La violencia, el estigma eterno de San Pedro Sula

La violencia es algo tan cotidiano para Elena que cuando se le pregunta desde cuándo tiene constancia de ella, pone cara de haber escuchado una tontería. Y se ríe: “Desde siempre”. A los seis años su madre la libró de un tiroteo enfrente de su casa, mientras ella jugaba con la pelota. En el colegio, nadie le hablaba porque sus primos eran líderes de una pandilla y, claro, a saber qué les podía hacer una niña de 12 años. Todavía ahora, en la universidad, cuando sus compañeros se enteran de cuál es su barrio, piensan: “Uyyyy….”. Y aunque se lo toma a guasa, esta joven de 21 años apasionada del breakdance y el hip hop, admite que vive con una máxima: “Oír, ver y callar”.

Elena habla de su relación con la violencia con una naturalidad que abruma. La misma también con la que pide ocultar su identidad y no fotografiarse; con la que explica que lo mejor es que se la espere a la entrada del barrio para no levantar sospechas “con ellos” o con la que disuade a su vecino, incómodo por la presencia de desconocidos. “Le dije que venían a hacerme un reportaje sobre mis bailes”, explica con una sonrisa pícara con la que acompaña una recomendación: “Yo les acompaño también hasta la salida, es mejor”.

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Chamelecón es un barrio humilde de San Pedro Sula controlado por dos pandillas, la Mara Salvatrucha (MS) y la 18. “Esto es como los Juegos del Hambre, o te unes o mueres”, asegura Elena, junto a sus seis hermanos varones de los pocos jóvenes que no pertenecen a una banda. Pero no formar parte no implica absolutamente nada en un lugar donde los eufemismos explican tanto como tratan de ocultar. “Es raro, no pertenecemos, pero somos MS”, dice para aclarar quién controla su zona. ‘Ser MS’ implica que no podrá visitar a su hermano, aunque viva en el mismo barrio. Aunque en territorio de la 18, así que reunirse allí puede costarles la vida si alguien sospecha que llevan información de un lado a otro. No les queda otro remedio que verse en el centro de la ciudad.

San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras y la capital administrativa, no logra sacudirse el ‘apellido’ que se ha granjeado en la última década: la capital más violenta del mundo,  en un país que se ha afianzado como uno de los corredores de la droga que, desde Colombia, transita hacia México y Estados Unidos, y que se ha visto desangrado por el enfrentamiento entre las pandillas, en cuyas filas hay cada vez más integrantes —voluntarios o forzosos—. En 2014, la localidad registró una tasa de 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las cifras han sufrido una drástica caída en dos años –hasta llegar a los 59 homicidios en 2016-- debido a factores como el refuerzo de los programas sociales, una mayor inversión en seguridad, el aumento del padrón y también a la disminución de los conflictos entre la policía y las pandillas. Pero aún así, el estigma pervive. San Pedro es una ciudad menos violenta, pero un lugar por cuyas calles la gente no quiere pasear; en el que el tema de conversación desemboca tarde o temprano en la violencia y donde más del 90% de los establecimientos paga extorsiones. Dista de ser seguro.

La desconfianza es el modus vivendi de muchos sanpedreanos. Las tortuosas llamadas de los bancos ofreciendo inmejorables servicios se cortaban cuando el subcomisario Moisés Amado explicaba dónde trabajaba. Hace poco más de un año fue trasladado a la posta policial de la Rivera Hernández, uno de los epicentros del crimen y la violencia en América Latina.

“Se escuchan tantas cosas… Yo creo que se ha maximizado la violencia”, trata de apaciguar el jefe policial, un tipo fornido parapetado tras un chaleco antibalas que termina la mayoría de sus frases con la inquietante coletilla de: “¿Verdad?”. Esta tarde de viernes de noviembre está al mando de los agentes de la zona. Muchos han tenido que reforzar la seguridad del partido entre Honduras y Australia, el primero de la repesca para conseguir una plaza en el Mundial de Rusia, que finalmente lograrían los ‘socceroos’. Un encuentro marcado por la suma de esperpentos que la prensa australiana ‘dedicó’ a su rival, llegando a decir que su equipo jugaría en una ciudad que era, en realidad, un cementerio. La desazón del empate sin goles contrastaba con la satisfacción del mando policial de la Rivera Hernández por sumar un día más sin muertos en la zona: 26. Una racha inusual: el anterior récord era de nueve días.

