Una campaña de expulsión a los inmigrantes rurales sacude Pekín

En la barriada de Xinjian, donde acaba la inmensa mole urbana de Pekín y empieza por fin el campo, ya solo habla el viento. A ráfagas, entre las callejas abandonadas, hace deslizarse un cuaderno de escritura, una lata vacía, pequeños testimonios de lo que fue la vida cotidiana. En una pared a medio derruir aún pende una guirnalda, anuncio de una Navidad que ya no llegará a esta zona. Una zapatilla sin pareja en medio de la calle, una papelera rosa con dibujos de Cenicienta abandonada junto a un portal, un colchón de bebé pisoteado, todo habla de una huida precipitada. De esas que solo ocurren en caso de guerra o de catástrofe natural. El éxodo de Xinjian llegó por una orden de desalojo del Ayuntamiento de Pekín, que la semana pasada dio a sus habitantes, casi todos inmigrantes llegados de zonas rurales de provincias del interior de China, apenas tres días para recoger sus cosas y marcharse, pese a las temperaturas bajo cero y aunque no tuvieran a dónde o cómo irse. Largarse y punto, mientras las excavadoras ya se ponían manos a la obra.

El detonante fue un incendio, el 18 de noviembre, en un edificio de Xinjian en el que murieron 20 personas, entre ellas siete niños, supuestamente todos ellos inmigrantes. Como consecuencia, las autoridades municipales de Pekín, encabezadas por el ambicioso líder local del Partido Comunista, Cai Qi, aceleraron su plan de demolición de “construcciones ilegales”. Los críticos de la iniciativa denuncian que, más que la seguridad, el objetivo es impulsar otra campaña de derribo de estructuras ilegales o peligrosas en marcha desde hace meses y que, con el argumento de impedir que la población de Pekín crezca hasta límites intolerables, está expulsando a los inmigrantes considerados “de baja calidad”.

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“En menos de 72 horas el barrio se quedó vacío. Donde yo vivía ahora solo quedamos tres familias, que estamos recogiendo las cosas para irnos”, se lamenta una inmigrante de la provincia de Hunan, en el centro de China, que no quiere dar su nombre. “He perdido mi trabajo en una de las fábricas de este barrio y, como ellos también tuvieron que cerrar de un día para otro, no me han pagado el sueldo de este mes. No tengo dinero ni para un alquiler en otro sitio ni para el billete de vuelta a mi pueblo. No sé qué vamos a hacer”.

Es una escena que desde la semana pasada se ha repetido en muchas más barriadas de la capital china y ha afectado a decenas de miles de personas sin hukou de Pekín, el preciado permiso de residencia interno que da acceso a servicios como la sanidad o la educación. Para obligarles a desalojar, en muchos casos las autoridades cortaron la luz y el agua a manzanas enteras.

Las drásticas expulsiones de los inmigrantes rurales en pleno invierno han suscitado una fuerte reacción ciudadana. Las críticas se han multiplicado en Internet acerca del mal trato a aquellos que con su trabajo han contribuido a construir la Pekín actual. Vecinos de clase media se han desplazado a las barriadas a ofrecer ayuda a los desalojados. Un centenar de intelectuales han escrito una carta de protesta. En una misiva manuscrita distribuida a través de las redes sociales, el célebre jurista liberal He Weifang ha denunciado que los derribos representan “una gigantesca sátira de los valores intrínsecos” del socialismo.

Hasta tal punto se han elevado las protestas, que los censores han eliminado en Internet el uso de la expresión “gente de bajo nivel”, empleado hasta ahora por las autoridades para referirse a los inmigrantes de pocos ingresos.

Se calcula que los habitantes de la capital rondan los 21,7 millones, que congestionan las carreteras, los servicios sanitarios y de educación y agotan de modo alarmante las reservas de agua disponibles. Más de un tercio, 8 millones —el equivalente a Cataluña—, son inmigrantes rurales. El Ayuntamiento se ha fijado un techo de 23 millones de vecinos a partir de 2020. Dentro de estos planes, quiere reducir en medio millón la población de los suburbios donde viven los inmigrantes menos cualificados.

Se calcula que los habitantes de la capital china rondan los 21,7 millones, 8 millones de ellos son inmigrantes rurales

“No me quejo del todo. Peor lo han tenido los que murieron en el incendio”, declara otra residente de 45 años, originaria de la provincia de Hubei y que apura las últimas horas en su hogar de los últimos siete años. “Hemos llevado lo que hemos podido a casa de unos familiares; el resto, lo hemos tenido que malvender. Ahora tendremos que empezar de cero y buscar otro trabajo. Si no, tocará volver al campo, a Hubei”.

Cai Qi, líder del PCCh de Pekín, ha negado que la campaña esté dirigida contra este grupo de población e insiste en que se trata de una medida de seguridad ciudadana. “Garantizar la seguridad y la estabilidad de la capital debe ser nuestra principal tarea política”, ha dicho. Aunque también ha ordenado que se den más días de plazo para completar los desalojos.

“El Gobierno ve a la gente de pocos ingresos, sobre todo los inmigrantes rurales, como un problema, pero no les ayuda a resolver sus problemas de alojamiento. Es la actitud del Gobierno chino hacia esta gente de pocos ingresos, como si el Partido Comunista no quisiera que la gente recordara que quienes construyeron el régimen fueron campesinos y trabajadores”, comenta Patrick Poon, investigador para China de Amnistía Internacional.

Hasta los medios oficiales han sido relativa y sorprendentemente críticos: según publicaba esta semana el periódico China Daily, “tenemos que ver la dura realidad de que los residentes no locales, de bajos ingresos, que han inmigrado de las áreas rurales para encontrar trabajo, raras veces reciben el respeto que desean por hacer de las ciudades mejores sitios para vivir”. “En su lugar, es más frecuente que muchos les vean como prescindibles, o hasta indeseables”.