La Audiencia Nacional rechaza investigar las torturas al español Goicoechea, preso de Maduro

Días agridulces para la oposición venezolana en España. La concesión del premio Sájarov ha venido acompañada de la negativa de la Audiencia Nacional a investigar la detención de Yon Goicoechea, el más conocido de los presos políticos españoles en las cárceles de Maduro, al que el Parlamento europeo califica expresamente de “preso político”. El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por Rosaura Valentini, la esposa de Goicoechea, quien presentó una querella contra altos cargos del Gobierno y el Poder Judicial venezolanos por los presuntos delitos de detención ilegal, tortura y contra la integridad moral de su marido.

Goicoechea, dirigente del partido de Leopoldo López. fue detenido el 29 de agosto de 2016 y encarcelado en El Helicoide, la sede del servicio secreto bolivariano, supuestamente acusado de posesión de cordón detonante de explosivos. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU dictaminó el pasado 24 de abril que su detención fue ilegal y exigió su inmediata puesta en libertad. El juez ordenó su libertad provisional y el fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa abierta contra él, pero sigue entre rejas.

En su auto, la Audiencia Nacional admite que Goicoechea tiene nacionalidad española –nieto de vascos y canarios, el Gobierno español se la concedió el 23 de diciembre de 2016—y que el delito de tortura está incluido entre los perseguibles fuera de territorio español. Alega, sin embargo, que la reforma de la justicia universal de 2014 obliga a que los imputados estén “en territorio español”. Para la Sala no hay duda de que este requisito rige también para la persecución de la tortura, a pesar de que los tratados internacionales suscritos por España obligan a no dejarla impune. Se da la circunstancia de que esta reforma fue aprobada por el Gobierno del PP para contentar a China, irritada por la causa abierta en la Audiencia Nacional por la ocupación del Tibet, que acabó siendo archivada.

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Consciente de las limitaciones impuestas por la ley, la esposa de Goicoechea había pedido que se iniciara la investigación y solo más adelante, cuando se produjera la imputación formal de los acusados, se exigiera su presencia en suelo español. De otro modo, alegaba, se vulneraba el derecho a la tutela judicial de un ciudadano español. Al contrario que en otros casos similares, el fiscal se sumó al recurso contra el archivo del caso por parte del juez de instrucción.

El rechazo de la Audiencia Nacional ha caído como un jarro de agua fría sobre la oposición venezolana en España. Los abogados de Valentini han expresado su intención de agotar la vía judicial, llevando el caso hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si es necesario. Será la primera vez que tenga que pronunciarse sobre la falta de tutela de la Justicia española hacia un Premio Sájarov.