Decenas de miles de corsos secundan la movilización antiterrorista de las mujeres

Empujados por ese grupo de mujeres que han llorado la muerte de familiares y amigos en estas dos décadas terribles, los corsos salieron ayer masivamente a las calles de Ajaccio, Bastia y otros municipios para exigir el restablecimiento del Estado de derecho y, de paso, borrar la vergüenza de un país prisionero de la nebulosa formada entre la mafia y el terrorismo. Sin pancartas ni altavoces, precedidos de un corro de niños, unas 40.000 personas -la isla cuenta con 255.000 habitantes- clamaron en silencio contra "la ley de las armas y por la vida", y contra las leyes del silencio obligado y de la venganza que rigen en esta población desde hace tantos años.

Fue la mayor movilización de Córcega, pero en los rostros de las mujeres que encabezaban la marcha por derecho propio no reinaba precisamente la euforia. Saben, desde luego, que ni la mafia ni el terrorismo va a renunciar fácilmente a su presa. "La pelea va a ser muy larga y muy dura y no podemos decir si conseguiremos algún día parar toda esta locura, toda esta podredumbre", comentaba al frente de la manifestación una de las mujeres que hace dos años promovió el denominado Manifiesto por la Vida, una declaración que empezó a cuestionar el ancestral "culto al hombre armado".Pese a los 13 detenidos, las dudas sobre si los asesinos del prefecto Claude Erignac pertenecen a la mafia o a un grupo terrorista o son, como en otras ocasiones, la simbiosis perfecta de ambas cosas, persiste exactamente igual que el primer día. Lo que sí se sabe es que Erignac era un prefecto que se había tomado muy en serio su trabajo -"demasiado en serio para las costumbres locales", apunta un periodista local-, y que empezaba a ser molesto para muchos intereses.

El control informatizado de las suculentas subvenciones francesas y europeas que llegan a la isla, el rechazo a la venta de unos terrenos militares codiciados por turbias empresas de capital italoamericano y por dudosos empresarios concejales locales, así como la investigación abierta sobre las cuantiosas pérdidas acumuladas por la sociedad de desarrollo corso (CADEC), son sólo una parte de la tarea que la víctima se había propuesto realizar. La falta de control de las ayudas públicas ha sido reiteradamente expuesta por la inspección de finanzas y el Tribunal de Cuentas. Según el primero de estos organismos, el 40% de las empresas de Córcega ni siquiera pagan el IVA. Se calcula que el Estado francés aporta anualmente 1.500 millones de francos (unos 37.500 millones de pesetas) en ayudas específicas a la isla.

El sustituto de la víctima, Bernard Bonnet, prefecto hasta ahora de los Pirineos Orientales, es un experto contable poco amigo de la descentralización. La fama de jacobino, acreditada en las polémicas con los catalanistas franceses de los Pirineos Orientales -mandó una circular a los alcaldes indicando que debían expresarse exclusivamente en francés en los escritos oficiales- no ha sido recibida precisamente con alborozo en los medios nacionalistas moderados corsos.

En estos medios se reprocha a la Administración francesa haber actuado con desidia e inoperancia frente al desarrollo escandaloso de la corrupción y de la violencia. "Pasaron de la represión al intento de comprar a los grupos violentos. Negociaron con ellos y eso dio a esas organizaciones una gran legitirnidad. Luego la Administración ha dejado que se pudriera la situación", denuncia un responsable local de la Unión del Pueblo Corso. La idea de que sólo una acción firme y sostenida del Estado contra los grupos mafiosos y terroristas asentados en la isla puede salvar a Córcega del desmembramiento político y social, está presente en casi todos los comentarios. Un sondeo hecho público ayer indica que el 92% de la población está contra la independencia y que un 54% de los corsos está convencido de que el sedicente nacionalismo está en plena deriva hacia la delincuencia organizada.