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ANÁLISIS

Egipto: nada que celebrar

Siete años tras la revolución, los indicadores políticos y democráticos del país árabe empeoran

Manifestación en la plaza Tahrir de El Cairo en 2012, en protesta por la condena a cadena perpetua y la no condena a muerte del depuesto presidente, Hosni Mubarak, por la represión durante las manifestaciones.
Manifestación en la plaza Tahrir de El Cairo en 2012, en protesta por la condena a cadena perpetua y la no condena a muerte del depuesto presidente, Hosni Mubarak, por la represión durante las manifestaciones. Reuters

Este jueves, 25 de enero de 2018, se cumple el séptimo aniversario de la Revolución egipcia, momento clave de la llamada primavera árabe que se inició en Túnez y se contagió a otros países vecinos dando la impresión de que, por fin, algo se movía en el mundo árabe. Un movimiento espontáneo, colectivo y desordenado, formado por una gran variedad de actores políticos y sociales, acabó con el régimen de Mubarak que ya duraba 30 años. Parecía que se iniciaba una nueva era y sin embargo, poco hay que añadir sobre estos sietes años en los que el gigante árabe no solo no ha mejorado su situación, sino que parecen haber empeorado todos los indicadores, especialmente a nivel político y de garantías democráticas.

A día de hoy, apenas existe una oposición: los políticos islamistas están encarcelados o han huido del país y la organización de los Hermanos Musulmanes, un grupo islamista con 90 años de historia y una amplia base social, ha sido convertida en “organización terrorista”. Pero también decenas de periodistas, jóvenes activistas y militantes de ideologías diversas han sido detenidos y encarcelados desde el golpe militar liderado por el mariscal Abdelfatá al Sisi que acabó, en julio de 2013, con la presidencia del islamista Mohamed Morsi, democráticamente elegido tras la revolución.

El Ejército egipcio siempre ha gozado de privilegios económicos y autonomía, pero en aquel momento, al tomar el control, las Fuerzas Armadas se cuidaron mucho de imponer ciertas reformas que blindaban constitucionalmente los privilegios de la institución militar: se convertía prácticamente en un actor político, un poder autónomo en la sombra y, sobre todo, conseguía el control sobre el presupuesto militar. El mariscal se dotaba así de una Constitución en la que el Ejército ganaba protagonismo, situaba el presupuesto militar fuera de toda inspección parlamentaria, protegía todavía más el enorme complejo industrial, comercial y financiero de las Fuerzas Armadas (un actor central en la vida económica nacional) y obtenía el derecho de veto sobre nombramientos clave.

En realidad, todo marcha según lo planeado: el presidente Al Sisi presentó el pasado viernes su candidatura oficial para las próximas elecciones presidenciales que deben celebrarse a finales de marzo de este año sin olvidarse, por supuesto, de arrestar al ex jefe del Estado Mayor Egipcio, Sami Annan, que había manifestado su interés por participar también en la convocatoria electoral.

Otras personalidades que planeaban concurrir a las elecciones han sido presionadas para retirar sus candidaturas (como el ex primer ministro Ahmed Shafiq o el célebre abogado Jaled Ali, que probablemente no podrá tampoco participar debido a ciertos obstáculos legales). Algunos observadores concluyen que el Gobierno permitirá la concurrencia de uno o dos candidatos que no constituyan verdaderos rivales para Al Sisi, que no tengan base social ni apoyo en el Ejército, y que el presidente será reelegido. Desgraciadamente, la celebración de nuevas elecciones en Egipto no es motivo de alegría sino, más bien, un espectáculo que demuestra que poco ha cambiado en el panorama político y si lo ha hecho ha sido, sin duda, a peor. 

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