Sobre el francotirador

Las fuerzas de seguridad de Venezuela acabaron con la vida del piloto Óscar Perez y seis de sus compañeros. Una especie de ejecución en vivo y en directo por más de 10 horas en las que durante espacios muy largos de tiempo no se sabía de la suerte de Pérez. Lo ha dicho claramente el director de HRW, José Miguel Vivanco, al recordar que "durante las dictaduras en Argentina y Chile aparecían frecuentemente noticias sobre terroristas muertos en enfrentamientos y muchas veces se trataba de ajusticiamientos."

Lo ocurrido en la Parroquia El Junquito fue un ajusticiamiento e involucró a 150 agentes en esa misma estrategia de uso de la fuerza sin límite que le ha resultado exitosa a Nicolás Maduro año tras año para reprimir manifestaciones y seguir encarcelando a opositores, mientras aumenta el número de personas que viven en la mendicidad y no hay forma de curar las dolencias ni atender siquiera los partos.

Las instituciones no existen. La Declaración de Lima que condenó la ruptura del orden democrático en Venezuela ha terminado por ser solo eso, una declaración que es burlada en cada elección con ropaje de legitimidad.

Varios medios de comunicación del mundo se han volcado a tratar de entender la realidad venezolana. El New York Times lo reconoce como el de las mayores y probadas reservas de petróleo en el mundo, cuya economía, sin embargo, colapsó. Visitaron la nación bolivariana y luego de hacer un rastreo en 21 hospitales constataron cómo aumenta sin control la cifra de niños con malnutrición severa y cientos de esos pequeños mueren. Comprobaron que no es una ficción creada por la oposición del mundo frente al régimen de Maduro.

Colombia lo vive en su frontera con Venezuela a diario. En el último año el flujo migratorio creció en 101 por ciento. Ya hay 550 mil venezolanos en Colombia con vocación de permanencia. Un millón trescientos mil tienen tarjeta de movilidad y el mayor porcentaje son jóvenes entre los 18 y los 30 años. Los que entran y salen por los pasos fronterizos son otro grupo de unas 80 mil personas diarias, con hambre, buscando trabajo, en lo que sea y por lo que sea. Los albergues humanitarios están siendo considerados en tres lugares de la frontera. En varias ciudades la Iglesia trabaja para ofrecer alimentación en hogares comunitarios.

Pero todo eso ya se sabe y bien vale repetirlo una y otra vez porque la situación humanitaria será la única que obligue a tomar decisiones en esa nación.

El pasado 2 de enero Ricardo Haussman puso el dedo en la llaga y por lo pronto abre un debate que es políticamente incorrecto pero necesario de dar. Haussman no sólo mostró la corrupción en uniformes verdes y cómo incluso es más repetida y descarada que la de Filipinas de Rodrigo Duterte en lo que a ejecuciones extrajudiciales se refiere, sino que se atrevió a plantear como solución que la Asamblea Nacional destituya a Maduro y a Tarek El Aissami, nombrando a un nuevo Gobierno que reciba ayuda militar de una coalición de países para liberar a Venezuela sin necesidad de un permiso de Naciones Unidas pues, en su opinión, se trataría de una invitación para defender la constitución y no la intervención militar en un país.

Por su parte la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist plantea un escenario en el que las dificultades en el sector petrolero con la respectiva disminución de divisas termine por provocar que los patrocinadores del régimen disminuyan su apoyo a Maduro y se empiecen a afectar las arcas de donde alimentan los bolsillos los militares, hoy apoderados de más de la mitad de los ministerios. Para que entonces sean los mismos militares quienes expulsen a Maduro y convoquen a elecciones, luego de hacerse ellos al poder por un tiempo, con lo que el escenario sería el de una transición militar.

Habría que saber a cuál de estos escenarios estaría dispuesta la oposición: un nuevo Gobierno que solicita apoyo militar extranjero o esperar a que los militares internos actúen en contra del régimen que hoy los favorece. Es posible que prefieran encontrar una salida en el diálogo en la Mesa de la Unidad Democrática en República Dominicana, pero lleva demasiado tiempo sin lograr siquiera unos mínimos consensos. Tampoco las sanciones económicas históricamente fracasadas como mecanismos de presión para el cambio, prometen ayudar a los compatriotas del otro lado de la frontera.