La Justicia obliga a Trump a aceptar a los transgénero en el Ejército

La Justicia dio este lunes un sonoro revés al veto de Donald Trump que impedía la entrada de transgéneros en el Ejército. Un juez federal de Washington ordenó a las Fuerzas Armadas a aceptar, a partir del 1 de enero, solicitudes de ingreso de personas transgénero. En paralelo, el Pentágono anunció que cumplirá ese calendario y que los solicitantes deberán superar un exhaustivo número de requisitos, muy similares a los fijados por el anterior Gobierno de Barack Obama.

El republicano Trump acabó el pasado julio con la directiva del demócrata Obama de permitir a ese colectivo servir abiertamente en el Ejército. En un mensaje en Twitter, anunció que el Gobierno federal “no aceptará o permitirá” a personas transgénero servir “en cualquier capacidad” en el Ejército. Un mes después, lo cristalizó en un decreto y dio seis meses al Pentágono para decidir sobre los transgénero que ya sirven en las Fuerzas Armadas.

Organizaciones sociales demandaron rápidamente en los tribunales la prohibición del presidente y dos jueces federales de distrito les dieron la razón.

La juez Colleen Kollar-Kotelly había considerado en octubre, en un fallo preliminar, que la prohibición probablemente violaba el principio de igualdad bajo la Constitución y había pedido anularla el próximo 1 de enero. La Administración de Trump quería mantener el veto en vigor mientras recurría ese fallo en los tribunales de apelación, pero la magistrada denegó este lunes esa posibilidad. En paralelo, un juez federal de Baltimore también falló en noviembre que, una vez la orden entre en vigor, el Gobierno no puede negar fondos para el tratamiento de reasignación de género.

El Pentágono anunció en junio de 2016 que las personas transgénero podrían servir abiertamente en las filas del Ejército y que se crearía un programa para llevar a cabo y costear la transición de género para los militares que lo solicitaran. Fue la culminación de las medidas de Obama para acabar con las normas que propiciaban que los militares ocultaran su identidad sexual por miedo a ser castigados o vejados. En 2010, la Administración demócrata había permitido que los homosexuales sirvieran en el Ejército.

De forma inmediata, los militares “solamente por ser individuos transgénero” ya no podían ser “involuntariamente separados, despedidos o que les negara realistamiento o continuación de su servicio”. A partir del 1 de octubre de 2016, los uniformados que lo desearan empezaron a poder recibir tratamiento médico para su reasignación de sexo. Y a partir de julio de 2017, se aceptarían las peticiones de entrada al Ejército de personas transgéneros que llevaran al menos 18 meses “estables” con su nuevo género y que debían superar los mismos requisitos físicos y mentales que el resto de solicitantes.

Sin embargo, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, el pasado enero, el secretario de Defensa, Jim Mattis, decidió posponer seis meses esa última fase. Y en julio, Trump revirtió por completo el proceso de acceso a transgénero y de financiación de la transición de género. “Nuestros militares deben estar centrados en la victoria y no pueden cargar con los tremendos costes médicos y la alteración que los transgéneros supondrán en el Ejército”, esgrimió entonces.

Se estima que hay hasta 13.000 militares transgéneros en activo, lo que supone menos del 1% del total, según varios estudios. Las organizaciones de apoyo a los transgénero calculan que el coste del tratamiento de reasignación de género a militares costaría entre 2,4 y 8,4 millones de dólares al año, comparado con los 41 millones que gastó el Departamento de Defensa en 2014 en el fármaco para mejorar la actividad sexual.