Presos políticos españoles en las cárceles de Maduro

David Vallenilla, estudiante de enfermería de 22 años, fue asesinado el pasado 22 de junio cuando participaba en una protesta junto a la base militar de La Carlota, en Caracas. Resultó alcanzado en el pecho por tres disparos efectuados a corta distancia por un agente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada). Días después de su muerte, la madre de Vallenilla comunicó a la Embajada de España en Caracas que el joven tenía nacionalidad española. Vallenilla sería la primera víctima española de las protestas contra Maduro iniciadas en abril pasado, con un saldo provisional de más de un centenar de muertos y 2.000 heridos.

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En Venezuela viven unos 200.000 españoles, la mayoría con doble nacionalidad, que comparten con el resto de venezolanos las penurias causadas por el colapso económico y la represión con la que el régimen intenta acallar un descontento cada vez más amplio. Ya hay 431 presos políticos, seis veces más que hace un año, según la ONG Foro Penal Venezolano; entre ellos, al menos media decena de españoles, así como unos 30 europeos. La Embajada española en Caracas sigue de cerca estos casos y les presta apoyo consular, aunque el aumento de las detenciones haga difícil llevar un registro completo y actualizado, según fuentes diplomáticas.

El más conocido de los presos políticos españoles es Yon Goicoechea. Nieto de vascos y canarios, de 32 años, fue uno de los líderes del movimiento estudiantil que propició la única derrota electoral de Chávez: el referéndum constitucional de 2007. Tras estudiar en Estados Unidos, regresó a Venezuela en 2016. El 29 de agosto de ese año su coche fue interceptado por un grupo de hombres armados. Durante 56 horas estuvo en paradero desconocido y las autoridades negaron toda información a su familia, pese a que uno de los pesos pesados del régimen, Diosdado Cabello, dijo públicamente que había sido detenido con explosivos.

Finalmente, fue llevado al juez y encarcelado en la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política del régimen), en El Helicoide (Caracas), donde el pasado 21 de mayo le visitó el embajador español en Venezuela, Jesús Silva. El Gobierno español otorgó la nacionalidad a Goicoechea el 23 de diciembre de 2016, cuando ya estaba preso.

Años de encierro

Según su esposa, Rosaura Valentini, Yon comparte con otro recluso un habitáculo de 10 metros cuadrados, en pésimas condiciones higiénicas y donde no llega nunca la luz del sol. Solo sale dos horas semanales a una especie de patio y, aunque no ha sido torturado físicamente (asegura haber oído cómo lo eran otros detenidos), empieza a acusar los efectos de casi un año de encierro.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU dictaminó el 24 abril que la detención de Goicoechea fue ilegal, por lo que instó a que fuera inmediatamente puesto en libertad e indemnizado.

El 20 de octubre pasado, el tribunal acordó la libertad condicional de Goicoechea al haber transcurrido el plazo legal sin que el fiscal presentara acusación, pero esta orden nunca se cumplió. Finalmente, el pasado jueves el ministerio público pidió el sobreseimiento definitivo de la causa, por lo que no hay ninguna acusación contra él, pero sigue privado de libertad.

Goicoechea no es el único inquilino español de El Helicoide. Allí está presa también, desde agosto de 2015, Andrea González de León, una repostera de 31 años de origen canario. Fue arrestada sin orden judicial junto a su marido, Dani Abreu, acusada de conspirar para asesinar a la hija de Diosdado Cabello. La causa se basa en el testimonio de José Pérez Venta, autor confeso de la violación, muerte y descuartizamiento de Liana Hergueta y reconvertido en “patriota cooperador” del régimen.

Andrea era amiga de Liana y la ayudó a denunciar públicamente por estafa a quien sería su futuro asesino, por lo que su familia cree que Pérez Venta actúa por venganza. La salud de Andrea se ha deteriorado durante los dos años que lleva en prisión, donde en diciembre pasado se puso en huelga de hambre para reclamar un juicio que se ha aplazado una decena de veces con distintos pretextos.

También está en arresto domiciliario, tras pasar casi un año en la prisión Rodeo II, donde llegó a perder 65 kilos, Ignacio Porras Fernández, encargado de una lavandería en Chacao (Caracas) detenido en abril de 2014 supuestamente por dar apoyo a manifestantes. Hay más españoles privados de libertad. Nadie sabe exactamente cuántos.