poder afrontar los 73.000 millones de dólares de impagos en bonos de deuda pública que arrastra. Puerto Rico será la primera jurisdicción estatal que pide auxilio en la historia de Estados Unidos.

La solicitud de Rosselló, que lleva cinco meses en el cargo, se precipitó tras las demandas presentadas el martes por un grupo de acreedores con el que Puerto Rico no había logrado llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda. La isla pedía una rebaja tres veces mayor de lo que estaban dispuestos a aceptar los acreedores. Todas las demandas judiciales quedan ahora congeladas y será un tribunal el que se encargue de determinar cómo se pagará la deuda y cuánto deberá reembolsar la isla. El proceso puede suponer un notable recorte de deuda para Puerto Rico, pero también nublará su futuro acceso al mercado de deuda.

Formalmente, no se trata de una declaración de bancarrota. Su condición de estado libre asociado le otorga menos derechos y Puerto Rico no puede emplear esa herramienta discrecional que la ley federal da a los gobiernos locales de Estados Unidos. Deberá realizar una petición de ayuda específica estipulada en la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), aprobada por el Congreso de Estados Unidos el año pasado ante la crisis de insolvencia de la isla y con la que se creó la Junta de Supervisión Fiscal, nombrada por el Congreso para dirigir la política financiera del país.

La descomunal deuda pública de Puerto Rico, con tres millones y medio de habitantes, tiene su origen en el colapso del anterior modelo económico de la isla. Hace una década Washington le retiró los beneficios fiscales que le habían permitido captar inversiones de grandes compañías estadounidenses. Sin una estructura productiva alternativa con la que suplantar esa vía de ingresos, los sucesivos gobiernos de Puerto Rico se sumieron en un círculo fatal de petición de préstamos y emisión de deuda que hundió a la isla en su peor depresión en más de un siglo, instalándose en la recesión desde el 2006. En 2015 comenzaron los primeros impagos de Puerto Rico. El índice de pobreza ronda el 45% de la población y alrededor de 200.000 puertorriqueños han emigrado en los últimos años, principalmente a Estados Unidos. Los sistemas de pensiones y de salud se encuentran en un estado de máxima alerta ante la falta de fondos.

Como anunció al inicio de su mandato, el gobernador Rosselló pretende convocar un referéndum para que los puertorriqueños decidan si quieren que su país siga siendo un Estado Libre Asociado, si prefieren la independencia o si optan por convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Rosselló considera que esta última sería la mejor salida para Puerto Rico, integrarse al 100% en la primera potencia mundial.