El nacionalismo corso sale a la calle para forzar a Macron a negociar
Las exigencias de los nacionalistas topan con la negativa de París a ceder en reivindicaciones como la co-oficialidad de la lengua o el acercamiento de los presos por terrorismo
A la espera de la visita del presidente Emmanuel Macron, la próxima semana, el nacionalismo corso intentó este sábado una demostración de fuerza con una manifestación de miles de personas en la capital de la isla, Ajaccio. La protesta, convocada por los dirigentes políticos de Córcega, buscaba presionar al Estado francés para negociar una mayor autonomía. Las exigencias de los nacionalistas, vencedores en las elecciones regionales de diciembre, han topado hasta ahora con la negativa de París a ceder en reivindicaciones como laco-oficialidad de la lengua, el acercamiento de los presos por actos de terrorismo, o el reconocimiento específico de la isla mediterránea en la Constitución francesa.
"Demucrazia è rispettu pè u populu Corsu" (Democracia y respeto para el pueblo corso) era el lema de la manifestación, una de las mayores en años recientes en la ciudad. La disparidad de las cifras de asistentes —entre 22.000 y 25.000, según los organizadores; entre 5.000 y 6.000, según la prefectura— hace difícil calibrar su éxito o fracaso. Córcega tiene 330.000 habitantes. El tiempo inclemente pudo desanimar a algunos asistentes y deslucir la convocatoria. Los organizadores consideran un éxito, sea cual sea la cifra real, el carácter pacífico. El nacionalismo corso ha cambiado en los últimos años: es más transversal —atrae a votantes tradicionalmente no nacionalistas— y ya no es marginal.
Ahora gobierna, pero en un país centralista como Francia poco pueden hacer las regiones, incluso las que sobre el papel tienen más prerrogativas, sin la aprobación de París. Y este el problema de la coalición gubernamental, formada por los autonomistas del jefe del ejecutivo, Gilles Simeoni, y los independentistas del presidente de la Asamblea, Jean-Guy Talamoni. La visita de ambos a la capital francesa, el 22 y 23 de enero, fue para ellos una decepción. Las reuniones con el primer ministro, Édouard Philippe, y otros representantes del Estado acabaron sin resultados: la República difícilmente cederá en lo esencial, y la voluntad de diálogo afecta más a cuestiones técnicas que políticas. Fue entonces cuando Simeoni y Talamoni decidieron convocar la manifestación, una especie de mensaje de bienvenida a Macron antes de su visita, el martes y el miércoles.
"Los corsos han enviado un mensaje fuerte. Ahora le toca al presidente de la República decir, hablar y espero que mostrar que ha escuchado lo que hemos dicho hoy", dijo Simeoni en declaraciones a la agencia France Presse.
Mucho ha cambiado en la última década en Córcega. El Frente de Liberación Nacional Corso abandonó las armas tras cuatro décadas de violencia. Con un 56% en las últimas elecciones, la mayoría de los nacionalistas es indiscutible. Córcega, además, acaba de estrenar un formato regional novedoso, una colectividad única que fusiona los dos departamentos en los que estaba dividida. El objetivo de los nacionalistas es una autonomía al estilo de las comunidades autónomas españolas: la secesión —la vía catalana, como dicen algunos— no figura en el programa común de la coalición gubernamental. Por todos estos motivos, los nacionalistas consideran que disponen de la legitimidad y la fuerza necesarias para llevar al Estado central a una negociación política.
En París las cosas se ven distintas. El Gobierno francés encara el dossier corso como una negociación ante todo técnica. Francia es un estado donde la tradición jacobina excluye en teoría las excepciones para regiones o territorios de la Francia metropolitana. De ahí que, hasta ahora, la única puerta abierta que deja el Estado sea reformar la Constitución, pero no para reconocer al pueblo corso como tal, ni mucho menos para aceptar la co-oficialidad de la lengua corsa, que podría implicar enmendar el artículo 2. "La lengua de la República es el francés", dice este artículo. Se habla, por ejemplo, de modificar el artículo 72, que contempla el derecho de una colectividad territorial a experimentar derogando de manera temporal leyes o reglamentos comunes. La reforma permitiría que esta experimentación no fuese temporal sino permanente.
Esta reforma es insuficiente para los líderes corsos, cuyo programa de Gobierno contempla la adopción de un estatuto de automía y su plena aplicación en un periodo de diez años. Quieren que París conceda a Ajaccio competencias fiscales, reconozca el corso como lengua oficial y acepte que Córcega pueda poner límites al acceso a la compra de terrenos y residencias a los no-residentes en la isla. Según un informe de la constitucionalista Wanda Mastor, encargado por Talamoni y entregado también a las autoridades centrales francesas, la solución consistiría en añadir un nuevo párrafo al artículo 74. El párrafo reconocería "las especificidades [de Córcega] dentro de la República", y mencionaría "la transferencia de competencias del Estado [en] materias fiscal, de suelo y lingüística".
La visita de Macron, con ocasión del vigésimo aniversario del asesinato del prefecto Claude Erignac por un comando nacionalista, puede servir para desbloquear el diálogo. Macron se ha declarado en el pasado a favor a algún tipo de reconocimiento de la isla. "Una democracia no debe temer aportar respuestas diferentes a necesidades diferentes", dijo durante la campaña electoral que en mayo le llevó al poder. "La igualdad no es la uniformidad. Y es un hecho: Córcega es particular". En el mismo discurso, el entonces presidente propuso "un nuevo pacto girondino". Girondino, término asociado a la Revolución francesa, es sinónimo de descentralizador, frente a la centralización jacobina. El nacionalismo corso confía en que el espíritu girondino acabe prevaleciendo.
El presidente ante el descontento de baja intensidad
El descontento corso es un ejemplo más de la resistencia de baja intensidad que está marcando el primer año de la presidencia de Emmanuel Macron. El presidente gobierna sin oposición; la movilización de la izquierda y algunos sindicatos en otoño fracasó a la hora de frenar la reforma laboral; la economía crece; y, pese a los altibajos, su popularidad resiste la erosión del poder. Esto no significa que no existan signos de malestar. En enero fueron los guardias penitenciarios, que bloquearon decenas de prisiones en protesta por las condiciones de trabajo y salariales. También se han convocado huelgas puntuales en centros de la tercera edad para reivindicar más medios y personal en el cuidado de los residentes. Y esta semana alumnos de instituto han protestado ante las reformas del acceso a la universidad. Sumadas, estas protestas suponen un incómodo ruido de fondo para el Gobierno, aunque por ahora no han adquirido una relevancia suficiente para inquietar de verdad al presidente, ni para colmar el vacío en la oposición.
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