EE UU levanta las sanciones que amenazaban al diario decano de Panamá

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha levantado las sanciones que amenazaban la supervivencia de La Estrella de Panamá, el periódico decano de ese país y uno de los más antiguos de América, y del periódico El Siglo, del mismo grupo editorial. La decisión llega después de que el accionista mayoritario de los diarios, Abdul Waked, incluido hace un año y medio en la llamada lista Clinton, propusiera transferir, "a título gratuito y como donación irrevocable" según señala la publicación, el 51% de la propiedad a la Fundación Publicando Historia. Los beneficios de esta entidad, de nueva creación, serán destinados en su totalidad a los periódicos.

Se cierra así un ciclo de 17 meses de zozobras con una recta final que hizo temer por la continuidad del grupo editorial. El pasado mes de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) había decidido no renovar la licencia que permitía a esos medios mantener relaciones comerciales con empresarios o ciudadanos estadounidenses. En un mercado dolarizado, ese veto suponía una espada de Damocles para cualquier operación.

La prohibición de trabajar con empresas que tienen presencia en el mercado estadounidense, que en Panamá abundan, tuvo efectos en la publicidad y en los ingresos. La falta de anunciantes hace peligrar la rutina de cualquier publicación tradicional. En este caso, repercutió en las ediciones del fin de semana y amenazó la viabilidad de los servicios contratados por esas empresas como la póliza de seguro de sus empleados.  En definitiva, las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tenían una “afectación gravísima”, según había explicado a EL PAÍS Eduardo Quirós, presidente del Grupo GESE, que edita los dos diarios.

La decisión había provocado turbulencias también en el ámbito político, ya que La Estrella de Panamá, fundado a mediados del siglo XIX como la publicación en inglés The Panama Star, es una de las instituciones del país. Por esta razón, se movilizaron las más altas instancias del Estado. La vicepresidenta y ministra de Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, había dirigido una carta al director de la OFAC, John Smith. “El Gobierno de Panamá desea instarle a que reconsidere la ampliación de las licencias para los periódicos”, escribió. “Si los términos [de la ampliación de la licencia] no son aceptables, le pedimos que considere proponer términos alternativos que permitan a los periódicos mantenerse abiertos, preservando no solo el sustento de las 240 familias que dependen del periódico, sino también la salvaguarda de la libertad de prensa en Panamá y la libertad de expresión”, proseguía. Caso cerrado. Esos medios seguirán funcionando.