Las mujeres que faltan en el Congreso de Colombia

Angélica Lozano se presenta como una mujer berraca, una expresión que en Colombia significa brava, valiente, en términos más coloquiales, “echada p'alante”. La candidata del partido progresista Alianza Verde ha conseguido con su trabajo en la Cámara de Representantes parar el referendo que pretendía impedir la adopción a parejas del mismo sexo y madres solteras, además de conseguir una prima para las mujeres del servicio doméstico. El domingo 11 de marzo aspira a conseguir un asiento en el Senado en las elecciones legislativas que renovarán el Congreso colombiano. Es una de las 956 mujeres, de los 2.717 aspirantes, que conforman el 35% de la representación femenina en esta primera contienda electoral que se celebra en el país.

Desde 2011, los partidos políticos colombianos están obligados a incluir en sus listas electorales a un 30% de mujeres tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, los dos organismos que conforman el Congreso. “Nos encontramos con partidos que nos dicen que el 12% de las candidatas son del partido, el restante hasta completar el 30% de la ley, es de relleno”, explica Adriana Peña, especialista en Mujer, política y poder de la Misión de Observación Electoral (MOE), una institución independiente en Colombia. En la política colombiana faltan mujeres por la herencia de una cultura patriarcal que las ha separado de este oficio, pero también, como dice Alejandra Barrios, directora de la MOE por “la realidad de las listas abiertas, los procesos de capacitación y liderazgo y la financiación política”.

La legislación vigente en Colombia no determina la posición que deben ocupar las mujeres en las listas. Aunque en el tarjetón que se usa en la votación, los colombianos voten un partido y un número, no un nombre, desde la MOE reclaman listados cremallera, es decir, un hombre y una mujer sucesivamente.

“Es una norma necesaria, pero no es suficiente”, dice Ana Paola Agudelo, la única mujer que encabeza una lista al Senado por el partido MIRA, que tiene como uno de sus lemas: “La política sin la mujer está incompleta” y que se rige por principios pentecostales.

“Cuando tramitamos la reforma política en 2017, una de las propuestas fue que hubiera un aumento progresivo de mujeres en las listas hasta llegar al 50% en 2026”, recuerda. La apuesta de varios partidos formaba parte de un paquete de medidas que fue rechazado. “Será uno de los retos que tendremos en la nueva legislatura”, apostilla la candidata. “El mandato tiene que ser también universal”, explica Alejandra Barrios ya que la ley de cuotas no rige en todos los departamentos de Colombia ni en todas las elecciones.

Al lado de Agudelo y Lozano está de campaña Ruby Chagüi, aspirante al Senado por el partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe. “La paridad debe ser en las listas y en el Gabinete presidencial”, opina la candidata que tras 11 años en la política se presenta por primera vez a un cargo público. “Ser mujer y estar en el Senado es una oportunidad para alcanzar la igualdad de oportunidades y acabar con brechas como que el 52% de las mujeres en Colombia viven con el salario mínimo o menos o que el 60% tiene trabajos informales”.

Estas tres candidatas se enfrentan a dos instituciones compuestas por 268 congresistas que legislan y aprueban o rechazan los decretos que llegan desde la presidencia. Solo 54 de esos cargos electos son mujeres en el actual Congreso, un 20%, una cifra histórica, una de cada cuatro curules está ocupada por representantes femeninas.

“Ya casi llevo cuatro años en la Cámara y ha sido una experiencia muy positiva”, dice Ana Paola Agudelo. “Me he ganado los espacios como mujer: demostrar que somos capaces y que nos merecemos la palabra como cualquier compañero en un ambiente un poco agresivo. Lo miden a uno hasta ver dónde lo pueden intimidar”.

Las mujeres colombianas consiguieron el derecho al voto en 1957. “Este avance no significó el pasaje hacia una participación equitativa de géneros en los procesos políticos de decisión”, explica la politóloga María Inés Tula en el informe Mujeres y política publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia en 2015.

El documento de PNUD investiga el impacto de las leyes de cuotas en varios países de América Latina y concluye que los estados que incorporaron estas normas “resultaron más permeables a la emergencia de nuevos liderazgos o a la consolidación de trayectorias políticas ya iniciadas”.

En la práctica, desde 2005, cuatro mujeres han logrado el cargo de presidenta en la región de manera simultánea: Michelle Bachelet, en Chile (2006-2010/2014-2018); Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina (2007-2011/2011-2015); Laura Chinchilla, en Costa Rica (2010-2014), y Dilma Rousse, en Brasil (2010-2014/2014-2018). Tres de las cuales, además, han logrado reelegirse en el cargo.

En Colombia, solo Piedad Córdoba es candidata a las elecciones presidenciales del 27 de mayo, hasta que en el domingo el sector conservador elija a su aspirante definitivo. Un retroceso respecto a 2014, cuando tres mujeres llegaron a la primera vuelta.

Los hombres que aspiran a la Casa de Nariño las han colocado de segundas, en la posición de la vicepresidencia. Humberto de la Calle, aspirante del Partido Liberal, de la mano de Clara López, del Polo Democrático, formación de izquierda. La Coalición Colombia de Sergio Fajardo con Claudia López de Los Verdes. Rodrigo Londoño, máximo representante de la FARC, el partido de la exguerrilla, con Imelda Daza, representante de la Unión Patriótica, la organización política que surgió de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur.

“Las precandidatas de nuestro partido pueden ser excelentes presidentas de la república en cuatro años”, dice Ruby Chagüi refiriéndose a algunas de sus compañeras como Paloma Valencia, una de las voces que más se escuchan en el Senado, y que compitió con Iván Duque, candidato del Centro Democrático a la presidencia. “Hay que empezar de menos a más, en estos momentos hay que aumentar la participación al Congreso, las alcaldías, gobernaciones… tenemos unos porcentajes mínimos”, dice Ana Paola Agudelo.