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Macron acepta incluir las peticiones corsas en el debate de la reforma constitucional

El Elíseo elude sin embargo precisar qué medidas está dispuesto a promover

La delegada del Gobierno francés Jacqueline Gourault y el presidente de la Asamblea de Córcega, Jean Guy Talamoni, este jueves en Córcega.
La delegada del Gobierno francés Jacqueline Gourault y el presidente de la Asamblea de Córcega, Jean Guy Talamoni, este jueves en Córcega. AFP

El nacionalismo corso cree haber empezado con buen pie su renovado esfuerzo para arrancar más competencias al Estado central y quizá acercarse al objetivo de un estatuto de autonomía al estilo de las comunidades españolas. Los líderes de Córcega, Gilles Simeoni y Jean-Luc Talamoni, celebraron este viernes, tras su primera reunión con la delegada del Gobierno francés para la isla, Jacqueline Gourault, que esta aceptase debatir sus reclamaciones en el marco de la prevista revisión de la Constitución francesa. Esta misma semana, el presidente Emmanuel Macron apuntó a una solución similar. Peticiones como la co-oficialidad de la lengua corsa han topado hasta ahora con la negativa tajante de París.

La inclusión de Córcega en la revisión constitucional puede ser un pequeño paso hacia una mayor autonomía, pero todavía queda por definir qué temas podrían discutirse en esta revisión y en qué consistirían los acuerdos y las nuevas competencias para la isla.

“Si una Constitución no permite reconocer a un pueblo, es la Constitución la que debe cambiar, y no el pueblo desaparecer”, dijo Simeoni, recién reelegido como presidente del ejecutivo corso, en vísperas de la visita de Gourault a Ajaccio, la capital corsa.

Tras la reunión, Simeoni, que es autonomista pero no independentista, describió como un “éxito político” el acuerdo para incluir a Córcega en las discusiones sobre la reforma constitucional, orientada en su origen a reducir en un tercio el número de escaños en la Asamblea Nacional y el Senado, entre otras medidas. Cualquier reforma constitucional a propuesta del presidente, como es el caso en la que se iniciará en 2018, debe contar con tres quintas partes de votos tanto en ambas cámaras legislativas, o someterse a referéndum.

“Claramente estamos ante un desbloqueo de la cuestión constitucional, lo que no es poco”, dijo el socio menor de Simeoni, y presidente de la Asamblea Corsa, el independentista Jean-Guy Talamoni.

La lista de reivindicaciones de los gobernantes corsos es larga, y no está claro si París aceptará abordar algunas consideradas esenciales por los nacionalistas, como la cooficialidad de la lengua, la limitación de la compra de residencias por parte de foráneos, la liberación de los presos nacionalistas acusados de actos terroristas.

Pero Simeoni y Talamoni se sienten en posición de fuerza tras la victoria arrolladora en las elecciones regionales de diciembre de 2017, en las que ampliaron su mayoría. Con un 56,5% de votos en a segunda vuelta, obtuvieron 41 de los 63 escaños en la Asamblea Nacional. Ambos, ya en el poder desde 2015, se presentaron con un programa conjunto detenido a aprobar un estatuto de autonomía y ponerlo en práctica en los próximos diez años. La independencia no figura en la agenda.

La mayoría reforzada coincide con un refuerzo de los poderes regionales desde del 1 de enero. En esa fecha se hizo efectiva la fusión de los departamentos que conformaban Córcega y de la administración regional. Aunque la nueva entidad administrativa recibe a veces el nombre de “super-región”, sus competencias son escasas y están lejos de uno de los modelos que Simeoni tienen en mente, el de las autonomías españolas. La isla mediterránea, con unos 320.000 habitantes, es una de las regiones más pobres de la Francia metropolitana.

En los días posteriores a la victoria nacionalista, el primer ministro, Édouard Philippe, nombró como responsable de Córcega a Gourault, ministra adjunta del Interior. Pero algunos responsables del Gobierno enfriaron las aspiraciones de Simeoni y Talamoni. “La lengua de la República es el francés”, dijo el portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, citando el artículo 2 de la Constitución francesa. “Respecto a la amnistía de los prisioneros políticos, es evidente que las leyes de la República deben respetarse. Cuando ha habido crímenes, crímenes que han sido juzgados, personas condenadas, la pena debe cumplirse”, añadió. “Es evidente que hay una particularidad de Córcega, pero como las hay en otras regiones”.

A finales de mes, Simeoni viajará a París para reunirse con el primer ministro, Édouard Philippe. Macron irá a Córcega en febrero para conmemorar el vigésimo aniversario del asesinato del prefecto Claude Erignac por un comando nacionalista. El presidente francés, en el cargo desde el pasado mayo, se inscribió durante la campaña electoral y en sus primeros pasos en el poder como un presidente de talante girondino, es decir, más descentralizador que centralista en la tradición jacobina. Córcega pondrá a prueba este talante. En el ejercicio del poder, Macron ha intentado devolverle a la presidencia el aura monárquica y vertical, más que que descentralizadora, que tuvo con otros presidentes como el General De Gaulle o François Mitterrand.

“La reforma constitucional está abierta, y puede ser utilizada por parte de las colectividades territoriales, forma parte de los capítulos que pueden usarse”, adelantó el presidente el miércoles, en declaraciones a un grupo de periodista durante la recepción de Año Nuevo. “Pienso que no es el momento de repetir una historia que a veces fue triste”, dijo en alusión a cuatro décadas de violencia y terrorismo, hasta que el Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) anunció el abandono las armas. “Quiero mirar adelante”.

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