La Rivera está formada por 189 colonias donde viven algo más de 200.000 personas. En ella operan 154 policías, cuando “lo ideal serían al menos 650”, admite la agente Gloria Blanco, que llegó al barrio, su primer destino tras graduarse con 19 años, un domingo de febrero de 2014. “Te van a matar”, recuerda que le decían con sorna algunos. Bromas, las justas: a los dos días, dos compañeros suyos fueron asesinados. Ahora, Blanco celebra que la policía puede acceder a todas las colonias. “Aunque nunca puedes bajar la guardia”, asume casi al unísono con su superior. “Quien menos lo creas, un niño de 12 años, por ejemplo, puede estar dando información a los grupos”, comenta el subcomisario.

Los grupos, “los antisociales” como los llama a veces Amado –otra vez los eufemismos--, son, en su mayoría, la MS y la 18, en permanente guerra por los territorios. De los primeros, apenas se limitan a decir que son más organizados y que no les gusta montar revuelo. No al menos ahora. La tibieza con la que se refieren a la Mara Salvatrucha esconde, para muchos, una suerte de pacto con los líderes y revela una estructura compleja, que implica según los expertos a políticos, policías y empresarios. El lenguaje cambia al hablar de la 18. “Son más sanguinarios, más violentos, ellos se dedican al sicariato, son con los que tenemos más enfrentamientos”, añade.

Durante más de tres horas, los agentes hacen una ronda improvisada por algunos lugares de las colonias. Casi no hay luz, la lluvia de los últimos días ha embarrado muchos de los caminos de tierra por los que apenas transitan vehículos. Al llegar al sector Planeta, territorio de la 18 y uno de los más conflictivos, el paso de las camionetas con agentes fuertemente armados en la parte trasera se cruza con las miradas de extrañeza y desconfianza por la ronda policial. También hay indiferencia. O saben que no va a ocurrir nada o saben que es mejor que no ocurra nada. La tensión de quien no conoce la zona contrasta con la tranquilidad del subcomisario, que asoma el brazo por fuera de la ventana como quien está en un paseo turístico. “¿Ve? La gente está en la calle, festeja, hacen su vida normal”, trata de convencer, con tan poco interés, que resulta artificial su discurso.

Los trabajos en las comunidades por organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con el apoyo económico Estados Unidos a través de USAID, han contribuido a rebajar los índices de violencia. Otro de los motivos es un cambio de paradigma en la policía, que trata de recuperar la confianza bajo la permanente sombra de la corrupción. “Ahora vienen con una mentalidad de servir, no de golpear o de atacar al ciudadano. Más que todo se trata de prevención”, se sincera la agente Blanco, ante la notable incomodidad del subcomisario Amado.

Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, señala que la reducción de la violencia también tiene que ver con el ingente desembolso económico del Gobierno de Honduras. El año pasado, presupuestó 15.000 millones de lempiras (algo más de 620 millones de dólares, unos 528 millones de euros) para combatir el crimen organizado y la prevención en materia de seguridad. “Que tan compensado sea no está tan claro”, asegura Hernández. Esta no es la única crítica que pesa al respecto sobre el presidente, Juan Orlando Hernández, que este domingo busca convertirse en el primer mandatario en ser reelegido en Honduras. La creación de una policía militar es para muchos un retroceso en el proceso de desmilitarización de la sociedad, que ve con recelo el avance de esta fuerza, a la par que la depuración en el seno de la policía no cesa. En menos de un año han sido expulsados 4.500 de unos 14.000.

Más allá de los datos sobre homicidios, si algo parece imposible de eliminar es la percepción de inseguridad en San Pedro. A ello contribuye un tabú: la extorsión. Nadie habla de ello pero todos lo sufren. Ramón Barrios, profesor de Derecho de la UNAH y abogado, asegura que algunas de las compañías telefónicas a las que asesora tienen dentro de su departamento de contabilidad asignaciones destinadas al pago de extorsiones. “En el transporte mueven un millón de dólares mensuales solo en San Pedro. Y ese dinero se lava en los bancos, así que, ¿cómo es posible que las autoridades no lo sepan?”.

Oneida Pastrana ilustra el miedo con el que se convive en San Pedro Sula. Lleva más de 20 de su 46 años vendiendo carne asada en distintos barrios de la ciudad, forzada como ha estado a desplazarse de un lugar a otro. Habla de los múltiples asaltos y amenazas que ha sufrido con resignación: “Nunca me he sobrepasado a sus leyes. Si usted es un delincuente y viene a hacerme daño, seré obediente. He tenido la sabiduría necesaria para poder sobrevivir”.