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COLUMNA

Sobredosis global

No hay un solo dato que implique que los Gobiernos, demócratas o republicanos, liberales o conservadores, hayan logrado avances para disminuir el consumo de drogas

Imposible no sucumbir a la tentación de aprovechar la sobredosis de opiáceos en la población norteamericana para cobrarles a los Estados Unidos la corresponsabilidad en la lucha contra las drogas que ha puesto a Colombia en la mira de la DEA, del Departamento de Estado y de la construcción de una matriz política de oposición muy eficiente para dañar los procesos de reincorporación posacuerdos con las FARC.

Lo que debería ser un propósito de nación en Colombia para sacar a los cultivadores de coca de la ilegalidad, a los campesinos más vulnerables y quitárselos a los narcotraficantes para siempre, ha resultado tener una reacción pervertida. A pocos parece dolerles que asesinen a tiros a un niño de 7 años, hijo de un jíbaro, en cualquier calle de Bogotá. Solo quienes han vivido la tragedia de un adicto, quienes tienen en la vida una vocación sin falsa modestia ni soberbia en la lengua, son capaces de entender y sacrificar unos votos para enfrentarse a una pelea que está pérdida por ahora.

En Estados Unidos hoy nadie puede decir y no debería hacerlo, que uno u otro es responsable de lo que está pasando. No es una responsabilidad única de Trump aunque haya incumplido la promesa de liberar rápido los recursos para enfrentar la que han llamado la epidemia de los opiáceos. Si de culpables se trata habría que buscarlos incluso de antes de la declaratoria de Guerra contra las drogas de Richard Nixon en 1971.

Con la nueva decisión, Trump garantizará los recursos e incluso anunció medidas que van hasta la fabricación de analgésicos no adictivos, pues el problema en Estados Unidos, por encima de la asquerosa cocaína, es el consumo de medicamentos recetados por ese enorme cartel de traficantes y médicos más los que prefieren el fentanyl y la heroína, 50 veces más potentes que la morfina.

Los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, sin excepción, mostraron en las horas previas a que la crisis de los opiáceos terminara en la declaratoria de la emergencia de salud pública de Trump, una realidad que es obligatorio reconocer. Fracasamos. No hay un solo dato que implique que los Gobiernos, demócratas o republicanos, liberales o conservadores, hayan logrado el más mínimo avance para disminuir el consumo y por lo tanto la adicción y muerte de sus habitantes. No hay ideología que explique, no hay más que negocio y la condición humana.

Según datos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos publicados por The New YOrk Times, 52.404 personas murieron en 2015, un promedio de 145 personas cada día, alcanzando los niveles de los muertos por Sida. Y no es como piensan muchos, que ha sido siempre así. No. Una cosa es que el uso de sustancias sicoactivas haya ido de la mano con los humanos desde el principio de los tiempos, y otra que la tasa de mortalidad en un país por sobredosis esté en 16 por cada 100 mil habitantes mientas en 1999 era de 6, que en el mundo anualmente 200 mil personas mueran por las drogas y además haga parte de un mercado criminal que deja a su vez miles de muertos por la violencia.

Nada ha funcionado, y no parece que vaya a funcionar. Ya ni siquiera la ecuación de demanda y oferta explica lo suficiente. Las campañas no tienen mayores repercusiones. Ni el “Solo Di No” de Nancy Reagan, ni La Mata que Mata en Colombia, para mencionar las más sonoras. Tampoco hay mucha fe en el anuncio de una campaña masiva preventiva para que los jóvenes no caigan. Desde los 12 años en la mayoría de los estudios ya han probado algún licor o droga, sin que como demuestra un informe de la revista Time haya servido una inversión de 1 billón de dólares, en campañas preventivas, entre 1998 y 2004. Incluso han ocasionado un efecto involuntario de probarlas cuando las mismas apelan al miedo o al castigo.

No hemos encontrado modelos de prevención exitosos y la cura de la adicción está lejos de ser una realidad científicamente por los casos también contabilizados de reincidencia. Los expertos son optimistas en lograr la reducción de muertes por abuso de medicamentos recetados pero el consumo de los ilegales aumentará incluso a un promedio de 70 mil muertos para 2025.

La Comisión Global de Política de Drogas presentó hace menos de un año la propuesta de una reforma de la política de drogas, un enfoque para la descriminalización que tiene tan aterradas a las autoridades colombianas, y plantea los efectos negativos de la erradicación forzada y el necesario paso a la regulación del mercado de las drogas. Llevan más de 5 años presentando evidencias sobre la urgencia de implementar masivamente las terapias de sustitución de opioides. Han entregado cifras irrebatibles del fracaso de las políticas que hemos usado en el mundo.

Es posible probar, así sea temporalmente, cambios en el paradigma punitivo por el de salud pública como en Portugal o la descriminalización del cannabis en California y el ahorro para el sistema de justicia. Y aún más a fondo, las alternativas para los que llama la Comisión los actores de bajo nivel en el tráfico de drogas, como los cultivadores de cultivos ilícitos para quienes la única y gradual solución para que sea sostenible y no un arreglo que los mantenga en una seudomarginación social, debe ser la inversión de largo plazo en desarrollo transversal.

Pero nadie atiende. El negocio debe ser demasiado importante para los diversos Estados, debe ganar mucha gente, debe financiar demasiados procesos electorales, y debe ser que no les importan todos esos muertos, unos 100, mínimo, adicionales a los de ayer, hombres, mujeres y niños, mientras se publica esta columna para que no decidan intentar otras vías.

La vía hoy es la que plantea la Comisión, regular el mercado de drogas porque bien han explicado que el modelo de descriminalizar por sí solo deja en un mundo aún peor al adicto.