Juan Orlando toma posesión como presidente de la mitad de Honduras
El mandatario asumió el cargo este sábado en medio de violentas manifestaciones en las calles de Tegucigalpa en protesta por una reelección que consideran ilegítima
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió hoy su cargo como jefe del Estado para los próximos cuatro años. Orlando gobernará un país dividido en el que la oposición no reconoce su victoria electoral y donde crecen las voces que señalan el giro autoritario en su gestión.
Mientras prometía un futuro mejor para el país, miles de personas llegadas de todos lados hasta la capital, Tegucigalpa, protestaban en contra de lo que consideran una reelección ilegítima y una turbia victoria electoral que ganó en noviembre por poco más de 50.000 votos.
Precisamente el miedo a las protestas marcó la ceremonia, y hasta pocas horas antes de su toma de posesión se desconocía la hora y el lugar desde donde juraría el cargo —con la mano sobre la Biblia— y se dirigiría al país, con la banda presidencial cruzándole el pecho.
Solo cuando apareció sobre el pasto junto a su esposa y rodeado de guardaespaldas, se supo que la investidura sería en el Estadio Nacional. A pesar de que tiene una capacidad para 35.000 espectadores, el mandatario definió el acto como algo “sencillo”, alejado de la ostentosidad de otras veces. Esta vez se querían evitar los disturbios ante una potencial movilización de miles de personas.
La oposición, liderada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, no reconoce los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre que dieron la victoria al mandatario conservador por unos 50.000 votos. Hasta el momentoEstados Unidos ha dado por bueno el resultado pero la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió nuevas elecciones al constatar graves irregularidades antes durante y después del día de votación. El conflicto desató una ola de protestas en todo el país que han dejado hasta el momento 34 muertos, según cifras de organizaciones de Derechos Humanos, decenas de heridos y negocios quemados y saqueados.
Consciente de su escaso apoyo popular, Orlando reconoció la división que su reelección ha generado. “Si una casa está dividida no puede permanecer y soy consciente de las diferencias políticas en el país, pero no hay diferencias que justifiquen la violencia (...). No es justo generar ese temor”, señaló.
Durante una hora, defendió su gestión en tres aspectos: la economía, la reducción de homicidios y su lucha contra la corrupción. “Hemos reducido los homicidios y pusimos en orden las finanzas públicas. Somos el país que mejor lo hizo en Centroamérica” presumió. Sobre corrupción, en un ejercicio de impúdico de funambulismo, el mandatario citó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) como ejemplo de su compromiso solo unos días después de que el Congreso mutilara las principales competencias de esta Comisión creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la impunidad.
Desde hoy Juan Orlando tendrá que gobernar un país de más de nueve millones personas, que expulsa anualmente 75.000 migrantes y que produce cada año cinco millones de piñas.
Sin embargo, el enérgico abogado de 49 años, que con 22 entró en política, es hoy un mandatario sobre el que recaen sospechas de fraude electoral y acosado por la corrupción y el narcotráfico. El presidente del congreso, de su partido, ha sido acusado de apropiarse de fondos destinados a organizaciones no gubernamentales y al jefe de la policía está señalado por encubrir el envío de una tonelada de cocaína.
“Soy Juan Orlando Hernandez y estoy listo para darlo todo por honduras, por mi pueblo, por todos…el trabajo lo vence todo”, terminó gritando mientras agitaba el puño a la multitud que lo aplaudía. Mientras esto ocurría una batalla campal entre policías y manifestantes se libraba en las calles de Tegucigalpa.
El giro autoritario de Juan Orlando
En los últimos años el mandatario hondureño ha ido apropiándose de las instituciones hasta lograr una polémica reelección que estaba prohibida por la Constitución. A ello suma el control del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y hasta del Defensor del pueblo. La única institución que se escapaba a su control es la Misión de Apoyo Contra la Corrupción (Maccih), creada a imagen y semejanza de la Cicig de Guatemala y el primer intento de la OEA por combatir la impunidad.
Sin embargo una reciente reforma ha dejado a la comisión sin competencias para investigar casos de corrupción de los últimos 12 años. Conocido como el “pacto de impunidad”, gracias a ello cinco diputados señalados de quedarse con dinero público fueron liberados y se suspendió otra investigación en curso que implicaba a otros 60 diputados, incluido el presidente del Congreso, acusados de quedarse con millonarios recursos dedicados a proyectos sociales.
Con esta reforma tampoco podrán investigarse escándalos como el que afecta a la compra de medicinas por el Seguro Social o los sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios de los gobiernos de Zelaya, Roberto Micheletti o Porfirio Lobo.
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